"Peor que la muerte es no investigar lo que en verdad ocurrió", abogado de Fernando Albán - Efecto Cocuyo

“Peor que la muerte es no investigar lo que en verdad ocurrió”, abogado de Fernando Albán

Se cumplen cuatro meses de la muerte del concejal Fernando Albán. Nadie investiga las circunstancias de su muerte en Venezuela, pero sus parientes quieren respuestas. “Peor que la muerte es no investigar lo que en verdad ocurrió. Si fue un suicidio, demuéstrenlo”, indicó Ramón Alfredo Aguilar, abogado de la familia del fallecido dirigente de Primero Justicia.

Este 6 de febrero, el grupo de abogados acudió a la Defensoría del Pueblo. El último eslabón del sistema de justicia venezolano al que pueden acudir. Allí consignaron un documento en el que le exigen a Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, que investigue la privación ilegítima de libertad del concejal, su desaparición forzada, los tratos crueles a los que se presume fue sometido, las circunstancias de la muerte y el encubrimiento del Ministerio Público.

En la denuncia, el abogado también exige la investigación contra el Fiscal General, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab y a dos fiscales del Ministerio Público: Ángel Betancourt y Jackson Morales.

“Consideramos que se han cumplido los requisitos internacionales. Se demuestra que en Venezuela no han querido que se sepa la verdad y encubren los hechos relacionados con la ilícita detención y la posible ejecución de Fernando Albán”, expuso Aguilar.

Recordó que el 4 de diciembre, el grupo de abogados presentó una denuncia en Fiscalía para pedir entre otras cosas una copia del expediente de la muerte del concejal. Hasta la fecha no hay pronunciamiento sobre esta solicitud.

“A la fecha no se ha realizado ni una diligencia de investigación, no tiene número de expediente ni fiscal designado. Lo denunciamos ante la Consultoría Jurídica del Ministerio Público y por esa acción consideramos que se está cometiendo el delito de encubrimiento”, dijo.

Los hechos

Albán fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Lo sacaron del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (estado Vargas) el viernes 5 de octubre en la tarde.

Lo mantuvieron incomunicado hasta el sábado 6 de octubre, cuando se conoció que se encontraba recluido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. La información se supo por vías extraoficiales, pues los uniformados no atendieron a los parientes.

Se esperaba que la presentación ante los tribunales de Albán fuese el domingo 7 de octubre. Este acto procesal no se realizó, pues el 8 de octubre el concejal murió en la sede de detención del Sebin.

Ese lunes, mientras los abogados de Albán se encontraban en el Palacio de Justicia para iniciar la audiencia de presentación, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que el concejal del municipio Libertador (Distrito Capital) se habría suicidado. Albán, según la versión oficial, pidió permiso para ir al baño y desde un piso 10 se lanzó al vacío, detalló el funcionario a las 3:40 de la tarde de ese lunes.

Sin embargo tanto sus familiares, abogados de la defensa y dirigentes de Primero Justicia de inmediato rechazaron la versión y afirmaron que al concejal del municipio Libertador (Caracas), lo asesinaron en el Sebin.

Incongruencias

Las declaraciones del fiscal fueron violatorias al debido proceso, según la opinión de los defensores de la familia Albán. Además, denunciaron que parte de la información que dio Saab fue que el concejal estaba esposado y calzado, pero el cadáver apareció sin esposas y sus zapatos no aparecen.

Aguilar expuso que la única investigación que se sabe que fue abierta es contra la administración de justicia. Esto se refiere al proceso iniciado contra los funcionarios del Sebin, a quienes se les pretendía imputar por fallar en la cadena de custodia de un detenido.

El abogado denunció que la defensa de Albán solo tuvo acceso a ese expediente durante escasos minutos. Dijo que el fiscal Ángel Betancourt no ha permitido nuevas revisiones de ese documento y tampoco que la defensa pueda sacarle copias. Tampoco ha tenido acceso a esas audiencias, porque el juez no concibe al concejal como víctima, sino el Estado venezolano.

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