El pasado lunes 16 de noviembre, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, lanzó una crítica contra las Fuerzas Acciones Especiales de Policía Nacional (Faes), la primera que realiza un alto funcionario del chavismo en ejercicio.
“Yo no sé qué es lo que pasa con el Faes. Eso es mentira que por ellos es que supuestamente aquí se ha bajado los índices delictivos, si solo hay entre 800 y 1.000 funcionarios en ese comando”, dijo Saab en una entrevista transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV).
Para Marino Alvarado, coordinador de la organización Provea, este señalamiento de parte del fiscal estaría relacionado a las preocupaciones de los alto funcionarios del chavismo de que la Corte Penal Internacional (CPI) empiece a emitir órdenes para investigar a funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Tarek William Saab señala irresponsablemente no saber qué pasa con las FAES. Una vez más ratificamos que las FAES deben ser disueltas. Altos mandos deben rendir cuentas ante la justicia por las cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres #DisuelvanLasFAES pic.twitter.com/pQuv0hX3uF
— PROVEA (@_Provea) November 18, 2020
“La fiscal de la CPI publicará en los próximos días su informe anual, donde en el caso de Venezuela se puede anunciar que se está realizando una investigación a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad”, dijo el representante de la ONG, una de las muchos organizaciones en el país que ha reiterado los abusos del cuerpo policial, a Efecto Cocuyo.
Alvarado agregó que no se percibe una voluntad política de parte del chavismo para tomar acciones ante las violaciones de las Faes: “Los directores de este cuerpo policial, y los funcionarios de interior y justicia deberían ser investigados por las reiteradas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales desde su creación”.
De acuerdo al informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, entre 2017 y 2020 se registraron al menos 925 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las Faes. Asimismo, la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sugirió en 2019 que el grupo policial “debería ser disuelto”.
Policías del terror
El detonante de las declaraciones de Tarek William Saab sobre las Fuerzas de Acción Especial de la PNB fue a raíz de una denuncia de secuestro a un productor agropecuario en el estado Zulia.
“A un productor agropecuario, le llegó el Faes, empezaron a cavar una fosa. ¿Cuál era el fin? ¿Enterrar ahí el productor agropecuario? Hubo un enfrentamiento entre los policías municipales que estaban a rostro descubierto y los funcionarios del Faes que tenían unas capuchas y unas armas largas”, dijo el fiscal designado por la constituyente referente a un video que se difundió a través de las redes sociales.
Esta “práctica” de perseguir a presuntos delincuentes, donde en algunos casos son asesinados, no es una práctica exclusiva de la Faes en la región sino de varios organismo de seguridad del Estado, según confirmó el director de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Juan Berríos, en un contacto realizado por Efecto Cocuyo.
Luego que llegó la policía noto que parte del personal terminaba el hueco que el Faes presuntamente ordenó abrir. Cual era la intención realmente ? Porque encerraron al productor agropecuario y a su personal ? Acá las imágenes: pic.twitter.com/3phSAVA0n4
— CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) November 16, 2020
“Desde los últimos tres años se han registrado la mayor cantidad de denuncias de estos procedimientos, por lo menos en el Zulia, principalmente por parte de la policía estadal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Faes. No sabemos cuáles son las motivaciones del fiscal, pero puede estar relacionado a su reciente visita a la Corte Penal”, destacó.
Berríos agregó que el fiscal debe investigar todas las acusaciones y aplicar sanciones a los responsables señalados de violar los derechos fundamentales.
Marino Alvarado coincide en este punto al destacar que no solo se debe disolver a las Faes, sino que debe haber una reestructuración en los organismos policiales, desde el punto de vista legal.
“Se deben determinar las funciones de cada uno de estos cuerpos. Cuándo deben actuar las policías estadales, la judiciales y cuando sea pertinente, que se coordine con las Fuerzas Armadas”, destacó el coordinador de Provea.
De acuerdo a cifras preliminares de Codhez, entre enero y octubre de este año se han registrados al menos 524 denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el estado Zulia, entre los que cuerpos de seguridad destacan las Faes, Cicpc y el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez).