Preso político excarcelado el 14 de agosto vuelve a ser privado de libertad

Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes 18 de agosto de 2026 la nueva privación de libertad de Sixto José Salamanca Jiménez, un exfuncionario policial del estado Sucre, que había sido liberado apenas cuatro días antes, el viernes 14 de agosto, del Centro Penitenciario Rodeo III, donde permanecía recluido desde diciembre de 2019.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:43 de la tarde en un punto de control en Cupira, estado Miranda. Salamanca Jiménez viajaba en un autobús de transporte público junto a su esposa.

Según las denuncias, funcionarios interceptaron la unidad, lo hicieron bajar y lo retuvieron. El vehículo permaneció en el lugar cerca de una hora, pero finalmente debió continuar su recorrido ante la negativa de las autoridades de liberarlo.

Actualmente, se encontraría bajo custodia en la comandancia de la Policía Municipal de Cúpira. La familia y grupos como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Realidad Helicoide y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirman que los funcionarios actuaron sin presentar orden de aprehensión ni justificación alguna.

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Organizaciones de derechos humanos califican el caso como parte de un “patrón de puerta giratoria”, en el que se liberan a personas con medidas cautelares y luego se las detiene nuevamente.

Sixto José Salamanca Jiménez era funcionario de la Policía del estado Sucre y fue detenido el 13 de diciembre de 2019 mientras se encontraba de guardia en un punto de control. Agentes de la policía estadal y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo trasladaron.

El entonces ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, presentó públicamente el caso el 14 de diciembre de 2019 como la operación “Venezuela Honor y Gloria 2019”. Según la versión oficial, se trataba de un plan para asaltar dos instalaciones militares en Cumaná, estado Sucre: el Cuartel General Gran Mariscal Sucre y el Comando 53 de la Guardia Nacional Bolivariana.

El gobierno vinculó a los detenidos con un supuesto complot dirigido por figuras opositoras, entre ellas Leopoldo López y Juan Guaidó, e involucró a un grupo de WhatsApp y a supuestos contactos con el entonces diputado Fernando Orozco (alias “Oro Negro”). Las autoridades afirmaron que los capturados, entre ellos Salamanca y José Miguel Yeguez, habían confesado su participación.

El supuesto ataque nunca se ejecutó. Salamanca y otros nueve funcionarios policiales y militares (la mayoría de Sucre y Anzoátegui) fueron acusados de delitos de conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Permanecieron varios años en prisión preventiva, principalmente en el Rodeo III.