La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar de forma conjunta las elecciones regionales y municipales implica que el elector debe enfrentarse a cuatro votaciones distintas: las de alcaldes, concejales, gobernadores y legisladores regionales.
En este proceso, que será el próximo domingo 21 de noviembre, el número de cargos a elegir superan los dos mil; por esta razón, algunos han acuñado el término de “megaelección”.
Estos son tres desafíos que implica una elección de esta naturaleza:
1. Software de votación
La simultaneidad de los comicios ya constituye un primer reto porque complejiza el derecho al sufragio, en opinión del coordinador técnico de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, Humberto Rojas.
“Son cuatro votaciones distintas que se van a fusionar a través del sistema automatizado. ¿Qué es preferible, hacer elecciones separadas o conjuntas?, mientras más clara sea la información y más accesible sea el proceso se favorece más el ejercicio del voto, al separar las elecciones la persona tiene oportunidad de conocer a profundidad las distintas opciones”.
Para el especialista, la tecnología electoral que se usará (el software y hardware) y las campañas informativas del CNE son clave para contrarrestar las dificultades que pueda tener el elector a la hora de manifestar su voluntad frente a la pantalla táctil de la máquina de votación.
Rojas también afirma que las elecciones conjuntas favorecen el “voto entubado” porque, frente a la gran cantidad de opciones y tiempo limitado, el elector se decantará por “seleccionar todo” (elegirá por partido y no por candidato). Esto atenta contra el principio de personalización del sufragio que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
“Entiendo que la interfaz que se usará es parecida a la de Smartmatic con una pantalla táctil, pero hay una complejidad con la multiplicidad del voto que debe ser explicado con detalle a través de campañas informativas a los electores y a los partidos que van a participar”, expresa el presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul.
Sobre el software de votación también pesan una serie de cuestionamientos por la opacidad que caracterizaron las auditorías que debían certificarlo en 2020. Los nuevos rectores prometen hacer una revisión exhaustiva y publicar los resultados.
2. Tiempo
Las organizaciones de observación electoral nacional toman como referencia el artículo 298 de la Constitución para establecer seis meses como lapso mínimo “prudente” para la organización de elecciones confiables y transparentes.
La Junta Nacional Electoral trabaja en el cronograma y, este jueves 13 mayo, los rectores anunciaron que los comicios se realizarán el próximo 21 de noviembre.
“Operativamente, unas elecciones sí se pueden hacer en seis meses, la organización es el gran reto porque existen dudas acerca de la plataforma tecnológica. En febrero del año pasado se produjo un incendio en el que se perdió casi todo el equipo del sistema automatizado y se adquirieron nuevos, esto debe ser auditado. El CNE debe adquirir un número superior de máquinas, en 2020 solo desplegaron 20 mil por la baja expectativa de participación en las parlamentarias, pero en los comicios anteriores se habilitaban 40 mil”, explica Roberto Abdul.
“Seis meses serían prudentes para la organización de estas elecciones si se adelantan otros procedimientos como la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral y las auditorías a todo el sistema desde el mismo momento de la convocatoria, no deben incluirse de forma tardía en el cronograma”, añade Humberto Rojas.
3. Garantías
Además de los desafíos técnicos y logísticos, el CNE tiene la tarea de restituir los derechos políticos de la oposición en cooperación con otros Poderes del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia.
La habilitación de dirigentes políticos y la devolución de partidos que fueron intervenidos judicialmente son condiciones exigidas por las fuerzas democráticas del país y por actores de la comunidad internacional.
“El Registro Electoral no solo debe ser auditado, debe ajustarse dado la fuerte migración de venezolanos que, organismos como Acnur y la OIM, ubican en más de 5 millones; nosotros estimamos que el 70% de estas personas están en edad para ejercer el derecho al voto; es decir, cerca de 3 millones”, señala Adbul.
Sostiene que, aunque el voto en el exterior no está contemplado en la normativa electoral para las elecciones regionales y municipales, es necesario garantizar que no se va a usurpar la identidad de los venezolanos que están fuera del país el día de la elección.
El representante de Súmate también destaca la observación electoral internacional de actores creíbles como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas, aunque esta última se especializa más en brindar asistencia técnica electoral.
“El CNE puede traer a sus invitados, pero las misiones de observación electoral responden a las invitaciones de los gobiernos, de modo que se va a necesitar una buena voluntad por parte del Ejecutivo”, agrega.