Acceso a la Justicia exige mayor transparencia en el proceso de elección de magistrados del TSJ

La organización Acceso a la Justicia alertó que el nuevo proceso de renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene altos niveles de opacidad y control político, lo que pone en duda la independencia judicial y la idoneidad de los futuros miembros del máximo tribunal.

Según la organización, el inicio del proceso —impulsado por la Asamblea Nacional de mayoría chavista— lejos de representar una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, reproduce vicios anteriores como la falta de información pública, la ausencia de un baremo claro de evaluación y la predominancia de actores vinculados al oficialismo.

El pasado 21 de abril, la AN designó la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales. El 19 de mayo se conformó el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), y el 22 de mayo este órgano publicó la convocatoria para aspirantes a magistrados. Sin embargo, el presidente del CPJ anunció 20 vacantes sin precisar a qué salas corresponden, si son principales o suplentes, ni los requisitos constitucionales y legales exigidos. Tampoco se ha hecho público el baremo de evaluación.

Dudas sobre las vacantes reales

De acuerdo con la información recopilada por Acceso a la Justicia, inicialmente solo existían cuatro vacantes confirmadas por jubilaciones y una designación incompatible (el magistrado Carlos Alexis Castillo como ministro del Trabajo). Posteriormente, ocho magistrados solicitaron su jubilación, lo que elevaría el total a 12 plazas. No obstante, la reforma de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ), aprobada en mayo y publicada el 22 de mayo en Gaceta Oficial, aumentó el número de magistrados de 20 a 32, lo que genera incertidumbre sobre la cifra exacta de cargos a cubrir.

La organización cuestiona que, sin claridad sobre estas vacantes y las reglas del proceso, el mecanismo pueda cumplir con los principios de mérito, idoneidad, publicidad y transparencia establecidos en la Constitución y la LOTSJ.

Reforma controvertida y control político

La reforma de la LOTSJ, impulsada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, busca ampliar la composición del TSJ argumentando mayor celeridad y pluralidad. Sin embargo, Acceso a la Justicia recuerda que argumentos similares se usaron tanto para aumentar como para reducir el número de magistrados en reformas anteriores, sin resolver los problemas estructurales del Poder Judicial.

Además, se mantiene la estructura del Comité de Postulaciones Judiciales que permite la influencia de la Asamblea Nacional en la selección de sus miembros, desnaturalizando su carácter de órgano independiente de la sociedad civil previsto en la Constitución.La organización también criticó la reciente elección de la nueva directiva del TSJ y el nombramiento irregular de suplentes antes de concluir el proceso de designación definitiva.

Impacto en los ciudadanos

“La ausencia de información oficial suficiente sobre las vacantes y las condiciones del proceso de selección de magistrados del TSJ debilita la confianza en una instancia fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y el Estado de derecho en Venezuela”, señala Acceso a la Justicia.

La correcta conformación del máximo tribunal incide directamente en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los venezolanos. Por ello, la organización exige a la AN y al CPJ que publiquen de inmediato el cronograma completo, los criterios de evaluación, el baremo y los mecanismos reales de participación ciudadana.

Sin estos elementos mínimos de transparencia, advierte la ONG, el proceso corre el riesgo de reproducir las prácticas opacas y de control político que han caracterizado las designaciones anteriores del TSJ.