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Un año y tres meses después de la masacre de El Junquito, Luisa Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, recogió pruebas «contundentes». Este 14 de marzo, informó que llevará a la Corte Penal Internacional un conjunto de fotos que permitirían determinar lo que ocurrió el 15 de enero de 2017 al grupo rebelde de Óscar Pérez.

«Este registro de más de 300 fotos, irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación», expuso en su cuenta de Twitter.

A los mensajes publicados añadió dos fotografías en las que se ve el torso y cabeza de un cuerpo. En él varios agujeros fueron señalados por los expertos criminalísticos.

«También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del Faes, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro», aseveró la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El 15 de enero de 2018, el paso hacia el sector El Cujicito de la urbanización Araguaney de El Junquito, en Distrito Capital, fue prohibido. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban allí en la búsqueda del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez. Este funcionario se opuso al Gobierno.

Pese a que hubo una rendición, grabada por las mismas víctimas y publicadas en vivo, al mediodía de ese día ya habían muerto Pérez, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini.

Expediente continuado

El 16 de noviembre de 2017, Ortega Díaz, presentó una denuncia ante la CPI, con sede en La Haya. Nicolás Maduro figura en el documento como el principal responsable de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y junto a él cuatro generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb): Néstor Reverol, Gustavo González López, Antonio Benavides y Vladimir Padrino.

A este expediente se le sumó la denuncia hecha por la propia Ortega Díaz en marzo de 2018. En ella se registró el asesinato de Óscar Pérez y seis de sus aliados. Ahora, este documento es sometido junto al primero a un examen preliminar de los fiscales de esta corte internacional. Buscan determinar si existe un crimen de lesa humanidad y corroborar si el Estado venezolano investiga tales crímenes.

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