Escrito por: Ibis León y Vanessa Moreno Losada
El uso del sistema judicial con fines políticos es una realidad que permea a la Asamblea Nacional (AN). Desde los primeros días de su nacimiento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido la herramienta para minimizar su poder. Ahora, en 2019, los diputados se ven perseguidos no solo por conflictos administrativos sino también por la imputación delitos. Traición a la patria y asociación para delinquir son los tipos penales más usados para poner en jaque al Poder Legislativo.
El Código Penal Venezolano establece penas de hasta 30 años de cárcel por estos delitos comunes. Son 20 diputados que se enfrentan a este “castigo” si los condenan por asociación para delinquir y 18 en caso de que se les encuentre culpables de traición a la patria.
Otros 23 tipos penales son precalificados por la Fiscalía, tales como conspiración e instigación a delinquir. Cada acusación es usada como herramienta para desmantelar la AN.
La desintegración del Parlamento comenzó 24 días después de la elección que le dio la mayoría calificada (112 diputados) a la oposición. Una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dejó sin diputados al estado Amazonas bajo la sospecha de un fraude electoral que aún no ha sido comprobado.
Cuatro años después, siete curules están vacías y 14 en peligro porque el diputado principal o su suplente está en la cárcel, en el exilio, en la clandestinidad o protegido en una embajada.
El oficialismo, armado con un TSJ y una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) complacientes, ha puesto en jaque a 34 parlamentarios para afectar el quórum de funcionamiento del Poder Legislativo. El Parlamento es la única institución que es reconocida como legítima por más de 50 países tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Según el Reglamento de Interior y Debates, en el hemiciclo de sesiones debe estar presente la mitad más uno de los integrantes para operar. En 2015 fueron electos 167 diputados; es decir, el mínimo exigido es 84 para votar informes y acuerdos en general.
Para la aprobación de leyes orgánicas y sus reformas son requeridos 112 parlamentarios.
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Para romper el quórum bastaría con dejar vacías 29 curules, una realidad que ha llevado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a evaluar la modificación del Reglamento de Interior y Debate para abrir paso a la posibilidad de un “parlamento virtual” que permita participar a los diputados en el exilio o en embajadas.
“Bloque de la patria”
El denominado “Bloque de la Patria” abandonó el Palacio Legislativo en mayo de 2016. El oficialismo argumentó que la AN, encabezada por Henry Ramos Allup, había incurrido en desacato por incorporar a los diputados de Amazonas que fueron suspendidos por la sospecha de un fraude electoral.
Pero el 1 de agosto de 2017, German Ferrer y Eustoquio Contreras se unieron a la plenaria contradiciendo la línea del Polo Patriótico. Otros diputados exchavistas se incorporaron en 2019: Lucila Pacheco y Kelly Perfecto.
La acción de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ que le quitaban las atribuciones al Parlamento desató persecución contra ella y su esposo Ferrer, quienes huyeron del país.
Hugo Carvajal también se puso a disposición de Juan Guaidó desde el exilio.
Adelanto de parlamentarias
La disolución de la AN solo está prevista en la Constitución vigente bajo un supuesto: que el Poder Legislativo declare el voto de censura contra el vicepresidente de la República en tres ocasiones durante un mismo período constitucional, según el artículo 240.
No obstante, el adelanto de elecciones parlamentarias para este año fue anunciado por el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, y reiterado por el oficialista Pedro Carreño, lo que acortaría el periodo del Legislativo establecido en la Constitución de cinco años y lo disolvería de facto.
El diputado y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus sostiene que Nicolás Maduro “no podría disolver la Asamblea Nacional (AN) ni siquiera en el supuesto permitido en la Constitución”.
“Ninguna autoridad de la República puede adelantar las elecciones parlamentarias”, afirma y sostiene que el Estatuto que Rige la Transición hacia la democracia ratifica que la legislatura de la AN concluye el 4 de enero de 2021.
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