Juristas: Consejo de Revisión de Credenciales para el TSJ busca garantías, pero no es vinculante

Como parte del segundo acuerdo de la mesa de diálogo entre el interinato y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, suscrito este 25 de septiembre, se designó  a los miembros del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte del “fortalecimiento de la democracia y Poder Judicial”.

Los nombres anunciados son: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, María Bernardoni Govea, Cilio Sánchez Zerpa, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor. Desde el primer acuerdo de la mesa firmado en agosto, se hizo hincapié en que con la conformación de este grupo se busca “blindar” el proceso de designación de 32 magistrados del TSJ para que los mejores ocupen los cargos en las siete salas del máximo tribunal de la República, con base al diseño de un estricto baremo.

La delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera ha “vendido” el nombramiento como una garantía adicional para lograr un TSJ independiente que no responda a los intereses del Ejecutivo ni a un partido político. La sociedad civil permanece vigilante para que así sea.

Abogados constitucionalistas consultados por Efecto Cocuyo dicen entender el propósito de la decisión: generar confianza en el proceso y un balance político, pero también advierten que la instancia no está prevista en la Constitución y la ley que solo hablan del Comité de Postulaciones Judiciales. 

Nelson Chitty la Roche y Gustavo Manzo señalan que el carácter del Consejo de Revisión de Credenciales es de un órgano asesor que hará recomendaciones pero no son vinculantes, es decir,  que la AN dominada por el chavismo es la que hará el nombramiento final de los magistrados con los riesgos que conlleva. La voluntad de cambio político desde el tutelaje de Estados Unidos y el interinato parecen tener la última palabra sobre el destino del actual proceso.

Propio de la excepcionalidad 

“La designación (del Consejo) forma parte de un proceso sui generis que no se corresponde con el proceso constitucional y es propio de la excepcionalidad con la que vive el país. Nada de esto es constitucional sino inscrito en una facticidad desnuda”, señaló Chitty La Roche.

Para el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, la naturaleza de dicha comisión que funcionará en paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales nombrado por la AN de 2025,  es de “asesora”.

Mesa de negociaciones acuerda comité que evaluará credenciales de postulados al TSJ

La Carta Magna en su artículo 270 solo contempla el Comité de Postulaciones Judiciales como un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos a magistrados del TSJ y de los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria. El mismo artículo indica que estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

“El Consejo de Verificación de Credenciales no aparece en ninguna parte por lo que este es un procedimiento ad hoc. La AN modificó la Ley del TSJ pero para ampliar el número de integrantes del Comité de Postulaciones por la sociedad civil. Si el Comité de Postulaciones quiere contratar el servicio de juristas para ayudar a revisar credenciales, lo puede hacer sin que eso forme parte de una mesa de negociación, por lo que anunciarlo de esta manera busca un efecto político”, coincidió Manzo. 

Apenas se anunció el nombramiento por parte de la mesa de diálogo, trascendió que los juristas Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea fueron propuestos por la delegación opositora, mientras que Sánchez Zerpa,  Nieves Bastidas y Fuenmayor Gallo son avalados por el interinato y han formado parte del sistema de justicia. 

“La mayoría” por la parte opositora fue notada, aunque no dejo de criticarse que de nuevo pesaran las “cuotas políticas” para conformar el grupo. Algunos análisis percibieron la búsqueda de una especie de balance frente a la mayoría chavista en el Parlamento, así como el hecho de que la sociedad civil será mayoría en el Comité de Postulaciones Judiciales en una relación de 12 frente a 11 diputados. 

Manzo, profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet), advirtió que uno de los “riesgos” es el carácter no vinculante de las decisiones del grupo, por lo que no sería de extrañar que el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez, que además es el jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo, haga valer su potestad: “El que toma la decisión soy yo, no el asesor”. Recordó además que en el camino hacia una transición en Venezuela, aún existe el peligro de una “regresión autoritaria” con algunas “aperturas”. 

Expertos ven con buenos ojos la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales para el TSJ

“Es difícil que el chavismo acepte que una comisión presente una lista filtrada por ella, en la que presente a una gente con opciones al TSJ y a otras no. La revisión debe objetivizarse y el baremo dispone cuántos puntos tiene cada uno. Hasta allí es que puede llegar el trabajo de esa comisión”, subrayó Chitty La Roche. 

El integrante de la mesa de diálogo y de la comisión que trabaja el tema del Poder Judicial, por el grupo opositor, Juan Miguel Matheus aseguró que los cuatro nombres propuestos representan una garantía para el país y para el foro jurídico venezolano.

“Es fundamental que existan certezas temporales, transparencia y confiabilidad en cada una de sus etapas. Todo el procedimiento debe desarrollarse bajo la mirada atenta de los ciudadanos”, expresó el pasado fin de semana. 

Transparencia y presión 

Sobre los cuatro nombres puestos en la mesa por la representación de la AN de 2015, Manzo y Chitty La Roche también coinciden en señalar que son destacados juristas con gran trayectoria y reconocida honorabilidad pero se preguntan hasta dónde llegará la incidencia. 

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien supervisa la mesa de diálogo, reiteró este 29 de septiembre que trabajan “muy duro” con la AN para poner en marcha las condiciones necesarias para tener elecciones libres y justas lo antes posible. En dichas condiciones, el TSJ juega un rol importante. 

Acceso a la Justicia propone un baremo y pide celeridad en selección de magistrados del TSJ

Otras voces como la del asesor legal de Vente Venezuela y preso político, Perkins Rocha, también avalaron los nombramientos. Rocha destacó “el alto grado académico, ciudadano y moral” que reúnen los cuatro integrantes propuestos. 

“La auditoría (revisión) es positiva para que no resulten como magistrados de una Sala, personas sin la suficiente experticia en la materia específica que corresponde a cada Sala del TSJ. El exponer a estas personas al ojo público puede ser importante para la transparencia pero también les añade más presión a este grupo en un proceso que viene con velocidad baja”, apuntó Manzo.

Belén Ramírez Landaeta fue magistrada de la Corte Primera Contencioso Administrativo; Rogelio Pérez Perdomo, fue decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Unimet e Individuo de Número de la Academia de la Historia; Bernardo Pulido Márquez, es abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello (Ucab), con maestría en Ciencias Jurídicas en Stanford Law School y en Notre Dame Law School, además de litigante de derechos humanos.

María Bernardoni Govea es una experimentada jurista con formación en derecho laboral en la Universidad de Roma y es conocida por haber sido ministra del Trabajo del segundo gobierno de Rafael Caldera.

Los nombres que contaron con el visto bueno del interinato son Cilio Sánchez Zerpa, designado magistrado suplente en 2022 en la Sala de Casación Social del TSJ; Deyanira Nieves, exmagistrada del TSJ de la Sala de Casación Penal y Federico Fuenmayor,  jurista con especialización en derecho constitucional, derecho penal y derecho penitenciario.

Manzo igualmente advierte que la opinión pública puede percibir “equilibrio” en la composición del Consejo de Revisión, pero lo importante es ver hacia donde desemboca la selección en la AN con el Comité de Postulaciones Judiciales y los nombres que sometan a la consideración de la plenaria de diputados con mayoría del chavismo. 

De acuerdo con la delegación opositora, la comisión sobre el Poder Judicial que integra Matheus también trabaja en una propuesta de baremo. 

El pasado 25 de septiembre, la ONG Acceso a la Justicia planteó en que como parte de la escala a evaluar entre los aspirantes a magistrados del TSJ se haga una verificación estricta de varias causales éticas, entre ellas no poseer sanciones ni denuncias declaradas con lugar ante el Colegio de Abogados o la Inspectoría General de Tribunales, ni amonestaciones por conducta impropia. Asimismo, en caso de haber ejercido cargos públicos, no estar señalado en informes de organismos nacionales o internacionales de protección por violaciones a los derechos humanos.