Abogados de DDHH: Detenciones de 2026 buscan disfrazar causas políticas con delitos comunes

Pese al discurso oficial de apertura y a las excarcelaciones anunciadas tras los hechos del 3 de enero, al menos 30 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela durante 2026, mientras más de 400 continúan encarceladas.

Para los defensores de derechos humanos Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, estas cifras reflejan un cambio táctico en el aparato represivo del Estado. 

Ambos abogados coinciden en que el poder sustituyó las redadas masivas de años anteriores por arrestos selectivos contra ciudadanos sin militancia partidista, líderes gremiales y activistas en las regiones del país, combinados con excarcelaciones condicionadas y la fabricación de expedientes por delitos comunes para no afectar su imagen internacional.

Para Martha Tineo, el país asiste a un ciclo de alternancia punitiva en el que el Estado concede liberaciones por lotes para alimentar una narrativa de apertura ante la comunidad internacional, al tiempo que ejecuta detenciones quirúrgicas y de baja visibilidad mediática. 

Estos operativos se concentran ahora en estados como Zulia, Lara, Carabobo, Bolívar y Táchira, donde el cerco de censura es más severo, y apuntan contra dirigentes sindicales de gremios como el de educación,  salud, las empresas básicas, defensores comunitarios y usuarios cuyas denuncias por fallas en los servicios se vuelven virales en redes sociales. 

“El objetivo ya no es únicamente el encarcelamiento masivo de larga duración, sino la imposición de un clima permanente de autocensura y vulnerabilidad. Con esta dinámica, el poder busca transmitir que ninguna ronda de negociación o discurso de distensión implica un cheque en blanco para la ciudadanía”, advirtió en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

Por su parte, Kelvi Zambrano coincide en que el blanco principal de estos arrestos son los ciudadanos de sectores populares y de clase media que no integran partidos políticos ni ONG, pero que salen a protestar de forma autónoma por el colapso de los servicios públicos y el deterioro económico.

“Quieren enviar un mensaje de temor y control social a esos sectores para evitar levantamientos autónomos que generen un impacto mediático mayor, cuidándose de que no los categoricen como violadores de derechos humanos”, señaló el abogado.

Expedientes por drogas e intimidación exprés

Para evitar el costo político de sumar nuevos presos de conciencia ante los organismos internacionales, el sistema judicial comenzó a camuflar las detenciones políticas bajo figuras delictivas ordinarias. Zambrano documentó este nuevo patrón con el caso de Yorman Acevedo, un habitante de un sector popular del estado Aragua que fue detenido de forma arbitraria el 13 de enero de 2026 tras publicar un comentario en redes sociales sobre los hechos ocurridos el 3 de enero contra Nicolás Maduro.

Acevedo permaneció cerca de nueve meses privado de libertad, período en el que fue sometido a desaparición forzada, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; sin embargo, su expediente, junto al de otra persona arrestada en el mismo procedimiento, fue declinado sorpresivamente desde un juzgado con competencia en terrorismo hacia un tribunal penal ordinario en Puerto Cabello, estado Carabobo. 

“Hemos visto varios casos en los que les quitan los delitos de traición a la patria y contra el odio y les imputan delitos de droga para disfrazar la situación y hacer ver que no están procesando a nadie por motivos políticos, sino por delitos comunes”, denunció el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Más de 30 casos en 2026 evidencian que las detenciones continúan tras el “nuevo momento político”

A la par de la simulación de delitos comunes, en las protestas por salarios dignos, servicios públicos y garantías laborales se consolidó una táctica de neutralización exprés. Tineo explicó que los cuerpos de seguridad detienen sin orden judicial a educadores, sindicalistas o defensores, los incomunican durante horas o días clave para desarticular el reclamo en la calle y sembrar terror inhibitorio en su gremio, y luego los excarcelan sin que ello infle de forma permanente la lista de prisioneros políticos.

Esas liberaciones rápidas, dice Tineo, vienen acompañadas de regímenes de presentación periódica ante los tribunales, prohibición de salida del país y censura para declarar a los medios de comunicación. 

“La persona no recupera su plena libertad; pasa a una suerte de cárcel fuera de la cárcel, donde la amenaza de ser reencarcelada actúa como un bozal institucional”, precisó la coordinadora de JEP.

Desapariciones forzadas y el fin cosmético de los tribunales de terrorismo

Los defensores de derechos humanos aseguraron que en los procedimientos ejecutados durante 2026 persisten tres prácticas que vulneran el debido proceso desde el momento del arresto. 

Tineo detalló que la desaparición forzada de corta duración sigue operando como norma mientras los familiares recorren sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de cuerpos policiales que niegan la custodia del detenido; a esto se suma la imposición de defensores públicos que actúan en colusión con la Fiscalía, impidiendo denunciar torturas o impugnar actas policiales forjadas,  y el diferimiento sistemático de las audiencias preliminares por meses o años para desgastar económica y psicológicamente a las familias.

Marcha a Miraflores deja cinco detenidos

Para la abogada, el Ministerio Público y los juzgados con competencia en terrorismo han funcionado como el brazo legal de la arbitrariedad al negar de forma sistemática las pruebas de descargo y mantener secuestrados cientos de expedientes judiciales mientras el Ejecutivo ensaya discursos de apertura en el exterior. 

“El sistema penal sigue funcionando no como un canal de impartición de justicia, sino como una herramienta de persecución y desarticulación ciudadana que permite liberar a algunos presos por conveniencia táctica mientras mantiene vigentes medidas cautelares o condenas desproporcionadas”, sostuvo.

Sobre la reciente resolución oficial que suprime los tribunales con competencia en terrorismo, Zambrano advirtió que la medida resulta insuficiente frente a una estructura institucional construida durante 25 años para perseguir a la disidencia. 

Subrayó que el Poder Ejecutivo mantiene su control sobre los fallos judiciales debido a que la mayoría de los jueces y fiscales del país ocupan cargos provisorios sin haber ingresado mediante concursos públicos de oposición y credenciales, una falla estructural documentada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Plantea que el Comité de Postulaciones Judiciales no debe limitarse a seleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino abrir concursos para titularizar a todos los jueces a escala nacional. 

“Dejan sin efecto esos tribunales, pero quedan los mismos funcionarios con los mismos vicios. La provisoriedad impide que jueces y fiscales gocen de autonomía e independencia frente al Ejecutivo”, explicó Zambrano.

Derogación de leyes punitivas

Tineo y Zambrano descartan que una modificación parcial de la Ley contra el Odio baste para frenar la criminalización de la protesta y la opinión crítica.

Tineo sostiene que para desarmar legalmente al aparato represivo es indispensable derogar de forma total e inmediata cinco instrumentos como lo son, la Ley contra el Odio; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), utilizada para calificar de terrorismo el activismo pacífico y gremial; la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, empleada como mecanismo de retaliación patrimonial contra opositores; y el uso de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para imponer inhabilitaciones políticas.

Recalcó que el Estado venezolano viola a diario las garantías de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y recordó que el artículo 43 de la Constitución consagra la inviolabilidad de la vida y obliga a proteger la salud de los reclusos, un mandato que se incumple al negarles atención médica a los presos políticos, mientras que las detenciones sin orden judicial y el diferimiento de audiencias liquidan el debido proceso previsto en los artículos 44 y 49 de la carta Magna. 

“El problema principal no es la ausencia de leyes protectoras, sino su demolición fáctica. Una simple reforma cosmética es inútil si no se derogan las leyes persecutorias y se retorna al cumplimiento estricto de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal”, afirmó la abogada.

Zambrano agregó que el desmontaje normativo exige auditar la constitucionalidad y convencionalidad internacional de todas las leyes orgánicas, sustantivas y reglamentos vigentes en el país. El abogado advierte que esa evaluación debe incluir el paquete de leyes comunales y las normativas que crearon organismos paralelos para desplazar al Estado social y democrático de derecho, e incluso abrir paso a un proceso constituyente que corrija la concentración de poder en el Ejecutivo. 

“Hay que revisar todas las leyes, no solo las que imponen penas a los disidentes, sino aquellas que plantearon pasar de un Estado democrático de derecho a un Estado comunal, y repensar por completo el diseño institucional y el exceso de presidencialismo”, planteó.

Clausura de centros de tortura 

Para hablar de un desmantelamiento real del aparato represivo, ambos coinciden en que deben adoptarse medidas sobre los cuerpos de seguridad y los recintos carcelarios. Tineo plantea disolver las direcciones del Sebin y de la Dgcim dedicadas a la represión política, sujetar los cuerpos policiales al control civil, destituir y procesar penalmente a los jueces y fiscales que validaron torturas o forjaron actas, y clausurar de manera definitiva centros de reclusión como El Helicoide, la sede de Boleíta y los módulos de aislamiento en penales de máxima seguridad como Rodeo I para convertirlos en espacios de memoria histórica.

En relación con los anuncios de excarcelaciones por lotes surgidos de las rondas de diálogo entre el gobierno y la oposición auspiciadas por Estados Unidos, la representante de JEP exige que cualquier acuerdo incluya como cláusula innegociable la liberación inmediata y sin medidas cautelares de todos los detenidos, sin que ello sirva para pactar amnistías a favor de los responsables de violaciones graves.

“La libertad de un inocente es un derecho humano fundamental, no un activo transable en el mercado de la geopolítica. Tampoco puede negociarse a cambio de impunidad ni de archivar las causas por crímenes de lesa humanidad que cursan en la Corte Penal Internacional”, sentenció Tineo.