Desde el pasado 8 de julio, el Gobierno de Nicolás Maduro a través de sus autoridades encargadas de la seguridad ejecuta un plan en contra de las bandas delincuenciales de Caracas, al que bautizó Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, con el que respondió a los varios días de enfrentamientos a disparos que mantuvieron algunas de esas organizaciones criminales en el centro oeste y sur de Caracas, especialmente las lideradas por Carlos Revete, alias «Koki»; Carlos Calderón Martínez, conocido como «el Vampi» y Garbis Ochoa, «el Garbis».
Ese operativo se ejecutó ese fin de semana en la Cota 905 y sus alrededores, y tuvo réplica este sábado en varios sectores de Petare, al otro extremo de la ciudad de Caracas, donde este 17 de julio un total de 33 personas fueron detenidas, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Endes Palencia.
Realizan Operativo Cacique Guaicaipuro en Petare para identificar presuntos miembros de bandas delincuenciales #17Jul
En declaraciones al canal estatal VTV, indicó que los funcionarios policiales detuvieron a 21 personas solicitadas por diferentes delitos, incluidos los de homicidio y robo; a seis que se encontraban cometiendo delitos durante el operativo y a otros seis ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Detalló que los seis colombianos se encontraban sin documentación, pero que al momento de su detención manifestaron ser de Colombia, por lo que indicó que está trabajando con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para los procedimientos correspondientes.
«He de hacer notar también que hubo nueve delincuentes, quienes se enfrentaron a las fuerzas del orden. De estos nueve delincuentes, siete corresponden a la banda del «Wilexis» (conocida en la zona) y dos que provinieron de la Cota 905, desplazados de esa zona cuando la operación se realizó en la parroquia El Paraíso», dijo.
El viceministro, sin embargo, no aclaró qué sucedió con estos delincuentes que se enfrentaron a la Policía, aunque se dice que fueron «neutralizados».
Durante el operativo que contó con el despliegue de 2.200 funcionarios miembros de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicp), la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite FAES, se incautaron 15 armamentos de distintos tipos.
También se incautaron «62 envoltorios de presunta droga denominada crispy», agregó el ministro sin detallar cuál fue la cantidad encontrada.
¿Neutralización o violación de los DD. HH.?
Es la segunda vez en esta semana que las autoridades del país utilizan el término «neutralizar» para referirse a los actos que se han ejecutado en el marco de este operativo contra la delincuencia organizada, a la que también han tildado de paramilitar y vinculan además con sectores políticos de la oposición venezolana, colombiana y de Estados Unidos.
Para Marino Alvarado, activista por los derechos humanos y miembro de la organización Provea, esas operaciones policiales mixtas realizadas en la Cota 905 y Petare se asemejan a las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), realizadas entre 2015 y 2017, mismas que produjeron graves violaciones a los derechos humanos, según denunciaron varias instituciones defensoras de los DD. HH.
«Se caracterizaron por: 1) toma policial y militar de amplios territorios. 2) allanamientos masivos sin orden judicial 3) numerosas ejecuciones 5) partes oficiales donde el indicador de eficiencia del operativo era la cantidad de asesinatos que cometían las fuerzas de seguridad», indicó Alvarado.
El activista recuerda que las OLP fueron lanzadas en un contexto preelectoral como «oferta de mano dura contra la delincuencia».
«Las OLP constituyeron un rotundo fracaso, sin embargo electoralmente le funcionó al gobierno, pero al final las bandas se fortalecieron», dijo.
Alvarado opina que todos esas iniciativas del Estado, muchas de ellas cuestionadas por ONG nacionales e Internacionales, incluidas por igual en los informes sobre delitos de lesa humanidad suscritos por entes de las naciones Unidas, han afianzado la militarización de las labores de seguridad ciudadana en una lógica de «enemigo interno», muy propia de las políticas de seguridad nacional.
«La acción conjunta de fuerzas de seguridad diversas dificulta conocer las responsabilidades en los abusos que se perpetran, favorece la impunidad y genera complicidades entre distintos organismos de seguridad en las violaciones que ocurren», dijo.
Balance nada favorable
Según una recopilación de la plataforma Monitor de Víctimas, que identificó a varios de los fallecidos en el operativo policial en la Cota 905, Gran Cacique Indio Guaicaipuro dejó un saldo de 22 personas fallecidas, según el primer balance ofrecido por Carmen Meléndez, ministra del régimen para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Esta plataforma contabilizó la muerte de 19 civiles y cuatro funcionarios policiales. Cuatro de los ciudadanos fallecidos pertenecían presuntamente a grupos delictivos de la Cota 905 y La Vega.
Mientras que el resto de las víctimas no tenían relación con las bandas criminales y murieron por balas perdidas o presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Maduro afirma que en la Cota 905 fueron “neutralizados” más de 30 delincuentes por el Operativo Cacique Guaicaipuro