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Este 2019 ha sido el año con más represión, según denunció el Foro Penal venezolano. Entre febrero y principios de marzo, al menos 1.000 personas estuvieron detenidas de manera simultánea  por razones políticas, según denunció Gonzalo Himoib, director de la organización no gubernamental.

“Se mantiene una cifra relativamente estable de presos políticos porque el poder ha comprendido que de esta manera hace sentir miedo a la población por expresarse, por quejarse, por manifestar su opinión contraria al poder”, dijo Himiob, durante una entrega de juguetes recolectados en al menos cuatro países para donar a los hijos de los presos políticos.

Este mes, la ONG informa que 390 personas están detenidas por razones políticas en el país. Para el abogado, este año ha sido «muy negativo» en materia de violaciones de derechos humanos.

“Queremos que estas gravísimas violaciones a los DDHH, que no son solamente detenciones arbitrarias, son ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos cueles inhumano y degradantes, cesen desde todo punto de vista, porque a nadie independientemente del tinte político le gusta vivir o le gustaría que sus hijos vivieran en un país con las cosas que están pasando actualmente”, añadió el abogado, este lunes 16 de diciembre, durante un conferencia de prensa en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.

Sobre el informe emitido el pasado 4 de julio  por la Alta Comisionada de las Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, el representante de Foro Penal, señaló que desde la mirada de resguardo y respeto a los DDHH el informe ha sido positivo.

“Tenemos una delegación de la oficina de la Alta comisionada trabajando en Venezuela y visitando cárceles donde hay presos políticos, y lo que es más importante, han hablado con los familiares de las víctimas de la represión, que han contado abiertamente y sin intermediario la verdad de lo que está pasando en el país; eso es positivo”, explicó.

Para Himiob, los informes presentados por Bachelet, han constatado lo que se ha denunciado hace muchos años en el país. “Se violan sistemáticamente los DDHH. Ya no solamente se le dice a la audiencia venezolana que conoce esa realidad sino que ahora, de la mano de las más importantes instancias de tutela de DDHH del mundo, la está conociendo y la está validando y certificando el mundo entero. Creo que ha sido positivo en general el balance de la presencia no solamente de Bachelet, sino de la atención que ha tenido de otras instancias protectoras internacionales de DDHH”.

Sobre la mesa de diálogo que sostienen representantes de Nicolás Maduro y sectores minoritarios de la oposición, el abogado aseguró que estas iniciativas «juegan con la libertad, con las esperanzas y expectativas de los presos políticos y sus familiares». Desde Foro Penal cuestionan “severamente”  que no se haya convocado a ninguna de las organizaciones ni de las instituciones que se ocupan de denunciar la situación de los presos políticos en el país.

“No se nos han convocado para conocer los elementos fácticos y técnicos que deberían conocerse para manejar una negociación de esa naturaleza. En segundo lugar, no se ha logrado saber cuáles son los criterios que se utilizan para determinar en esas mesas que están de espalda a la población en general, y lo que es más grave de espalda a los familiares de los presos políticos. No se saben cuáles son los criterios que se utilizan para determinar quién se queda y quien se va”, declaró Himiob.

Más represión y persecución

Este año de las seis personas a las que tenía acceso Foro Penal y tenían boletas de excarcelación y  aun así, estaban recluidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) pudieron salir de reclusión cinco. Antonia Turbay, detenida por vivir al lado de la casa del comisario Iván Simonovis y a quien se le acusa de estar al tanto de la fuga del ex preso político, sigue tras los barrotes de la policía política venezolana.

“¿Por qué se quedó allí?, eso nadie lo sabe. Es muy difícil de explicar y de traducir, y tiene que ver con eso de que no se conoce cuáles son los criterios utilizados y no se conoce por qué no se está abarcando la represión en cada una de sus aristas”, comunicó Himiob.

Himiob denunció que al menos 9 mil personas siguen sujetas a procesos penales “injustos”, bajo medidas cautelares, restrictivas de su libertad, personas que se deben presentar periódicamente en tribunales y que no pueden salir de país.

“Tienen esa espada sobre el cuello, que en cualquier momento puede caer y llevarlos a prisión”.