Siete personas siguen detenidas por ser allegadas a Óscar Pérez

SUCESOS · 16 ENERO, 2019 09:00

Ver más de

Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24


¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Los abusos policiales y militares no terminaron con la muerte de Óscar Pérez. Aunque el exinspector se convirtió en objetivo del Gobierno desde junio de 2016, su asesinato no fue suficiente. Cerca de 30 personas sufrieron torturas y tratos crueles y después de un año de la masacre de El Junquito siete personas continúan detenidas por ser vinculadas al caso.

Desde el 27 de junio de 2017, el exoficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) era buscado por los organismos de seguridad. Ese día tomó un helicóptero del ente criminalístico, sobrevoló Caracas y disparó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde la nave extendió una pancarta que decía «350 libertad», en alusión al artículo de la Constitución.

Ese 27 de junio no hubo heridos.  El hecho fue considerado como un acto terrorista. Los meses siguientes, sus mensajes fueron controversiales. Usó las redes sociales para difundir diversos comunicados en los que llamaba a «luchar por la libertad del país».

En diciembre de ese mismo año, Óscar Pérez y su grupo asaltó un comando de la Guardia Nacional en las afueras de Laguneta de La Montaña, estado Miranda. En ese hecho, sometió a los funcionarios de guardia y sustrajo 26 fusiles Kalashnikov (AK-103), tres pistolas, 108 cargadores de AK-103, tres cargadores de pistola, 3.240 municiones para fusiles AK-103 y 67 municiones 9 milímetros.

A los militares amarrados les dio una charla sobre el deber de un uniformado. “Sean dignos del uniforme que tienen puesto”, les dijo. Tampoco hubo heridos en este episodio.

Solo después de la muerte de Óscar Pérez, Daniel Soto TorresAbraham Lugo RamosJairo Lugo RamosJosé Alejandro Díaz Pimentel  y Abraham Agostini Agostini se conoció que estaban investigados por terrorismo, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) (Art 570 del Código Orgánico de Justicia Militar).

Todos ellos murieron en lo que se considera como una masacre, el 15 de enero de 2018. Allí también fue asesinada Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, una enfermera pareja de Díaz Pimentel.

Las secuelas

El 24 de septiembre del año pasado se registró la última detención relacionada al caso Óscar Pérez. Se trató del periodista Isnardo Bravo. El día de la masacre en El Junquito, él indicó en su cuenta de Twitter que conocía al exfuncionario.

El comunicador fue aprehendido por miembros de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en el Aeropuerto de Maiquetía. Por horas lo tuvieron retenido en la sede de Boleíta y finalmente fue liberado el mismo día.

Se le prohibió emitir información o declarar sobre el caso de Óscar Pérez. Esta fue la razón por la que lo llevaron hasta la sede de la Dgcim.

En la retención de Bravo no hubo una orden judicial que avalara el procedimiento. Pero esta irregularidad no fue la única que registraron las detenciones por el caso.

«La mayoría de los detenidos fueron torturados y víctimas de tratos crueles. Incluso llegaron a ser cortados en la planta de los pies, asfixiados y golpeados», afirmó el abogado Alonso Medina Roa, quien representa a varios de los privados de libertad.

Esta información fue expuesta en la audiencia preliminar. El 5 de diciembre de 2018 inició la cita judicial en el Tribunal Militar 2° de Control, en Fuerte Tiuna. Allí llevaron a las últimas 12 personas que fueron aprehendidas. Para el gobierno estaban relacionadas con Óscar Pérez.

La audiencia se extendió por cinco días. El abogado Medina Roa estuvo presente en todas. Aseguró que tanto el juez, teniente coronel José Mejías. como el fiscal militar omitieron las denuncias de torturas.

«Todos afirmaron ante el tribunal militar la forma en la que fueron salvajemente torturados durante la detención. Señalaron a miembros del Dgcim como sus victimarios. No hubo pronunciamiento efectivo a estas denuncias», afirmó a Efecto Cocuyo

De acuerdo con Foro Penal, el 10 de diciembre fueron liberadas sin medidas cautelares: Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta, Laura Vanessa Ruiz Lugo, primer teniente Robert Isaac Escalona Alvarado, primer teniente Jhonander Antonio Ceiba Sergio y el primer teniente Anderson Pérez Briceño.

Medina Roa indicó que tres personas pasaron a juicio: William Alberto Aguado Sequera, Antonio José Pérez Cisneros y el primer teniente Eduardo José Amaya.

Otras cuatro personas en esa audiencia preliminar asumieron los delitos para asegurar una celeridad en el proceso judicial: los primer tenientes Simón Alberto Torres Varela, Alberto Alejandro Maita Espinoza, Carlos Alfredo Arias Pantoja y Gustavo Adolfo Sandoval Quintero; y Eva María Lugo.

Razzia

La Asamblea Nacional estuvo tres meses investigando la violación de derechos humanos entorno al caso. Determinó que fueron 30 las personas que estuvieron detenidas por vínculos con Óscar Pérez.

El gobierno aprehendió desde al cineasta que produjo la película Muerte Suspendida, en la que actuó el exfuncionario, hasta los padres de varios de sus allegados. Algunas de las detenciones se produjo en 2017 y no se conoció hasta que ocurrió la masacre de El Junquito.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) un expediente en el que no solo incluía pruebas del crimen de lesa humanidad contra las siete víctimas de la Operación Gedeón -como llamó el gobierno al procedimiento del 15 de julio. También denunció allí la persecución contra los allegados de Óscar Pérez.