Comunidades indígenas del estado Bolívar viven aterrorizadas desde el 22 de febrero. Hasta el 14 de marzo se han podido contabilizar que al menos 800 pemones huyeron de su localidad debido al asedio de los órganos de seguridad del Estado. Se encuentran como refugiados en Brasil.
Así lo denunció el director de Foro Penal, Alfredo Romero, este 14 de marzo en una rueda de prensa. Explicó que un equipo de la organización de derechos humanos se encuentra en Boa Vista, Brasil para registrar todos los casos de indígenas desplazados.
«Más de 800 indígenas del pueblo pemón se han trasladado a través de trochas hacia Brasil. Recordemos que la frontera sigue cerrada por orden del Ejecutivo. Se encuentran refugiados en vista de la persecución», mencionó Romero.
Foro Penal señaló como responsable de la persecución a militares y grupos aliados al gobierno.
Uno de los casos más alarmantes fue el ensañamiento contra el acalde indígena Emilio González. El 23 de febrero él fue hasta una comandancia de la GNB para solicitar el cese de la agresión contra los habitantes del municipio Gran Sabana. Sin embargo, fue perseguido a tal punto que tuvo que huir de la localidad.
La organización Kapé Kapé informó en Twitter que el concejo municipal decretó la ausencia de González y «montó» a un nuevo alcalde interino. El nuevo mandatario es José Barreto, simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El asedio comenzó el 22 de febrero, cuando la comunidad San Francisco de Yuruaní o Kumarakapay fue atacada por la Fanb. Allí había un grupo de indígenas que impedía el paso del contingente militar que tenía como dirección la zona fronteriza en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana. En ese incidente murió una mujer instantáneamente. Días después falleció su esposo.
Al día siguiente, el 23 de febrero, las protestas para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria en Santa Elena de Uairén generaron una represión armada por parte de los cuerpos de seguridad. En total 35 personas recibieron tiros en sus cuerpos en dos días.
Los fallecidos fueron Zoraida Rodríguez, de 46 años de edad; su esposo, Rolando García (51), Jorge González Parra (40), José Hernández (25), José Pérez (20) José Barrios (23) y Kliver Alfredo Pérez Rivero (24). Zoraida, Rolando, Kliver y José Pérez eran parte de comunidades indígenas.
Lea más: Indígenas en Bolívar buscan refugio en Brasil tras semana de asedio
Romero aseguró que la Cruz Roja y autoridades brasileñas están al tanto de la situación que viven las comunidades indígenas. Agregó que una avanzada del grupo de trabajo de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), está en Boa Vista revisando la situación.
Este 14 de marzo, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseveró que el Ministerio Público había conversado con pemones afectados por la represión de febrero. Dijo que serían detenidos los funcionarios implicados en la violación de derechos humanos en la localidad.
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Comunidades indígenas del estado Bolívar viven aterrorizadas desde el 22 de febrero. Hasta el 14 de marzo se han podido contabilizar que al menos 800 pemones huyeron de su localidad debido al asedio de los órganos de seguridad del Estado. Se encuentran como refugiados en Brasil.
Así lo denunció el director de Foro Penal, Alfredo Romero, este 14 de marzo en una rueda de prensa. Explicó que un equipo de la organización de derechos humanos se encuentra en Boa Vista, Brasil para registrar todos los casos de indígenas desplazados.
«Más de 800 indígenas del pueblo pemón se han trasladado a través de trochas hacia Brasil. Recordemos que la frontera sigue cerrada por orden del Ejecutivo. Se encuentran refugiados en vista de la persecución», mencionó Romero.
Foro Penal señaló como responsable de la persecución a militares y grupos aliados al gobierno.
Uno de los casos más alarmantes fue el ensañamiento contra el acalde indígena Emilio González. El 23 de febrero él fue hasta una comandancia de la GNB para solicitar el cese de la agresión contra los habitantes del municipio Gran Sabana. Sin embargo, fue perseguido a tal punto que tuvo que huir de la localidad.
La organización Kapé Kapé informó en Twitter que el concejo municipal decretó la ausencia de González y «montó» a un nuevo alcalde interino. El nuevo mandatario es José Barreto, simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El asedio comenzó el 22 de febrero, cuando la comunidad San Francisco de Yuruaní o Kumarakapay fue atacada por la Fanb. Allí había un grupo de indígenas que impedía el paso del contingente militar que tenía como dirección la zona fronteriza en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana. En ese incidente murió una mujer instantáneamente. Días después falleció su esposo.
Al día siguiente, el 23 de febrero, las protestas para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria en Santa Elena de Uairén generaron una represión armada por parte de los cuerpos de seguridad. En total 35 personas recibieron tiros en sus cuerpos en dos días.
Los fallecidos fueron Zoraida Rodríguez, de 46 años de edad; su esposo, Rolando García (51), Jorge González Parra (40), José Hernández (25), José Pérez (20) José Barrios (23) y Kliver Alfredo Pérez Rivero (24). Zoraida, Rolando, Kliver y José Pérez eran parte de comunidades indígenas.
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Romero aseguró que la Cruz Roja y autoridades brasileñas están al tanto de la situación que viven las comunidades indígenas. Agregó que una avanzada del grupo de trabajo de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), está en Boa Vista revisando la situación.
Este 14 de marzo, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseveró que el Ministerio Público había conversado con pemones afectados por la represión de febrero. Dijo que serían detenidos los funcionarios implicados en la violación de derechos humanos en la localidad.
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