Abogados del Foro Penal acompañarán a las familias de Óscar Pérez y seis fallecidos en el procedimiento militar del 15 de enero en El Junquito, en Distrito Capital. Además pedirán a las autoridades judiciales que se investigue si hubo una “ejecución del rendido” y un uso desproporcionado de la fuerza letal. Para ello, aseguran que se requiere una nueva autopsia.
No es la primera vez que un Estado es señalado por una ejecución extrajudicial y tampoco es la primera vez que en Venezuela una operación policial o militar genera esa duda. Pero sí es inédito que las víctimas de un presunto enfrentamiento dejen testimonio grabado y publicado.
Esta es una de las razones por las que el equipo de abogados de una de las organizaciones pro derechos humanos más reconocidas en el país precisó que, en este caso, es necesario que se retrotraigan todas las experticias.
“Se requiere que haya una nueva autopsia, un nuevo informe médico forense donde existan expertos independientes del Estado para que se pueda determinar la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando es si el Estado actuó de forma irresponsable”, indicó Alfredo Romero, director de Foro Penal.
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Este jueves 25 de enero, la organización ofreció un balance sobre la situación de los presos políticos en Venezuela en la que informó que hasta la fecha hay 224 casos y mostraron su preocupación con el aumento de esta cifra.
Precisaron que solo en lo que va de enero, 53 personas fueron arrestadas por causas políticas y 21 de estas aprehensiones se presume que están relacionadas con la investigación del Gobierno contra Óscar Pérez, a quien desde el 27 de junio de 2017 se le buscaba por “terrorismo”.
Una de estas detenciones es la de Jameson Marcial Jiménez, amigo de la infancia de Pérez y trabajador del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), quien fue aprehendido el 17 de enero por agentes de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas.
Traición a la patria, rebelión de armas y sustracción de armas fueron los delitos que le imputó una fiscalía militar y por los cuales el 23 de enero quedó privado de libertad, gracias a la decisión de un tribunal de la jurisdicción castrense.
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Ejecución del rendido
“No se puede olvidar simplemente una situación como esta, donde resultaron asesinadas nueve personas. Estamos obligados a que se sepa la verdad“, exclamó Romero. Además del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), también murieron seis de sus compañeros, incluyendo a una mujer (Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla) quien era pareja de uno de los integrantes del grupo de Pérez y no estaba armada; además de un PNB y otro hombre que participaba como agente del Estado sin serlo.
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Desde su experiencia como abogado penalista y defensor de derechos humanos, en el caso de Óscar Pérez hay pruebas que permiten presumir que hubo una rendición del grupo armado y que sus miembros fueron asesinados después de deponer sus armas.
Una de esos indicios son los videos que el propio Pérez grabó y difundió mientras se desarrollaba la operación militar y judicial. También están las actas de defunción de seis de las víctimas, en las que se apunta que murieron a causa de un tiro en la cabeza.
“Hay que investigar si hubo o no el concepto que se conoce como ejecución del rendido. Eso implica una responsabilidad penal e individual, así como una responsabilidad del Estado”, dijo Romero.
Para el defensor de derechos humanos, es deber de las autoridades del Estado revisar si el uso proporcional de la fuerza letal se cumplió o no.
Los videos que se filtraron en las redes sociales en los que se puede ver cómo los funcionarios usaron armas de guerra en contra de las siete personas que estaban en el chalet de El Junquito, es otra prueba de lo que podría acarrear una violación a los derechos humanos, según Foro Penal.
Los cuerpos de seguridad del Estado accionaron fusiles, granadas de mano, subametralladoras y lanzacohetes contra el refugio en el que se escondían y su grupo, incluida la mujer que no estaba armada.
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“Tenemos que decir que esta operación fue un fracaso. En términos de respetar la vida de las personas, la verdad y un debido proceso, no se obtuvo porque todas las personas resultaron asesinadas y esto trae como consecuencia no existen testigos presenciales del lado de estas personas, que puedan reflejar especialmente lo que pasó”, detalló Romero.
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