Familiares de presos políticos del Rodeo I denuncian represión y temen por vida de reclusos tras los sismos

Alertan sobre daños tras los terremotos y

Familiares de presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario El Rodeo I, estado Miranda, denunciaron este viernes una situación de extrema gravedad dentro del penal. Según los testimonios recabados durante la jornada de visitas, los detenidos fueron objeto de una brutal golpiza por parte de funcionarios de seguridad, quienes además habrían utilizado perdigones y gas lacrimógeno en su contra.

De acuerdo con las declaraciones de los allegados, los custodios ingresaron violentamente al área de reclusión, golpearon a los internos, les confiscaron pertenencias y paquetes de alimentos, y los obligaron a permanecer encerrados. Al menos siete privados de libertad se encuentran en condición de desaparición forzada tras el operativo, entre los que se ha logrado identificar a José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz.

La noche de este jueves 9 de julio, varios de esos familiares conmemoraron que cumplieron 6 meses de vigilia en las afueras del penal ubicado a las afueras de Guatire.

Denunciaron que, tras los terremotos, los reclusos dentro de El Rodeo no se encuentran en condiciones óptimas y sus reclamos no han sido escuchados. “Nuevamente, hacemos un llamado al Estado para que cumpla con su deber de revisión y que todas las personas detenidas por motivos políticos obtengan su libertad plena. Solo pedimos justicia, reparación y garantías de no repetición”, afirmaron.

A la violencia física se suma la vulnerabilidad de la infraestructura. Los familiares denunciaron que los sismos recientes han causado fracturas en las columnas y daños estructurales en El Rodeo I. Aseguran que los detenidos son obligados a reingresar a las celdas bajo amenaza de castigo cuando intentan resguardarse en los patios durante las réplicas. “Ellos corren cuando tiembla, pero después obligan a nuestros familiares a volver a las celdas”, declaró una de las manifestantes a las afueras del penal.

Este nuevo episodio de violencia ocurre mientras los familiares cumplen seis meses en vigilia permanente a las puertas de la cárcel, en un campamento improvisado desde el pasado 8 de enero, a la espera de las promesas de excarcelación gubernamentales que aún no se han materializado.

Ante los hechos, las familias emitieron un pliego de exigencias urgentes que incluye la fe de vida inmediata de los desaparecidos, atención médica independiente, el acceso de abogados de confianza y una evaluación técnica de los riesgos estructurales del edificio. Los voceros responsabilizaron directamente al Estado venezolano por la vida e integridad física de los internos y exigieron el pronunciamiento inmediato de los mecanismos de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.