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El Departamento de Justicia de Estados Unidos realizará una acusación formal contra el mandatario venezolano  Nicolás Maduro  por presuntos  delitos relacionados con el «narcoterrorismo» y ofrece 15 millones de dólares por la captura de jefe de gobierno chavista.

Este jueves, 26 de marzo, el secretario de justicia de Estados Unidos, William Barr, detalló  en rueda de prensa que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, está involucrado en supuesto lavado de dinero, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, estaría relacionado con supuestos delitos de narcotráfico.

Los estados de Nueva York, Texas y Arizona acusaron a otros 15 funcionarios del chavismo, entre los que se encuentra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello; el presidente de la comisión de reestructuración de Pdvsa, Tareck El Aissami,   el exjefe de inteligencia Hugo Carvajal y el general Cliver Alcalá, entre otros,  por conspiración para permitir supuesto tráfico de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hacia Estados Unidos.

El abogado detalló que si bien un grupo de efectivos de las Farc bajó las armas en el año 2017, otros continuaron involucrados en trafico de armas y drogas. El gobierno de Maduro permitió, según Barr, que las Farc continuaran el tráfico de cocaína en territorio venezolano y que desde allí sirviera de puente hasta Centroamérica.

El secretario de justicia del sur del distrito de Nueva York, Geoffrey Berman, quien nombró a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, señaló que funcionarios del gobierno venezolano negociaron la venta de droga y que el mandatario habría permitido la entrada de cocaína al país. Anunció que Estados Unidos  ofrece 15 millones de dólares por la captura de Maduro y 10 millones de dólares por la entrega de Cabello (a quien se le señala de haber supuestamente coordinado entregas de droga), Alcalá,  El Aissami y Carvajal.

La secretaria de justicia del sur del distrito de Florida, Ariana Fajardo, habló sobre el «lujoso» estilo de vida del líder del poder judicial venezolano en Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con supuesto lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero internacional. Comentó que oficiales venezolanos poseen yates, aviones privados. Sobre Padrino López se refirió que el funcionario permite el tráfico de cocaína por el espacio aéreo venezolano.

Aclaró que el Departamento de Justicia no tiene contacto con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, y que tienen la confianza de que podrán capturar a los funcionarios, dado que viajan con regularidad.

Señalados

Se trata de la segunda vez en la historia de EE.UU. que se presentan cargos contra un jefe de Estado después de que, en 1989, fiscales de Miami acusaran de narcotráfico al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que fue detenido durante la invasión estadounidense, enjuiciado y encarcelado en Florida.

En total EE.UU. presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos.

Los acusados son los cinco mencionados anteriormente (Maduro, Cabello, El Aissami, Carvajal y Alcalá Cordones), así como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el juez Maikel Moreno del Tribunal Supremo; y el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

También fueron inculpados el exministro de Energía Luis Motta; un antiguo militar de la fuera aérea Oscar Rafael Colmenarez Villalobos; el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, Edylberto Jose Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel, ambos exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Otras medidas de EEUU

Según el archivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la declaratoria permite al gobierno de Donald Trump ampliar las sanciones financieras u otras restricciones, la prohibición de exportaciones y ventas de armas, controles sobre las exportaciones que podrían mejorar la capacidad militar del país y prohibiciones de asistencia económica.

Estados Unidos ha reforzado parte de las sanciones impuestas a Venezuela desde el año 2017. El pasado 12 de marzo, la empresa TNK Trading International SA (TTI), una subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El presidente Donald Trumo habló por última vez sobre Venezuela el 25 de febrero, cuando afirmó que «no le gustaba» lo que estaba sucediendo en el país y se refirió a la escasez de alimentos y medicinas.

La medida de este jueves se suma a la decisión tomada por el Departamento de Seguridad de Estados, que puso al presidente de la comisión de reestructuración de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, al tope de su lista de «los más buscados» por supuestos cargos relacionados con el narcotráfico internacional. En el listado también está su presunto testaferro, Samark López, y el empresario y dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrin Belisario.