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Cristina González | Edgar López

Foto por Iván E. Reyes | @IvanEReyes

“Citgo anunció la entrega de $ 200 millones a ONG venezolanas”

“Las compras sin el debido proceso abren espacio a la corrupción, advierte Christi Rangel”

Por un ataque de asma no podía respirar. La madrugada del 27 de marzo tuvieron que recorrer cuatro centros de salud de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, la región con más contagios comprobados de COVID-19 en Venezuela. Un angustioso peregrinaje deja en evidencia las deficiencias estructurales del sistema sanitario del país y la dimensión del riesgo que corren los venezolanos.

El manejo de fondos públicos para fortalecer la atención sanitaria en Venezuela depende en gran medida del apoyo internacional, en un contexto de emergencia humanitaria compleja que se suma a la crisis política derivada de la existencia de dos gobiernos paralelos. Nicolás Maduro y Juan Guaidó aseguran contar con el apoyo de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales para afrontar la pandemia. 

Sin embargo, a un mes del primer caso confirmado de COVID-19 en Venezuela, expertos en gestión presupuestaria y de riesgos advierten que tanto Maduro como Guaidó deben rendir cuentas para garantizar una correcta administración de recursos públicos en esta contingencia y que, efectivamente, se pueda detener la propagación del virus.

Aquella madrugada, Jairo Labrador llevó a su hermana al Centro Diagnóstico Integral (CDI) más cercano a su lugar de residencia, en la urbanización Dos Lagunas. “En las noches cierran completamente y los cubanos no te atienden. Eso es pura utopía lo que viven algunos, que dicen que te atienden; no te atienden”, denuncia Labrador, quien luego acudió al CDI Las Flores, uno de los principales centros asistenciales de Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia. “También estaba cerrado. Tumbamos el portón, le caímos a golpes a la puerta y nada”.

La travesía prosiguió hacia el hospital de Santa Teresa, donde auxiliaron a su hermana con una silla de ruedas, sin poder hacer más. “No tenían oxígeno, no tenían guantes, no tenían nada”, lamenta. Se trasladaron entonces hacia Santa Lucía, en Paz Castillo, el municipio vecino.

El personal del CDI Macuto, un centro centinela para atender el coronavirus, ofreció atención con una bomba de oxígeno. Los médicos advirtieron, sin embargo, que no tenían hidrocortisona ni ningún antibiótico usualmente aplicado en casos de infecciones respiratorias. “Aquí no hay las cualidades ni el protocolo, ni siquiera de atención de primer grado”, considera Labrador a partir de su experiencia.

El gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido debilidades del sistema sanitario y ha solicitado asistencia humanitaria internacional para combatir el COVID-19. El mandatario ha calculado que se requieren unos 5.000 millones de dólares y reitera que las sanciones de Estados Unidos contra su gobierno afectan su capacidad para brindar protección a los ciudadanos. Pero no ha precisado a cuánto ascienden los fondos específicamente destinados a evitar la propagación del virus y cuántos han sido efectivamente ejecutados.

La nación norteamericana y otros 50 países desconocen la legitimidad de Maduro como presidente de la República y consideran que el gobierno de Guaidó es el interlocutor válido en materia de ayuda internacional.

El mandatario interino ha anunciado  que dispone de al menos 29 millones 200 mil dólares para afrontar la pandemia. Los recursos proceden de la compañía estatal Citgo, de fondos bloqueados a Nicolás Maduro en el exterior y de donaciones de Estados Unidos. Guaidó ha calculado que se necesitan 1.200 millones de dólares y propone  que sean administrados por un gobierno de emergencia nacional, sin Maduro en el poder.

Los requerimientos de «los dos presidentes» venezolanos contrastan con el costo total del paquete de ayuda humanitaria, calculado por la ONU en 2.000 millones de dólares, para atender la emergencia causada por el COVID-19 en los lugares más vulnerables del mundo.

Maduro se apoya en la ONU, la OMS y países aliados

“He aprobado todos los recursos necesarios para que el país esté dotado de todos los test y de todos los recursos para prevenir y proteger del coronavirus”, aseguró Maduro el 10 de marzo. No precisó los montos aprobados, ni el origen de los mismos. Su gobierno tiene el control del sistema público de salud, así como de la mayoría de los órganos del Estado. La página web del Ministerio de Economía y Finanzas tampoco ofrece detalles de los fondos aprobados por el Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria.

El 15 de marzo, Maduro solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares al Fondo de Emergencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la pandemia. “Contribuirán significativamente para robustecer nuestros sistemas de detección y respuesta”, indica la carta del mandatario. “Esta decisión se tomó en vista de las criminales acciones ilegales que mantienen congelados parte de los recursos líquidos de Venezuela y que superan esa cifra”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa.

Un vocero del FMI respondió que la institución no está en condiciones de considerar la petición de Maduro. “El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento”, indicó el portavoz de la institución. El gobierno de Maduro, sin embargo, ha insistido públicamente en que su solicitud no está desestimada.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Maduro ha celebrado el arribo al país de donaciones de gobiernos aliados. El 23 de marzo, por ejemplo, se reportó la llegada de 10.000 kits “de detección de COVID-19” donados por Rusia, mediante un puente aéreo entre ambas naciones. “Hoy hemos recibido la primera de las entregas. La primera carga de muchas que habrá en el futuro de la Federación Rusa”, declaró el canciller Jorge Arreaza.

El 28 de marzo se anunció otro suministro de “asistencia técnica humanitaria”, proveniente de China, con 55 toneladas de material quirúrgico, insumos y medicamentos, 500.000 kits de pruebas rápidas y 50.000 kits de pruebas PCR, 5.000.000 de mascarillas, 100.000 trajes de aislamiento y protección, 30.000 unidades de cloroquina, así como también ventiladores y tomógrafos para hospitales centinelas.

El 2 de de abril, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) precisó que el gobierno de Maduro reportaba para entonces un total de 52.000 kits de diagnóstico PCR y un millón de pruebas rápidas, con apoyo de la cooperación bilateral con China, Rusia y Cuba.

“No queda claro si se trata de donaciones o de préstamos. Se pudiera interpretar que se trata de una donación. Sin embargo, China suele denominar ‘fondos de ayuda para el desarrollo’ a los préstamos que entrega a países del mundo”, advierte la economista Christi Rangel, profesora de la Universidad de Los Andes y miembro de la organización Transparencia Venezuela. “No es posible hacer auditoría de los intercambios de recursos, ya sean préstamos o donaciones, a pesar de que son recursos públicos que deben ser informados en detalle a toda la población”, afirma.

El Ejecutivo nacional dejó de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional desde 2016, cuando el Poder Judicial y Maduro desconocieron las competencias del Legislativo, de mayoría opositora. Por el secretismo oficial, no se conocen detalles de planificación y ejecución del presupuesto público, así como de contrataciones e importaciones. “El desvío o posible venta de los recursos recibidos en ayuda o en préstamos es un gran riesgo de corrupción”, alerta Rangel.

“Las compras sin el debido proceso y sin que se informen los costos de lo que se está adquiriendo da oportunidad a la venta con sobreprecio, la especulación y que se hagan transacciones con pagos de soborno”, señala la experta y destaca que las donaciones de la ONU, en cambio, son más transparente en cuanto a montos, productos y poblaciones a beneficiar.

Para Venezuela, la ONU ha destinado un “Plan Intersectorial de Preparación y Atención al COVID-19” que prevé desembolsos por 61 millones de dólares. El plan ha priorizado el fortalecimiento de 16 hospitales, ubicados en Caracas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Falcón, Lara, Miranda, Vargas, Táchira y Zulia. La OCHA informa que este proyecto también continúa con labores de asistencia humanitaria, que la ONU ha desarrollado en el país durante los últimos meses con el gobierno de Maduro.

El 8 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió más de 90 toneladas de insumos quirúrgicos, medicamentos, mascarillas y vacunas de parte de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el gobierno de Rusia. Maduro ha pedido y recibido asistencia técnica de la OMS desde el 14 de marzo en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Guaidó canaliza fondos hacia actores humanitarios

Guaidó aseguró el 25 de marzo la disponibilidad de 20 millones de dólares, de cuentas rescatadas en el exterior, para atender la emergencia sanitaria. “Ya logramos recuperar recursos para que las multilaterales entreguen directamente la ayuda”, dice Hilda González, miembro de la Comisión Nacional de Expertos en Salud del gobierno interino, y asegura que estos fondos serán canalizados por organismos internacionales.

“En principio estos recursos van a ser directamente administrados por ONG internacionales. Estamos hablando de que sería a través de la OMS, la OPS. Y desde la Asamblea Nacional, el presidente ha priorizado que los profesionales de la salud estén protegidos con material de bioseguridad y de barrera, así como el tema del agua en los centros de salud”, explica.

González enfatiza en que la Asamblea Nacional y la comisión de expertos no ejecutan recursos, sino que funcionan como instrumentos para canalizarlos hacia la OMS. “En este momento llamaríamos a hacer una fiscalización de que efectivamente lleguen los recursos a los centros que tienen que llegar”, agrega. Hasta la fecha, no ha habido rendición pública de cuentas sobre la transferencia de fondos desde cuentas en el exterior, ni tampoco sobre su administración en el país.

La Fundación Simón Bolívar de Citgo, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, anunció la entrega de 200.000 dólares en ayudas para varias ONG. Deben ser seleccionadas a través de un proceso de postulación que comenzó el 26 de marzo, basado en proyectos para fortalecer la protección de las personas afectadas y en situación de mayor vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. La presidenta de la fundación, Mariela Poleo, dijo que los recursos serían asignados entre abril y mayo.

No se conoce dónde y cómo han sido ejecutados otros 9 millones de dólares, anunciados por el gobierno interino de Guaidó como una donación de Estados Unidos para Venezuela. “Logramos la donación directa a multilaterales para la compra de insumos de protección personal para médicos, entrenamiento de médicos y enfermeras, compra de gel antibacterial, suministro y saneamiento de agua en los hospitales y atención de los casos de COVID-19. Sabemos que no es suficiente, pero son gestiones que hemos venido haciendo para responder rápido y atender la pandemia”, dijo Guaidó, sin nombrar las organizaciones ejecutoras de estos fondos.

“Toda la sociedad civil debería exigirle al presidente interino que explique detalladamente cuántos y qué tipo de recursos ha recibido. Creo que debe tener un papel importante el contralor especial que acaba de ser designado por la Asamblea Nacional –Juan Pablo Soteldo Azparren– y que Transparencia Venezuela había exigido que se nombrara”, señala la economista Rangel.

“El gobierno interino no maneja recursos de donaciones. Lo manejan agentes humanitarios. Hay donaciones para Colombia, Venezuela, pero tienen que ser las agencias las que respondan”, responde el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. “Hay todo tipo de agencias: de la ONU, de la Cruz Roja, la OCHA. El gobierno interino consigue fondos y van a estas agencias”, dice.

El también economista dice que las donaciones son fondos públicos de otros países, ante los cuales son las agencias las deben rendir cuentas. “Si quieres hacer seguimiento de los recursos, tienes que decirle a Cruz Roja, a la OCHA, cómo está gastando los recursos, en qué los han gastado”, plantea Alvarado, quien mencionó el 6 de abril, durante un reporte sobre la inflación de marzo, “al menos 5.000 millones de dólares disponibles conseguidos por el presidente encargado Guaidó”.

Al ser consultado al respecto, el diputado aclara: “Potencialmente disponibles. Es lo que quise decir. Es lo que pudiera conseguir el gobierno de emergencia. Podría tener acceso a esa línea de crédito con organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Lecciones por aprender

Rogelio Altez, antropólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y experto en gestión de riesgos, identifica un déficit de transparencia en los reportes de ambos gobiernos. “Es un ambiente envuelto en discursos que confunden, que no aclaran, que no informan debidamente y que representan un contexto político convulso que magnifica las condiciones del desastre”, alerta. 

Sobre las lecciones que se podrían extraer de otras situaciones de riesgo que degeneraron en desastres en Venezuela, Altez agrega: “No tenemos  que ir muy lejos para identificar problemas en la administración de recursos en casos de desastres si pensamos en el deslave de Vargas, en 1999. Allí hubo ayuda de todo tipo, especialmente de la Comunidad Europea. Chávez rechazó la ayuda de Estados Unidos y sí aceptó la ayuda de la Comunidad Europea, que fue contundente, fue mucho dinero destinado a desarrollos específicos que no llevaron a cabo cabalmente. Y, lo peor, se abandonaron.

El experto recuerda otros dos precedentes: En el caso de La Gripe Española, en 1918-19, no se requirió ayuda internacional y se recabaron fondos extraordinarios, que en esa época se tramitaban a través de juntas de socorro. Y en el terremoto de 1967, la mayor parte del dinero que se invirtió fue de origen nacional. «La ayuda internacional, más bien, tuvo que ver con investigación y no con la reconstrucción”.

Sin embargo, nunca como ahora Venezuela había estado en una situación económica tan precaria; nunca como ahora había tenido dos presidentes a la vez. “Ese es uno de los problemas más graves en el contexto de la pandemia. Me gusta decir que estamos en medio de un gobierno ilegítimo y otro imaginario, sin decir cuál de los dos es cual, pues  la calificación le viene muy bien a cualquiera de los dos para referirse al otro. Estamos en medio de una dicotomía política e institucional que, lamentablemente, contribuye a profundizar las variables del desastre”.

Por lo pronto, Jairo Labrador, habitante de Santa Teresa del Tuy, tiene razones para desconfiar de la capacidad del sistema de salud pública en Venezuela para afrontar el COVID-19. “Los médicos no mostraron ninguna intención de hacerle una prueba a mi hermana. Igual nosotros tenemos un amigo doctor que la atendió en la casa, y la revisó y no tenía los síntomas del virus”, dice aliviado.