Antes de dejar la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet actualizó su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Este informe recaba las investigaciones hechas por el organismo internacional desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.
Aunque en esta nueva actualización la oficina de Bachelet ha reportado «una disminución de las ejecuciones extrajudiciales«, pudieron documentar casos que involucraban a organismos de seguridad del Estado en asesinatos a civiles.
Esta instancia ha pedido al Gobierno venezolano en diferentes informes que desarticule las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) por ser el grupo que más viola los derechos humanos de los ciudadanos.
El organismo señala que según reportes, el miedo y el trauma desalientan a las personas a denunciar las violaciones sufridas, lo que da lugar a que no se registren los casos de ejecuciones extrajudiciales.
13 claves del informe
A continuación, 13 claves de la actualización del informe de Bachelet sobre Venezuela.
?Ejecuciones
▶️Tras algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y civiles armados, la Acnudh documentó seis casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a funcionarios policiales. Ocurrieron en barrios pobres de Caracas y Carora, en el estado Lara.
ONG relacionan críticas del gobierno a las Faes con investigaciones de la CPI
“En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte. Los relatos indican que estas operaciones se habrían llevado a cabo en pequeños grupos de alrededor de seis elementos de seguridad fuertemente armados, durante los cuales personas residentes, incluidos los familiares de las personas afectadas y menores, habrían sido intimidadas y no se habrían presentado órdenes de registro o arresto”, se lee en el informe, publicado este jueves 23 de junio, y que será presentado por Bachelet el próximo 29 de junio ante el Consejo de DDHH de la ONU.
▶️ Acnudh documentó la detención arbitraria de 13 personas, entre ellas dos mujeres, en operativos policiales realizados en Caracas, Apure y Táchira. La oficina garante de DDHH señaló que tiene registros de denuncias de detenciones en regímenes de comunicación. Familiares dijeron al organismo de ONU que no recibieron noticias del paradero de los detenidos hasta un mes después de la privación de libertad. Los detenidos habrían sido víctimas de torturas y tratos crueles.
▶️Denunciaron que los enfrentamientos entre grupos guerrilleros colombianos en la frontera del estado Apure, ocasionaron el desplazamiento de al menos 1.000 personas, entre ellas comunidades indígenas. “Expusieron a la población local a desapariciones forzadas, violencia basada en género y reclutamientos forzados”, dice.
? Torturas y malos tratos
▶️La oficina de Bachelet señala haber recibido denuncias de torturas y malos traros a 14 personas privadas de libertad en el periodo que abarca el informe. “La falta de investigaciones adecuadas sobre esas denuncias y de protección contra las represalias, según se reporta, ha desalentado a las víctimas a denunciar”, se lee.
Claves del informe de Bachelet y del por qué reitera que levanten sanciones a Venezuela
El organismo de ONU recalca que las confesiones o declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos deben ser excluidas de las pruebas en cualquier procedimiento. Cualquier denuncia de tales actos debe ser debidamente investigada y los responsables sancionados. El Acnudh siguió dando seguimiento a dos casos anteriores de desapariciones forzadas, observando progresos limitados en las investigaciones.
▶️En el informe señalan la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel, el 12 de octubre de 2021. La organización explicó que hay una investigación abierta sobre su muerte.
“Todas las muertes durante la detención deben ser objeto de una investigación independiente, exhaustiva y oportuna. Las autoridades deben garantizar el acceso oportuno a una atención médica adecuada para todas las personas detenidas y considerar alternativas a la detención, incluidas las liberaciones por razones humanitarias de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, dicen.
⚖️Sobre el sistema judicial
▶️La oficina de Bachelet asegura que reconoce los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para reducir el uso de la detención, incluida la prisión preventiva. Según información oficial enviada a la Acnudh en 2021 se otorgaron 55 mil medidas alternativas de detención, 162 de ellas por razones humanitarias.
“La PNB y los centros preventivos de la Policía Estatal y Municipal informaron respectivamente en 2021 una disminución del 64% y el 59% en la población detenida”, se lee la actualización del informe.
▶️La oficina de Bachelet señala que existen desafíos para garantizar el derecho de todas las personas acusadas a la libertar y a un juicio justo y sin demoras indebidas.
Durante el periodo en el que se realizó el informe Acnudh documentó 35 violaciones de derecho a la libertad, incluyendo a seis mujeres.
“En el momento de redactar el presente informe, al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente. Las solicitudes de levantamiento de medidas coercitivas fueron denegadas o quedaron sin respuesta por parte de los jueces o juezas. Dichas solicitudes deben ser examinadas sin demora por las autoridades judiciales”, se lee.
▶️El Alto Comisionado observó retrasos en la aplicación de las ordenes de liberaciones de personas detenidas. Aseguran que al menos 9 personas fueron puestas en libertad tres meses después de haber tenido las ordenes de libertad.
El organismo internacional documentó al menos otros siete casos de personas detenidas cuya orden de liberación aún no se ha implementado. Acnudh pide que se aborden “urgentemente” estos casos, ya que la detención sin fundamento jurídico es arbitraria.
▶️ Aunque mencionaron la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, aseguraron que «los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes».
⚠️Criminalización a lideres sociales
▶️ A la oficina de Bachelet le preocupa la estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluidos los defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación que siguen siendo desacreditados en los medios de comunicación del Estado.
“El Acnudh documentó 71 casos, incluidas cinco mujeres, lo que representa un aumento con respecto al período del informe anterior. Desde 2019, el Acnudh documentó 46 casos de criminalización, incluidas ocho mujeres. Se levantaron los cargos penales en tres casos y se otorgaron medidas alternativas a la detención en 25 casos”, indican.
▶️La organización internacional señala que varios sindicalistas se siguen enfrentando a procesos penales con cargos como asociación criminal e incitación al odio, en realción con su trabajo legitimo. Acnudh documentó dos casos en los que los sindicalistas siguen detenidos en espera de juicio.
“A seis se les han concedido medidas alternativas a la detención, incluidos dos en el contexto de una misión de alto nivel a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo en abril de 2022”.
? Libertad de expresión
▶️Acnudh documento violaciones de derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y a los medios de comunicación, así como también a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
“Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El Acnudh siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, detallan.
▶️El Alto Comisionado también mencionó en su actualización del informe el caso de El Nacional, que, tras un proceso judicial de más de seis años, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia obligó a pagar a los dueños del medico de comunicación 13 millones de dólares a Diosdado Cabello.
“El 7 de febrero de 2022, la propiedad del edificio del periódico El Nacional, y las parcelas donde se encontraba, fueron adjudicadas al funcionario estatal, en lugar de una compensación económica”.