Desde que el 23 de enero el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su condición de constituyente anunció que las elecciones presidenciales de 2018 serían antes del 30 de abril y, tras la aprobación de la propuesta por todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, el proceso ha sido criticado por partidos políticos, organizaciones no gubernamentales en materia electoral, comunidad internacional, sociedad civil y expertos en esta área por el incumplimiento de al menos 10 garantías electorales.
1.- Convocatoria
La Constitución establece que al Poder Electoral, conformado por el Consejo Nacional Electoral y sus organismos subordinados, le corresponde “la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”.
Pese a esto, la Asamblea Nacional Constituyente, que es desconocida por no tener “legitimidad de origen“, emitió un decreto que ordenó al CNE organizar las presidenciales en el mes de abril.
Dos semanas después de esta orden, y tras el fracaso del diálogo entre la oposición y el Gobierno en República Dominicana, el CNE fijó el 22 de abril como el día de los comicios en una alocución pública. También anunció 15 auditorías y dio algunas fechas pero no dio a conocer formalmente el cronograma electoral.
2.- Fecha de elecciones
Los comicios fueron diferidos del 22 de abril al 20 de mayo, luego de que los partidos que postularon a Nicolás Maduro (Psuv y aliados del Gran Polo Patriótico) y los que inscribieron a Henri Falcón (MAS, Avanzada Progresista y Copei) firmaron un acuerdo de garantías electorales, el primero de marzo.
Añadieron además la propuesta que hizo el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, con el respaldo del aspirante opositor Henri Falcón y el expastor Javier Bertucci, de incluir las elecciones que estaban pospuestas en el calendario electoral: diputados a consejos legislativos de los 23 estados del país y concejales de las 335 cámaras municipales.
3.- Cronograma electoral
El CNE, según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, a partir de 2013 ha reducido los lapsos en cada una de las etapas del cronograma electoral para las elecciones presidenciales, y si se comparan los calendarios de 2006, 2012 con los de 2018, los tiempos pasaron de tener hasta tres meses a apenas dos o tres días en aspectos fundamentales, según la última convocatoria para elegir al jefe de Estado.
Entre los “tijerazos temporales” destacan la inscripción al Registro Electoral (RE) hasta las postulaciones de candidatos y la campaña electoral, que han sufrido disminuciones significativas. El OEV también denunció que, a diferencia de anteriores procesos, cuando se anunciaba la fecha se informaban los detalles del cronograma, pero en este caso no fue así.
Tras cambiar la fecha de los comicios el primero de marzo, el CNE se tomó 13 días para dar a conocer el cronograma. Como hubo un cambio y una adición de elecciones, se abrió el RE y solo se dio apertura a las postulaciones de los aspirantes a los consejos legislativos.
El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en voz de su directora Griselda Colina, afirmó que se “trata de elecciones atropelladas, se recortan los plazos para darle a un gobierno que está en el poder la posibilidad para que se mantengan, acciones políticas para que la gente no participe y sembrar en general desconfianza en el árbitro electoral”.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció los cambios al cronograma. Primero con los aplazamientos para escoger la posición en boleta que se prorrogaron hasta cuatro días y después con la reducción para la formación de miembros de juntas regionales y municipales apenas a un día, y que antes solo era de cinco días, así como la notificación a quienes cumplirán estas funciones pasó de 28 a 23 días.
4.- Registro Electoral
El Registro Electoral es considerado el corazón del evento, porque determina el número de personas que participará, además de que de él se escogen quiénes deben cumplir con el servicio electoral obligatorio en mesas de votación, así como en las juntas regionales, municipales y parroquiales para los comicios.
Tanto en la primera fecha del 22 de abril como la definitiva del 20 de mayo, solo se dieron 10 días para la inscripción de nuevos votantes, tanto dentro como fuera del país y las auditorías a la data se acortaron de meses a pocos días.
El 15 de febrero el presidente Maduro, sin ser la autoridad electoral, anunció una extensión de 5 días para la inscripción del RE en el exterior e informó la apertura del Consulado en Miami para que los venezolanos residentes en esta ciudad pudieran hacer cambios y participar.
La segunda apertura del RE se dio con el cambio de fecha al 20 de mayo y se abrió del 2 al 10 de marzo. En teoría, el Registro permitió actualizar datos o inscripción de nuevos votantes por 24 días en el exterior del país y 19 en Venezuela, pero expertos electorales denunciaron las trabas para la inscripción de venezolanos fuera del país, porque además de ser insuficiente conllevó otros obstáculos que no permitieron una asistencia masiva a embajadas o consulados.
El RE en el exterior solo creció en 7.028 votantes, que no representa ni siquiera el 0,5 % de venezolanos que se estiman salieron del país, y en el territorio nacional creció en 910.272 nuevos votantes, para ubicarse en 20 millones 759 mil 809 votantes. Voto Joven se quejó porque en los consulados no trabajaron días feriados, solo en horario de oficina y sin el tiempo o información suficiente, así como la exigencia de pedirle visa permanente a quienes viven en los países donde se oficializó su apertura.
5.- Postulaciones
El OEV, en su informe sobre los venideros comicios, resaltó que para la postulación de candidatos a las presidenciales solo se dieron tres días en 2018 (del 26 al 27 de febrero), mientras que para modificación y sustitución de postulaciones, “el CNE habilitó 118 días en 2012 y estipuló solo el 2 de marzo en 2018 en esta ocasión” y aunque los lapsos fueron cambiados al añadir los consejos legislativos, esto no significó más ampliación de los días, porque “16 actividades se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días, una programación en la que ninguna tarea sobrepasó los ocho días”, dijo el Observatorio
6.- Candidatos inhabilitados y partidos ilegalizados
Los principales candidatos de la oposición no pudieron postularse por procesos administrativos y penales en su contra. Entre ellos; Henrique Capriles Radonski, aspirante en las elecciones de octubre de 2012 y abril de 2013; Leopoldo López, condenado a una pena de casi 14 años por las protestas de febrero de 2014, así como otros como María Corina Machado y en el campo del chavismo disidente el mayor general Miguel Rodríguez Torres, hoy también encarcelado.
Los principales partidos políticos de la oposición fueron ilegalizados después de que en enero fueron obligados a revalidarse por segunda vez en menos de un año ante el CNE por la Constituyente, tras no participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre. Solo Acción Democrática pasó la prueba nuevamente. Voluntad Popular se negó a hacerlo al igual que Puente, mientras que el CNE impidió a Primero Justicia ir a la fase de reparo.
La Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impidió la revalidación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la más votada en la historia electoral del país, y quedó también ilegalizada.
7.- Sin observación internacional clara
En el cronograma electoral no se incluyó la observación nacional ni el acompañamiento internacional, como hizo el CNE hasta 2015. Tras la firma del acuerdo de garantías, se pidió a la Organización de Naciones Unidas encabezar una misión electoral, pero el organismo se negó tras recibir la invitación formal y la visita de los principales candidatos a la contienda o sus representantes.
Lea también: Conozca los ocho mecanismos de asistencia electoral que provee la ONU
8.- Incumplimiento de la Ley Electoral
Ni la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales o su reglamento han sido respetados en este proceso. El OEV destaca entre las irregularidades que se unieran elecciones nacionales con municipales y regionales.
Los comicios de consejos legislativos se convocan con elecciones a gobernadores y los de concejales con las de alcaldes. Además la Ley Orgánica del Poder Público Municipal prohíbe eventos comiciales locales con nacionales.
Para determinar las circunscripciones electorales, el CNE debió hacerlo cumpliendo con las estimaciones de población que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas, que antes de dárselas al Poder Electoral necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Este paso no se siguió y el CNE publicó la circunscripciones para los consejos legislativos a su criterio y sin responder a estas quejas.
Lea también: CNE aumentó número de diputados estadales sin dar a conocer proyecciones poblacionales, denuncia OEV
9.- Condena internacional
Los países de la Unión Europea, Estados Unidos y los del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) han anunciado que desconocerán los resultados del proceso electoral porque no se están cumpliendo las garantías para que sea transparente, justo y equilbrado, por la mayoría de las condiciones aquí denunciadas por los expertos.
Lea también: Grupo de Lima desconocerá elecciones del 22 de Abril y pide nuevo cronograma
10. – Acuerdo de Garantías Electorales
La firma del acuerdo de garantías electorales entre tres de los cinco candidatos presidenciales (Maduro, Falcón y Bertucci) fue presentada como una ampliación de las normas para el proceso al contemplar entre otros aspectos la eliminación de los “puntos rojos” de control del chavismo, que ahora deberán estar más lejos de los centros de votación; la observación internacional y el retorno de los centros de votación cambiados durante la escogencia de la ANC y las elecciones regionales 2017, lo cual fue planteado como una concesión del Poder Electoral con los partidos, candidatos y la ciudadanía.
El acuerdo ha sido cuestionado y rechazado por las organizaciones Voto Joven, Cepaz y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia. “El acuerdo de garantías electorales es un engaño al ciudadano, pues contempla puntos que ya están establecidos en la Ley y que el CNE no ha cumplido”, sentenció la directora del Cepaz, Beatriz Borges, el pasado 27 de marzo.
Foto: La Radio del Sur