Más de 30 casos en 2026 evidencian que las detenciones continúan tras el “nuevo momento político”

El aparato represivo del Estado continúa intacto, según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esto ocurre pese a que desde el 3 de enero de 2026, tras el bombardeo sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el país atraviesa un “nuevo momento político”, según afirman las autoridades interinas.

Bajo el tutelaje del gobierno de Donald Trump, la política coactiva en los órganos de seguridad del Estado se mantiene, aunque de forma menos explícita que entre los años 2024 y 2025, período en el que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas superaron los registros de otras etapas represivas.

Hasta el pasado 5 de octubre, la ONG Foro Penal contabilizó 32 detenciones en el país en lo que va de 2026. Aunque todavía no existe un desglose público de todos los casos, en Efecto Cocuyo documentamos las identidades y el estatus legal de más de 20 personas que han sido arrestadas durante este año:

Detenciones en enero, febrero y marzo

Durante los primeros meses del año, gran parte de las detenciones estuvieron vinculadas al “Caso Azul Celeste”, que involucra a los funcionarios que procesaron la escena del 3 de enero tras la captura de Maduro por el ejército estadounidense.

En enero fueron arrestados los inspectores y fotógrafos forenses del Cicpc Joharlim Enrique Luzardo Noria y Álvaro Roger Valladares Eslava, ambos aprehendidos el 21 de enero. Los dos enfrentan acusaciones de traición a la patria y conspiración, sumado a denuncias de tortura y, en el caso de Valladares, de desaparición forzada inicial.

Familiares denuncian desaparición y torturas a técnicos del Cicpc y militares tras el 3 de enero

En la trama “Azul Celeste” también fueron detenidos y acusados de los mismos cargos el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes, junto a los exfuncionarios del Cicpc Héctor José Martínez Yáñez, David Figueredo Sandoval y Jesús Leonardo Gómez Brito. Por este caso también permanecen privados de libertad el teniente coronel del Ejército Manuel Alejandro Oria Arteaga y el coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas.

En este mismo lapso, las autoridades detuvieron a civiles por expresarse sobre el contexto político. El 5 de enero, los hermanos y agricultores Edubin y Pablo Enrique Montilva Ramírez, de 65 y 64 años, respectivamente, fueron apresados en Guaraque, estado Mérida, acusados de celebrar la captura de Maduro efectuando disparos al aire; ambos fueron excarcelados el 9 de marzo con medidas cautelares. Por su parte, el técnico Yorman Bladimir Acevedo Murillo, de 58 años, fue arrestado el 13 de enero en Aragua por un comentario en TikTok y excarcelado meses después, el 26 de septiembre, tras recibir medidas cautelares de la Cidh.

Otra de las detenidas es Brenda del Carmen Velázquez, ama de casa de 34 años, detenida el 29 de enero frente al Centro Comercial Concresa, en Baruta. Fue imputada por terrorismo y asociación para delinquir por reenviar un mensaje de WhatsApp. Denunció torturas en El Helicoide, actualmente se encuentra en La Crisálida y su audiencia preliminar ha sido diferida en cuatro ocasiones.

Brenda Velázquez, presa política post 3 de enero, sigue sin audiencia preliminar tras cuarta suspensión

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Detenciones en abril, mayo y junio

Para el segundo trimestre del año, se documentó el arresto de José Faustino Hermoso García, quien fue detenido el 30 de abril en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.

Hermoso García, sobrino de un dirigente político del partido opositor Bandera Roja, fue víctima de desaparición forzada. Tanto sus familiares como sus abogados defensores denunciaron intentos por parte de las autoridades de vulnerar y alterar su derecho a la identidad durante el proceso.

Durante el mes de abril también se registró la detención y, horas más tarde, la liberación de Ort Betancourt, César Gómez, Adrián Balza, Tonny Zapata y una quinta persona que no fue identificada. Todos participaron en una movilización hasta el Palacio de Miraflores para exigir salarios dignos. 

Detenciones en julio, agosto y septiembre

En el tercer trimestre, los patrones de detención afectaron a sindicalistas y dirigentes políticos de oposición. El gremialista del Ministerio de Transporte, Orlando Ramírez, fue detenido en Caracas el 8 de septiembre. Ramírez fue víctima de desaparición forzada durante casi un mes, hasta que se concretó su liberación el 7 de octubre.

Liberan al dirigente sindical Orlando Ramírez tras casi un mes en desaparición forzada

En el estado Lara, el exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, fue arrestado el 17 de septiembre y liberado tras un lapso de detención de 6 a 8 horas con medidas cautelares. Igualmente, Fernando Torrealba, militante de Vente Venezuela, resultó detenido el 27 de septiembre en Maracaibo, estado Zulia, y fue excarcelado horas después, ese mismo día.

Ese mismo mes también se registró el arresto de Óscar Morales López, un activista de 56 años, quien participó en una movilización donde decenas de familiares de presos políticos se concentraron y alcanzaron las escaleras de El Calvario, para exigir libertades ante el Palacio de Miraflores. Al día siguiente de esta protesta, Morales fue interceptado arbitrariamente por civiles armados en La Candelaria. Tras pasar varias horas desaparecido y bajo custodia policial en Maripérez, fue finalmente excarcelado esa misma tarde debido a la presión social.

Denuncian secuestro del activista Oscar Morales por cuerpos policiales

Detenciones en octubre

Al inicio del último trimestre del año se registró una nueva ola de arrestos a defensores de derechos humanos y actores políticos. El 9 de octubre, en Pedraza, estado Barinas, fue detenido sin orden judicial el abogado y miembro de Vente Venezuela, Marlon Maya, quien fue liberado tres días después, el 12 de octubre, con medida cautelar.

Ese mismo 9 de octubre, en el estado Lara, fueron aprehendidos la defensora de derechos humanos Auriscar del Valle Pérez y su hermano Carlos Luis Pérez. Ambos fueron excarcelados el 11 de octubre bajo un régimen de presentación cada 30 días.