Las primeras 48 horas

Los terremotos del 24 de junio de 2026 quedarán grabados en la memoria colectiva venezolana por las dos reacciones distintas, pero íntimamente relacionadas, ocurridas durante las primeras 48 horas que siguieron a la sacudida repentina de la tierra.

Por un lado, la de una sociedad que de manera espontánea, masiva, desinteresada, incluso heroica, corrió a socorrer casi de inmediato a familiares, vecinos y desconocidos. Miles y miles de venezolanos que se autoconvocaron, organizaron y actuaron motivados por el instinto natural de la solidaridad humana hacia el prójimo. Esa es una cara de la tragedia.

La otra quedó expresada en la absoluta ausencia de respuesta de un Estado que, desde esas primeras y cruciales horas, dejó claro cuál sería su actitud y aptitud ante la catástrofe. El gobierno interino de Delcy Rodríguez no es el primero que se ve sobrepasado por circunstancias similares. Otro gobierno, incluso en mejores condiciones socioeconómicas, probablemente se hubiera privado inicialmente ante la magnitud de un desastre natural de tales dimensiones.

Pero lo particular de este caso, es que la población se movilizó consciente de que su Estado no lo haría, que le fallaría como lo ha hecho a largo de muchos años. Los venezolanos se encuentran indignados, pero no sorprendidos. De modo que tenemos una sociedad que desconfía profundamente de su Estado, porque sabe que este no está para servirla, protegerla y proveerla de servicios básicos, sino para expoliarla y reprimirla en cada oportunidad que se presente.

Como es de sobra conocido, esa desconfianza tiene fundamentos. El Estado (el Estado chavista) ha sido concebido en la lógica del enemigo interno.  En la misma, la desconfianza profunda en sus ciudadanos y en todo factor que no se le someta es fundamental. Su estructura es la del control, no la del servicio. Preservar a toda costa el poder es el objetivo supremo.

Eso es exactamente lo que ha hecho estos días. La cúpula chavista viene procediendo como en todas las crisis ocurridas anteriormente: de manera opaca, cerrándose en sí misma, designado otro “estado mayor especial”, a otra comisión, siempre con las mismas caras; militarizando, culpando a otros, e intentando controlar el relato.

¿Dónde están el gobernador de La Guaira y la Fanb?

No hemos visto al gobernador, al alcalde, los diputados o concejales de La Guaira, epicentro del drama, efectuando una inspección, coordinando acciones, haciendo un balance, o dando una declaración. Todos los focos de la atención oficial se dirigen hacia el triunvirato que no oculta las ansias de reafirmar su posición.

Obviamente estamos ante un Estado que luego de largos años de crisis ha perdido sus capacidades. Probablemente esa realidad explique, por ejemplo, la notoria ausencia de la Fuerza Armada (FANB) en esta hora, en ostensible contraste con el papel que en otros eventos naturales tuvo la institución militar del pasado.

Pero en vez de intentar suplir sus deficiencias apoyándose en una sociedad civil activa y deseosa de ayudar, la reacción oficial ha consistido en coartarla. Detrás de cada pala se ha colocado un fusil. Ahora, en circunstancias dramáticamente distintas, esa actitud se ve expuesta de manera más cruda y descarnada.   Por tanto, estamos ante un problema político. Todo el que afirme que la tragedia no se debe politizar, oculta la intención contraria.

Es absolutamente lógico y legítimo que desde la sociedad se cuestione, se vigile y se critique a los gobiernos en este tipo de crisis. Ejemplos al respecto sobran. La reacción del gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado ante el terremoto de México ocurrió el 19 de septiembre de 1985 fue evaluada en su momento como tardía, deficiente, burocrática y completamente rebasada. La falta de un plan de contingencia ante el desastre provocó un vacío de poder que la propia ciudadanía llenó de inmediato.

El Ejército fue desplegado, pero en lugar de priorizar la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, se enfocó en acordonar las zonas afectadas para evitar saqueos. Los soldados pretendieron impedir el paso a los ciudadanos que intentaban rescatar personas, provocando una severa indignación popular. Además, el gobierno insistió en sostener el número de víctimas mortales entre 4.500 y 6.000, mientras que la Cruz Roja y organizaciones civiles la estimaron en decenas de miles.

La inoperancia del Estado dio origen a lo que el cronista Carlos Monsiváis definió como “el despertar de la sociedad civil”, cuando la ciudadanía descubrió que podía organizarse de forma autónoma sin depender del gobierno autoritario del PRI.

Problema institucional

Otro caso similar que podemos registrar ocurrió en ocasión del huracán Katrina que azotó la costa del Golfo de México el 29 de agosto de 2005. Aunque inicialmente se consideró que lo peor había pasado, la verdadera catástrofe en Luisiana aconteció al colapsar el sistema de diques de Nueva Orleans, inundando el 80% de la ciudad.

El desastre provocó la muerte de casi 2.000 personas y desplazó a más de un millón. El presidente George W. Bush fue duramente criticado por la reacción lenta, descoordinada e ineficiente del gobierno federal. Una de las imágenes más dañinas para su percepción pública ocurrió cuando fue fotografiado observando la devastación desde la ventana del Air Force One, lo que provocó una sensación generalizada de desconexión y falta de empatía hacia las víctimas atrapadas en el domo de la ciudad o en los techos de sus casas.

Días después de la tormenta, Bush elogió públicamente al director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Michael Brown. Ante el caos evidente y la desesperación en las calles de Nueva Orleans, la declaración fue catalogada como una muestra total de incompetencia, forzando la posterior renuncia del funcionario. El mal manejo de la emergencia provocó un desplome irreversible en los niveles de aprobación de Bush, del cual nunca logró recuperarse.

Por supuesto, hay que hacer las debidas salvedades en las comparaciones. La situación de Venezuela hoy es muy particular, porque su gobierno encargado no se puede negar a la ayuda internacional. Imaginarse las consecuencias de este doble sismo en la situación política previa al 3 de enero resulta espeluznante.

Así que aquí hay un hecho que no puede ocultarse: Venezuela tiene un serio problema institucional. Eso impedía su recuperación económica antes del 24 de junio, ahora está entorpeciendo la atención a la emergencia y va a retrasar la reconstrucción.

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