Ministerio Público informa que procesó 85 casos de tráfico de armas en seis meses

SUCESOS · 1 JULIO, 2021 13:49

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Ibis Leon | @ibisL


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En el primer semestre del año, el Ministerio Público (MP) procesó 85 casos de tráfico de armas y detuvo a 137 personas relacionadas con este delito. El 80% de las aprehensiones se produjeron en los estados Bolívar, Zulia, Miranda  y Caracas.

Las dos primeras entidades son fronterizas y tienen presencia de grupos armados paraestatales, según denuncias de pobladores de la zona y organizaciones no gubernamentales, mientras que en el Área Metropolitana de Caracas operan bandas criminales como la de El Coqui.

El titular del MP, Tarek William Saab, precisó que en estos procedimientos se han incautado 53 pistolas; 18 fusiles, entre ellos tres fusiles AK47 y cuatro fusiles AK 103 y el resto AR15; cuatro subametralladoras, nueve escopetas, nueve granadas, 2.300 cartuchos y 8.208 municiones.

También 127 cargadores, tres bombas lacrimógenas, dos lanza granadas, un par de supresores de sonido y más de 20 kilogramos de explosivos.

Saab se refirió a dos casos recientes ocurridos en La Guaira. Los ciudadanos Geovanny Manuel Millán y Maiquer Eloy Hernández fueron detenidos el pasado mes de febrero por los supuestos delitos de tráfico ilícito de armas, terrorismo y asociación para delinquir.

A los imputados se le incautó cinco mil dólares estadounidenses, nueve armas de distintos tipos, 34 cargadores para pistolas y fusil, además de 1.580 municiones para diferentes armas. Ambos enfrentan una condena de entre 15 y 25 años de cárcel.

El segundo caso es de abril de este año. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) capturaron a Karel José Farías y Johan Orlando Romero, quienes trasladaban en el interior de la carrocería de dos vehículos diferentes tipos de armas y municiones.

Se les acusa de cometer los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación.

Extorsión

El fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, también se refirió a una mafia de extorsión que involucraba a funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti) en el estado Guárico.

Según Saab, los funcionarios del Inti Pedro Carpio, Miguel Aponte y Carlos Mirabal exigían grandes sumas de dinero a cambio de procesar trámites relacionados con la actualización de documentos, asignación de tierras y formación irregular de expedientes administrativos.

Son imputados por extorsión agravada, corrupción propia agravada, asociación agravada y forjamiento de documento público.