¿Oportuno para quién? La ciudadanía activa como motor de la transición venezolana

La discusión sobre el futuro político de Venezuela suele entramparse en debates sobre la legitimidad de origen, el reconocimiento internacional y las dinámicas geopolíticas. Sin embargo, la teoría política y la historia contemporánea demuestran con insistencia una premisa fundamental: no existe rescate institucional posible sin la participación activa de la ciudadanía.

Cualquier intento de diseñar una transición democrática de espaldas a la sociedad civil, o bajo la tutela exclusiva de agendas externas, carece de la base social necesaria para sostenerse en el tiempo. La democratización no ocurre en el vacío, ni en la narrativa de las declaraciones oficiales; es una construcción colectiva y de práctica cotidiana.

¿Merece la ciudadanía ser tratada como incapaz? Un severo error en la conducción política ha sido ejercer desde el sesgo paternalista. Es decir, el buenismo del poder decide por ti, por tu bien; una forma de capitis deminutio moderna que despoja a la ciudadanía de su capacidad y agencia democrática, tratándola como incapaz de decidir su propio destino hasta que una tutela externa lo autorice.

Este enfoque, aparte de irrespetuoso, contradice la noción fundamental de agencia política que planteaba Hannah Arendt, para quien la política solo existe cuando los ciudadanos libres actúan y recuperan el espacio público sin estar sometidos a la intermediación de una élite que administra sus tiempos.

Participación ciudadana y elecciones van de la mano. Sin una ruta electoral definida, los llamados a la transición se diluyen en retórica y promesas abstractas.

Sostener la tesis de que la sociedad venezolana “no está lista” o “preparada” para afrontar procesos electorales, o que se debe aguardar por un “momento oportuno” indefinido, resulta conceptualmente erróneo e irrespetuoso de la madurez de la población. Ante la interrogante implícita de ¿oportuno para quién?, la respuesta evidente es que la dilación temporal solo beneficia los cálculos políticos de las cúpulas, mientras prolonga el costo humanitario que recae sobre el ciudadano común.

El mito

Para avanzar hacia una reinstitucionalización pacífica, es indispensable desmontar el mito de la incapacidad ciudadana. La sociedad civil venezolana ha demostrado de forma contundente su compromiso con la paz y su inquebrantable ánimo para canalizar cambios pacíficos, dejando sin base a cualquier diagnóstico de apatía. Incluso ha aceptado que el proceso electoral no sea lo primero; lo que no se le puede pedir es que el camino de la transición sea infinito y sin mapa electoral.

La fijación de un cronograma electoral claro es una variable institucional ineludible. Aporta certidumbre, permite transformar el descontento y la insatisfacción generalizada en agencia ciudadana y hacerla parte de los cambios que se discuten y negocian, porque, ciertamente, la ciudadanía relaciona elecciones con posibilidad de cambios. Y mientras tanto, se pueden gestionar

y encauzar las otras piezas de la institucionalidad del país. Bien se dice en la calle que podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo.

¿Acaso solo tenemos que sentarnos a esperar por los avances en la mesa de diálogo? No. Avanzar bajo la lógica de ciudadanía activa exige abandonar la noción de que la transición política es un proceso lineal o secuencial. La realidad venezolana demanda un paralelismo estratégico; es decir, la capacidad de actuar simultáneamente en múltiples dimensiones. No se trata de elegir entre la alta política y la base social, sino de entender que ambas se retroalimentan.

Es plausible y necesario mantener abiertos los canales en la mesa de diálogo, negociar el restablecimiento pleno de las tarjetas de los partidos políticos, abogar por la liberación de los presos políticos o discutir la arquitectura institucional del Tribunal Supremo de Justicia, mientras en paralelo, y con la misma urgencia, las comunidades, las organizaciones civiles, los partidos políticos, las universidades, los medios de comunicación y los creadores de contenido articulan una acción orgánica capaz de incidir en esta transición. El andamiaje de los acuerdos macro carece de sustento si no se ancla en la capilaridad de una sociedad que ejerce su agencia en el día a día.

El rescate de la república exige un cambio de paradigma: transitar de la dependencia de factores externos hacia el empoderamiento interno. El andamiaje internacional es un complemento valioso en materia de presión diplomática y protección de derechos humanos, pero jamás un sustituto de la soberanía popular.

Abordar la transición desde la ciudadanía activa implica reconocer que el camino es asimétrico y complejo, especialmente cuando los mecanismos de coacción persisten. No obstante, los cambios no ocurren en el vacío; subirle el costo a cualquier intento de infracción a la democracia es posible con una sociedad civil organizada y unida en torno a demandas institucionales concretas. En este caso, la exigencia de un cronograma electoral y el justo reclamo por votar y elegir libremente es, en sí misma, el acto de resistencia más institucional y pacífico disponible.

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