La Superintendencia de Sociedades de Colombia ratificó, en una nueva resolución, la intervención de Monómeros. El ente señala que persiste la situación crítica que amerita “el mayor grado de supervisión” de la empresa.
La medida de control sobre el activo venezolano inició en agosto de 2021. En ese momento, Supersociedades alertaba que la gerencia de Monómeros había incumplido algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Además advertía que el flujo de caja de la empresa se proyectaba negativo, que no tendría liquidez para seguir desarrollando su operación normal y que era probable que incumpliera los pagos de sus obligaciones. La deuda de Monómeros con los proveedores ascendía a $129.649.177.602.
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Nueva resolución
Medios colombianos como El Nuevo Siglo de Bogotá reseñan que la Superintendencia emitió una nueva resolución el 30 de diciembre de 2021. En el documento señala que el riesgo de iliquidez y consecuente insolvencia permanece, “expondiéndose así los intereses de terceros”. Es por esto que “debe mantenerse el acompañamiento con el fin de salvaguardar el interés de terceros y acompañar el proceso de normalización de la Sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo”.
Un vocero del gobierno interino, quien es integrante del Consejo de Administración del Gasto, confirmó que se dictó una nueva resolución, pero negó que esta aumente el control sobre Monómeros: “Se ratificó la resolución anterior que había sido apelada por la empresa, ya se había establecido el mayor grado de supervisión y dentro de ese grado ellos pueden o no ejecutar varias acciones. Es decir, aún pueden hacer más en la práctica. Pero ya la medida estaba tomada, el asunto es la implementación”, dijo el informante.
Reestructuración y auditoria externa
La reestructuración y auditoria externa de la empresa que ordenó la presidencia encargada sigue en mora. Esto se debe principalmente a un conflicto político entre Primero Justicia y Voluntad Popular, el primero insiste en que la destitución del actual gerente de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, y su declaración de responsabilidad política amerita una investigación más profunda a pesar de las irregularidades detectadas durante su gestión.
PJ también vincula a personas cercanas a VP, como la expresidenta de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández, con una supuesta conspiración para quebrar la empresa. Acusación que niegan las autoridades de la tolda naranja.
El enfrentamiento político incluso provocó que la Comisión Delegada votara en contra del Decreto N38 que propuso Guaidó para reestructurar de inmediato la directiva de Monómeros.
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Sobre esto, la fuente del gobierno interino señaló que la reestructuración “está ordenada desde la presidencia”, pero “ha habido resistencia de ciertas personas”.
“Juan Guaidó ordenó hace más de un mes a Pequiven la contratación de los headhunters”, agrega haciendo referencia a empresas reconocidas que serán contratadas para que identifiquen los mejores perfiles profesionales que ocuparan las directivas de las empresas del Estado.
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