En medio del avance de la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se producen nuevas inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores.
Esta vez, las nuevas sanciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) afectan a los integrantes de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, Tomás Guanipa y el representante de la MUD ante el Poder Electoral, Juan Carlos Caldera, así como a los alcaldes de El Hatillo, Elías Sayegh y de los Salias, Josy Fernández, exmiembros de Fuerza Vecinal (FV ).
El presidente de la firma consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos y el politólogo Enderson Sequera, consideran que las medidas son un pase de factura por el esfuerzo a favor de la unidad opositora, además de que, sostuvo, van preparando el camino para anular algunos liderazgos de cara a las elecciones regionales y parlamentarias que deberían realizarse en el año 2025.
“En estrategia se dice que la amenaza siempre es más efectiva que la aplicación de la misma. Es decir, te amenazo que si haces lo que yo no quiero que hagas yo uso mi carta de respaldo y te haré daño. Es para que no hagas lo que yo no quiero que hagas. En este caso PJ debe haber sido presionada para que no respaldara a un candidato unitario y al hacerlo se expuso para que el gobierno implementara su carta de amenaza, si no lo hiciera, sus amenazas futuras pierden efectividad”, sostuvo el consultor Ríos.
Complica situación de PJ
En medio de las conversaciones en el seno opositor antes de definir la candidatura unitaria en la persona de González Urrutia, se dijo extraoficialmente que el ala de PJ de la mano de Henrique Capriles, quien se retiró de las primarias de 2023, apoyaba la aspiración presidencial de Manuel Rosales.
En cambio, Ocariz, Caldera, Juan Pablo Guanipa y la presidenta de la tolda, María Beatriz Martínez, optaron por respetar el liderazgo de María Corina Machado y que la decisión fuera en consenso con la Plataforma Unitaria.
«Las inhabilitaciones responden a la estrategia del gobierno de profundizar las divisiones dentro de la oposición. ¿De qué forma? Anulando posibles competidores del partido Fuerza Vecinal de cara a las elecciones regionales en Miranda y, con ello, dando incentivos para que este partido siga apoyando la candidatura de Antonio Ecarri, que puede restar algunos votos a Edmundo González y no apoye la candidatura unitaria», apuntó Sequera.
Con respecto a Sayegh y Fernández encabezaron las voces disidentes de FV que rechazaron la no participación de la tolda en las primarias del 22 de octubre y ahora respaldan la opción de González Urrutia. Otros miembros activos de FV expresan ahora su inconformidad por la adhesión de la tarjeta de esa organización a la candidatura presidencial de Antonio Ecarri y anuncian que apoyan al diplomático de carrera.
“Es una jugada multipropósito porque complica la situación de PJ y esos cuadros de PJ para una eventual participación electoral para las parlamentarias de 2025 y las posibles elecciones regionales. Es una jugada retaliativa, un poco ejemplarizante que sale de la línea de las amenazas, pero también va limpiando el camino para las regionales que pueden ser espacio de negociación para los aliados del gobierno y para el gobierno mismo”, acotó Ríos.
Mensaje: nadie se salva
Este lunes 22 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció su decisión de mantener la intervención sobre PJ (iniciada en 2020) y devolver el control (tarjeta electoral, símbolos y bienes) al disidente José Brito, luego de someter a la organización a un limbo de casi cuatro años, sin representantes legales.
El fallo dio pie al Poder Electoral para que concediera a Brito una prórroga para adherir la tarjeta a una candidatura (en este caso la de Brito) y así formalizar la participación de la tolda intervenida en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Es importante destacar que todos los dirigentes inhabilitados pertenecen a corrientes moderadas de la oposición. Esto es un mensaje importante: ni la moderación es un salvoconducto contra la represión institucional del gobierno», advirtió Sequera.
Historial de inhabilitaciones
El pasado 16 de marzo, el también dirigente de PJ, Juan Pablo Guanipa, apareció como inhabilitado para ejercer cargos públicos, al igual que el exgobernador del Táchira y excandidato a las primarias, César Pérez Vivas, en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Guanipa recibió sanción de la Contraloría desde febrero de 2021 por 15 años, mientras que contra Pérez Vivas no se conocía ningún procedimiento previo, aparte de una inhabilitación por siete años que ya expiró en 2022.
A la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, se le impide ser candidata presidencial por una inhabilitación sorpresiva que le impuso la CGR por 15 años a partir de 2023. La medida fue ratificada por el TSJ en enero de este año. La medida es considerada ilegal porque la dirigente de Vente Venezuela no fue notificada de ningún procedimiento en su contra y no tuvo derecho a la defensa, aparte de que las causas de la medida no están claras.
En enero de 2024, también le fue ratificada la sanción a uno de los fundadores de PJ, Henrique Capriles por 15 años, medida que está vigente desde 2017. Inhabilitados también están el expresidente del gobierno interino Juan Guaidó, Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera, Rafael Veloz, Jesús Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero y Winston Flores Gómez, entre otros opositores.
Otra inhabilitación que causó gran polémica fue la del exdiputado de 2015, Freddy Superlano, luego de ganar la elección de la gobernación de Barinas en las regionales de 2021. Para entonces el TSJ ordenó repetir los comicios el 9 de enero de 2022, que volvió a ganar la oposición con Sergio Garrido, postulado por la tarjeta de la MUD.