Claves del informe de Bachelet y del por qué reitera que levanten sanciones a Venezuela

POLÍTICA · 13 SEPTIEMBRE, 2021 14:34

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU de DDHH, reveló el último informe de su oficina sobre la situación de Derechos Humanos en el país en el que reconoce que las sanciones contra Venezuela y la pandemia de COVID-19 han aumentado la escasez de recursos disponibles para enfrentar la de crisis humanitaria.

Este informe se presentó este lunes 13 de septiembre en la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos y ofrece una visión general sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Según sus resultados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) considera que la población venezolana “sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales” debido a que persisten la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y la grave subinversión en servicios esenciales.

Además, el “Acnudh está preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública” quienes percibían entre dos y cinco dólares estadounidenses al mes.

A lo anterior, añade en su informe que las sanciones contra Venezuela han agravado la escasez de medicamentos y limitado las importaciones de alimentos y combustible.

Y reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales “en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, reza el informe.

Aunque el Acnudh reconoce “las medidas adoptadas por el Gobierno (…) de Venezuela para subsanar las deficiencias preexistentes en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a pesar de los desafíos adicionales que plantean la pandemia del COVID-19 y las medidas coercitivas unilaterales sectoriales”, destaca que:

En materia de salud:

  • La pandemia de COVID-19, dice el informe, así como las sanciones contra Venezuela, agravaron desafíos estructurales preexistentes, como la falta de equipos, material, y medicamentos, el mantenimiento insuficiente de las infraestructuras, la emigración del personal sanitario cualificado, y la reducción de la capacidad financiera del Estado para invertir en servicios sanitarios.
  • Documentó procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del gobierno en materia epidemiológica. La información reportada por el gobierno venezolano no estuvo disponible públicamente.
  • El Gobierno no reportó información detallada sobre beneficiarios, uso de fondos públicos, y monitoreo después de la vacunación, a pesar de las denuncias de mercados paralelos de vacunas y de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil.
  • La atención de enfermedades y afecciones, como malaria, dengue, chikunguña, zika y tuberculosis se vieron afectadas durante la pandemia.
  • Los programas de vacunación para enfermedades prevenibles y el acceso a la salud sexual y reproductiva, trasplantes, la salud mental y tratamientos para el VIH/SIDA, diabetes y cáncer también se han visto afectados.
  • La situación de la violencia de género habría empeorado en 2020, así como la situación de la salud sexual y reproductiva. Hubo reportes de un aumento en la mortalidad materna y organizaciones de la sociedad civil reportaron un limitado acceso a anticonceptivos, lo que supuestamente habría contribuido a aumentar las tasas de embarazo de adolescentes y a una atención prenatal y neonatal insuficientes.

En materia de alimentación:

  • Se reportan algunas mejoras en el acceso a los alimentos en los dos años anteriores a la pandemia. Las cifras oficiales apuntaban a una reducción de la desnutrición entre 2018 y 2019.

En materia de educación:

  • Organizaciones de la sociedad civil indicaron un alto índice de abandono de la educación básica durante el año escolar 2021. Algunas sugiriendo hasta 50 %, principalmente debido a una mayor necesidad de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
  • Se registra que la grave falta de cobertura de telefonía móvil e Internet, la escasez de electricidad, así como la falta de alimentos adecuados y de agua potable tanto en las casas como en las escuelas, obstaculizaron el impacto del Plan “Cada Familia una Escuela”.
  • Universidades reportaron una disminución de más de 20 % su presupuesto total, y repetidos ataques a sus instalaciones y robo de equipos por parte de actores privados.
  • Según la sociedad civil, en enero de 2021, más del 50 % de los profesores y las profesoras estaban ausentes o abandonaron sus puestos.

Servicios básicos:

  • En los últimos dos años se han reportado algunas mejoras en el acceso al agua y electricidad en escuelas, universidades y centros de salud.
  • La reducción de la producción de gas natural y los desafíos en la distribución de cilindros de gas para cocinar en los últimos años llevaron a una reducción de 10 % en el uso de gas para cocinar, hasta 83 % entre junio de 2019 y enero de 2021. En su lugar se utiliza cada vez más el fuego de leña, con los consiguientes efectos negativos para la salud.
  • La Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó que, en marzo de 2021, el 47,1 % de la población tenía acceso a internet, y 65,3 % tenía acceso a servicios de telefonía móvil, aunque de forma desigual en el país.

Derechos ambientales:

  • Informes de la sociedad civil indican una falta de aplicación de las normas ambientales, de redición de cuentas pública, y de reparación de los daños ambientales, en particular en las industrias petrolera y minera.
  • El Acnudh está especialmente preocupado por la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, sobre todo en lo que respecta a la falta de transparencia de empresas públicas sobre sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y sociocultural, y acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras.
  • El Acnudh recibió alegaciones de derrames de petróleo en ríos, lagos y zonas costeras, muchas de ellas protegidas, como el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Vida Silvestre del Cuare.

Derechos de los pueblos indígenas:

  • Reitera que el establecimiento de la región del Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería tuvieron un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales.
  • El organismo internacional siguió recibiendo alegaciones de muertes y amenazas contra líderes indígenas en zonas mineras por parte de “sindicatos”, en particular en las zonas mineras y en las áreas controladas por grupos armados no estatales.

Derechos de las personas migrantes:

  • Aumentó la migración desde la flexibilización de las medidas de cuarentena en la región: actualmente hay 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo.
  • Además está preocupado por el número de embarcaciones que se hunden con personas migrantes, así como por el número de personas desaparecidas entre la costa venezolana y los países insulares vecinos, lo que, según fuentes, podría estar relacionado con el tráfico de personas.

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y acceso a la información sobre ellos

  • El presupuesto nacional no se ha publicado desde 2018 y las memorias y cuentas de los diferentes ministerios, que incluyen información sobre la ejecución del presupuesto nacional, no se han hecho públicas desde 2017.
  • La oficina registró 60 solicitudes de información pública relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entre 2020 y 2021 por parte de organizaciones de la sociedad civil que, en su mayoría, seguían sin recibir respuesta al momento de publicar este informe.

Defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

  • Documentó 17 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: cuatro casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de las denuncias iban acompañadas de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas.
  • Documentaron ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles o a la documentación de violaciones de los derechos humanos.
  • Registró el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de publicar este informe.
  • Analizó en el informe los expedientes de ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados “colectivos”, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.