OEA aprueba una resolución que exige elecciones en Nicaragua y la liberación de presos

OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra régimen de Ortega

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La propuesta cuenta con el respaldo inicial de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. No obstante, la medida enfrenta resistencia geopolítica por parte de Brasil, México y Uruguay, cuyos representantes diplomáticos invocan el principio de no injerencia en asuntos internos y protegen intereses económicos vinculados con China, Rusia e Irán.

Una compleja negociación logra destrabar el estancamiento diplomático y permite que el pleno del organismo apruebe la medida por unanimidad. El texto oficial establece la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, el cual debe entablar un diálogo con sectores políticos y entregar recomendaciones en un plazo de sesenta días.

Las exigencias principales del bloque continental incluyen el cese de las represalias, el restablecimiento de las libertades públicas y la liberación incondicional de los presos políticos. Asimismo, la normativa demanda la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles para todas las personas despojadas de forma arbitraria, además de garantizar el retorno seguro de los exiliados.

La consolidación de estas medidas busca frenar el impacto de la reforma gubernamental que cancela las elecciones presidenciales previstas para noviembre y facilita la permanencia del poder ejecutivo hasta el año 2033. El proceso político contempla una segunda votación formal fijada para el dieciocho de enero de 2027, fecha límite clave para evitar una profundización de la crisis institucional.

La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.

Pero los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y de los instrumentos de protección de derechos humanos.

“La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, expresa el texto.

La última vez que la OEA convocó una “reunión de consulta” (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.

Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Managua ha quedado aún más aislada en una región que además ha protagonizado un acusado giro a la derecha.

Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar sus intereses en el actual ciclo político.