Caso Ronald Ojeda: Llegan a Chile dos extraditados señalados de autores materiales
Chile se prepara para el juicio oral más emblemático, con tesis de móvil político y 27 detenidos
Más de dos años y medio después del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, la justicia chilena se apresta a juzgar a los responsables materiales e intelectuales de uno de los crímenes de mayor connotación pública e internacional de la última década.
El juicio oral está programado para comenzar el 20 de octubre de 2026. Este viernes 28 de agosto llegaron extraditados a Chile dos figuras clave: Rafael Enrique Gámez Salas (también identificado como Adrián Rafael Gámez Finol), alias “El Turko”, desde Estados Unidos, y Alfredo Camilo Carrillo Ortiz (o Luis Alfredo), alias “El Gocho”, desde Colombia.
Ambos, vinculados a la célula “Los Piratas” del Tren de Aragua, arribaron en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile bajo un amplio operativo de seguridad de la Policía de Investigaciones (PDI) y serán formalizados e internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
Con estas extradiciones, el número de detenidos por la causa asciende a 27 (la mayoría ya en territorio chileno). Hay reportes de 19 personas a la espera de juicio, tres condenadas y al menos cinco o seis prófugos, varios de ellos con notificación roja de Interpol y presumiblemente ocultos en Venezuela.
Pendiente permanece la extradición de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, detenido en Colombia y considerado jefe del Tren de Aragua para Sudamérica.
El crimen
El 21 de febrero de 2024, en la madrugada, sujetos disfrazados de agentes de la PDI irrumpieron en el departamento de Ojeda en la comuna de Independencia, Santiago. Lo sacaron en ropa interior frente a su esposa y su hijo pequeño.
Diez días después, el 1 de marzo (confirmado en torno a esa fecha), su cuerpo fue hallado dentro de una maleta, enterrado bajo una estructura de cemento en la toma irregular Santa Marta, en Maipú.
La causa de muerte fue asfixia por suspensión (ahorcamiento). Ojeda, de 32 años, era un opositor al régimen de Nicolás Maduro y había huido de Venezuela tras participar en intentos de sublevación militar; escapó de prisión y llegó a Chile alrededor de 2017, donde obtuvo la condición de refugiado político.
La tesis de la Fiscalía: un “encargo político
Desde el inicio, el Ministerio Público —liderado por el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros y el fiscal Álex Cortés, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)— descartó un secuestro extorsivo convencional.
“Sería el delito más estúpido del Tren de Aragua, porque no cobraron rescate a la familia ni hicieron llamadas extorsivas”, ha insistido Barros. En cambio, sostiene que se trató de un homicidio por móvil político, orquestado desde Venezuela.
Según los antecedentes de la investigación (testigos reservados, mensajes, grabaciones y declaraciones), el encargo habría llegado a través de Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, quien negoció y pagó (al menos el 50 % inicial de la suma pactada) a la cúpula del Tren de Aragua, liderada entonces por Héctor “Niño” Guerrero (abatido en 2026).
La orden bajó a “Carlos Bobby” y de ahí a “El Turko”, quien coordinó la operación en Chile a través de un grupo de WhatsApp con foto de bandera pirata (origen del nombre de la célula).
La Fiscalía ha impulsado gestiones ante Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro, detenido en ese país, y no descarta avanzar contra otras autoridades venezolanas. El fiscal nacional Ángel Valencia ha confirmado la disposición de cooperación de Washington.
Artículos relacionados
Trump firma orden para cambiar nombre del lago Ontario a “lago América”
Insinuó intención de cambiar nombre al océano Pacífico o al Atlántico
Axios: EEUU avanza en conversaciones para un histórico pacto petrolero con Venezuela
Medio internacional asegura que el trato implica reservas para el país norteamericano