A las 3:00 pm de este 1 de marzo, funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron arbitrariamente al Centro Residencial Los Chaguaramos en el municipio Libertador. Allí se encuentra la residencia del concejal Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018 dentro de las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela.
La denuncia fue hecha por el partido Primero Justicia en su cuenta de Twitter. A esta tolda política pertenecía el concejal fallecido, quien representaba a los habitantes del municipio Libertador.
En el inmueble no vive nadie, actualmente. La esposa e hijos de Albán residen en Estados Unidos. Por esta razón, los allegados al concejal aseguran que se trata de una persecución para amedrentar a su equipo de abogados.
“No le ha bastado al gobierno haber asesinado a mi esposo Fernando, sino también violentan la intimidad de mi hogar. Nos mantienen a nosotros fuera del país, de nuestra patria. Exiliados. Quiero solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos que se avoquen a la situación de Venezuela. Ya basta”, dijo Meudy Osío esposa de la víctima.
Desde el jueves 21 de febrero, Primero Justicia alertó de este amedrentamiento contra Ramón Aguilar, abogado de la familia del concejal.
El pasado 6 de febrero, Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, acudió a la Defensoría del Pueblo. El último eslabón del sistema de justicia venezolano al que podían acudir. Allí consignaron un documento en el que le exigen a Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, que investigue la privación ilegítima de libertad del concejal, su desaparición forzada, los tratos crueles a los que se presume fue sometido, las circunstancias de la muerte y el encubrimiento del Ministerio Público.
Los hechos
Albán fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Lo sacaron del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (estado Vargas) el viernes 5 de octubre en la tarde.
Lo mantuvieron incomunicado hasta el sábado 6 de octubre, cuando se conoció que se encontraba recluido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. La información se supo por vías extraoficiales, pues los uniformados no atendieron a los parientes.
Se esperaba que la presentación ante los tribunales de Albán fuese el domingo 7 de octubre. Este acto procesal no se realizó, pues el 8 de octubre el concejal murió en la sede de detención del Sebin.
Ese lunes, mientras los abogados de Albán se encontraban en el Palacio de Justicia para iniciar la audiencia de presentación, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que el concejal del municipio Libertador (Distrito Capital) se habría suicidado.
Albán, según la versión oficial, pidió permiso para ir al baño y desde un piso 10 se lanzó al vacío, detalló el funcionario a las 3:40 de la tarde de ese lunes.
Sin embargo tanto dirigentes de Primero Justicia, como su familia y abogados, rechazaron esta versión. Incluso los principales dirigentes de la tolda política acusaron al gobierno de haber torturado, asesinado y después lanzar el cuerpo sin vida de Albán del edificio de Plaza Venezuela.
“Peor que la muerte es no investigar lo que en verdad ocurrió”, abogado de Fernando Albán