Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU de DDHH, reveló el último informe de su oficina sobre la situación de Derechos Humanos en el país en el que reconoce que las sanciones contra Venezuela y la pandemia de COVID-19 han aumentado la escasez de recursos disponibles para enfrentar la de crisis humanitaria.
Este informe se presentó este lunes 13 de septiembre en la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos y ofrece una visión general sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Según sus resultados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) considera que la población venezolana “sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales” debido a que persisten la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y la grave subinversión en servicios esenciales.
Además, el “Acnudh está preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública” quienes percibían entre dos y cinco dólares estadounidenses al mes.
A lo anterior, añade en su informe que las sanciones contra Venezuela han agravado la escasez de medicamentos y limitado las importaciones de alimentos y combustible.
Y reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales «en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos», reza el informe.
Aunque el Acnudh reconoce “las medidas adoptadas por el Gobierno (…) de Venezuela para subsanar las deficiencias preexistentes en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a pesar de los desafíos adicionales que plantean la pandemia del COVID-19 y las medidas coercitivas unilaterales sectoriales”, destaca que:
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Este informe se presentó este lunes 13 de septiembre en la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos y ofrece una visión general sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Según sus resultados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) considera que la población venezolana “sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales” debido a que persisten la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y la grave subinversión en servicios esenciales.
Además, el “Acnudh está preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública” quienes percibían entre dos y cinco dólares estadounidenses al mes.
A lo anterior, añade en su informe que las sanciones contra Venezuela han agravado la escasez de medicamentos y limitado las importaciones de alimentos y combustible.
Y reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales «en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos», reza el informe.
Aunque el Acnudh reconoce “las medidas adoptadas por el Gobierno (…) de Venezuela para subsanar las deficiencias preexistentes en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a pesar de los desafíos adicionales que plantean la pandemia del COVID-19 y las medidas coercitivas unilaterales sectoriales”, destaca que: