Cifras cruzadas y opacidad tras el anuncio de las excarcelaciones en Venezuela
El Ejecutivo habla de 1046 excarcelaciones sin dar fecha, nombres y condiciones de las liberaciones

- El gobierno venezolano anunció la excarcelación de 1.046 personas sin publicar nóminas oficiales ni precisar a qué periodo de tiempo corresponden
- Organizaciones independientes como Foro Penal y JEP solo han podido confirmar alrededor de 80 excarcelaciones recientes, contabilizando aún a más de 400 presos políticos detenidos
En Venezuela, el anuncio de medidas de libertad para las personas que están detenidas por temas políticos suele generar olas de esperanza en la sociedad. Sin embargo, tras los anuncios oficiales recientes sobre procesos de excarcelación, se ha establecido un patrón conocido, opacidad informativa, vacíos de datos verificables y una marcada discrepancia entre la narrativa gubernamental y el conteo de la sociedad civil.
Por ello, La Tía de WhatsApp, que también está en Telegram, el chatbot de verificación de información, desglosará lo que se ha dicho, las cifras y por qué la falta de transparencia del Estado impide verificar el estatus real de los presos políticos en el país.
Sin lista ni período claro
La opacidad comenzó desde las vocerías de las altas autoridades del Estado. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el 15 de agosto de 2026 a través de su cuenta en X, que las autoridades habían liberado a un total de 1.046 personas.
Sin embargo, la declaración dejó vacíos informativos, no se precisó a qué lapso específico correspondían dichas excarcelaciones, si abarcaban únicamente los eventos recientes o si sumaban procesos acumulados de meses o años anteriores.
Además, el Ejecutivo no hizo público el listado de los beneficiarios ni los centros penitenciarios de origen, imposibilitando el contraste directo por parte de familiares y defensores de derechos humanos.

Verificación independiente
Ante la ausencia de una lista oficial, organizaciones no gubernamentales especializadas en el seguimiento de detenciones arbitrarias asumieron la tarea de verificar caso por caso. Los reportes independientes revelan una brecha sustancial frente a los números del gobierno.
El Foro Penal, una organización dedicada a la defensa de los presos políticos solo pudo confirmar de forma independiente un estimado de 78 excarcelaciones desde el viernes 14 de agosto de 2026.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) logró verificar 83 excarcelaciones en el mismo contexto. Asimismo, mantuvo el registro de al menos 448 personas que continúan privadas de libertad bajo motivos políticos en las distintas cárceles del país.
Exigencias de la oposición
Frente a este escenario de incertidumbre, líderes de la oposición y diversas organizaciones han reaccionado exigiendo el fin de las maniobras desinformativas. Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, exigió al gobierno transparencia absoluta e inmediata sobre las cifras reales, señalando que la falta de listas oficiales somete a los familiares a una tortura psicológica al no saber si sus allegados figuran entre los beneficiados.
El reconocimiento de EEUU
A las narrativas contrapuestas sobre el número de liberaciones se sumó la postura de la diplomacia norteamericana. A través de su cuenta en la red social X, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el avance de los procesos de excarcelación en el país:
“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa un paso crucial para el proceso de reconciliación del país. Desde el 3 de enero, 1046 venezolanos han sido liberados. A medida que avanzamos en el plan de tres fases, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas, liderado por Venezuela”.
Sin embargo, a pesar del respaldo otorgado por la Casa Blanca a la cifra global de 1.046 liberaciones acumuladas desde enero, defensores de derechos humanos y ONGs reiteran que, ante la falta de listas públicas oficiales, resulta imposible corroborar de forma transparente cuántos de esos casos corresponden a medidas definitivas y cuántos casos continúan en procesos judiciales abiertos.
Vulneración de las normativas
De acuerdo con Transparencia Venezuela, el entramado legal venezolano, en el artículo 141 de la Constitución, obliga a la administración pública a actuar bajo criterios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Al no publicar listados oficiales ni precisar los lapsos de las excarcelaciones de presos políticos, el Estado venezolano incumple con estos principios constitucionales y las normas básicas de acceso a la información pública.
En primer lugar, no existen boletines del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ni del Ministerio Público que identifiquen formalmente a los excarcelados.
Segundo, la mayoría de las excarcelaciones no constituyen aperturas de causa o sobreseimientos formales, sino sustituciones de medida cautelar, lo que mantiene a las personas sujetas a procesos judiciales opacos.
Por último, la presentación de números globales sin respaldo de datos concretos busca mitigar la presión internacional y la crítica interna, diluyendo el número real de quienes siguen encarcelados.
Conclusión
Al aplicar nuestra metodología de verificación, constatamos que las cifras del gobierno carecen de sustento transparente. La negativa del Estado a publicar un listado oficial detallado impide verificar la cifra de 1.046 liberaciones, ya que no se aclaró si el conteo abarca únicamente los procedimientos recientes o si acumula liberaciones de meses o años anteriores.
Ante cualquier duda sobre información que circula en redes sociales puedes consultar a La Tía de WhatsApp, que también está en Telegram, el chatbot de verificación de información de Efecto Cocuyo.
Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.