Sobre Márquez y Picón recaen apuestas por más equilibrio y freno a transgresiones en el CNE - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 8 MAYO, 2021 12:28

Sobre Márquez y Picón recaen apuestas por más equilibrio y freno a transgresiones en el CNE

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

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La distribución de responsabilidades, entre los rectores principales y los suplentes incorporados, es percibida desde dos puntos de vista por expertos electorales y antiguos funcionarios del ente comicial.

Por un lado, la designación de D’Amelio en dos organismos subordinados tan importantes genera dudas por la importancia de las funciones que ejercerá, dada la vinculación política de la funcionaria con el partido de Gobierno.

Por el otro, se destacan la presencia de los rectores no relacionados con el chavismo en cargos destacados como la vicepresidencia del CNE, la presidencia de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y en general la presencia en los tres organismos subordinados. Consideran que es una distribución  “más equitativa” de responsabilidades.

De cualquier manera, los analistas advierten que la mirada de los negociadores y de la comunidad internacional estarán enfocadas no solo en D’ Amelio por la alta responsabilidad operativa que asume, sino en todos los rectores, y en que las actuaciones estén apegadas a la Constitución y la normativa electoral.

Nuevo CNE

Este 6 de mayo fueron instaladas en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Junta Nacional Electoral (JNE), la Comisión de Participación Política y Financiamiento y la Comisión de Registro Civil y Electoral, con los nuevos rectores, designados por la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre.

La JNE es presidida por la rectora Tania D’ Amelio e integrada además por el rector principal Roberto Picón y el rector suplente incorporado Carlos Quintero.

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, encabeza la Comisión de Participación Política y Financiamiento y lo acompañan el presidente del organismo comicial, Pedro Calzadilla y el rector suplente Leonel Parica. Mientras que el rector principal Alexis Corredor está al frente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, conformada también por D’ Amelio y el rector suplente Conrado Pérez.

No es casual

La designación de D’ Amelio en la JNE no es casual dada su experiencia en el CNE, el problema se puede crear desde el momento en que comience a actuar sin independencia y su actitud en pasados procesos ha dejado mucho que desear. Igual sucede con Carlos Quintero, mientras que el papel de Picón pese a que también tiene experiencia electoral, será más vigilante de lo que se ejecuta”, expresa el exconsultor jurídico del CNE, Celiz Mendoza.

La rectora ratificada forma parte del ente comicial desde 2010. De acuerdo con la impugnación de la ONG Súmate, D’ Amelio no podía repetir en el cargo para un cuarto período porque el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope) se lo prohibía.

El mencionado artículo establece que las autoridades electorales podrán ser reelegidas hasta un máximo de dos períodos adicionales, pero las negociaciones políticas le permitieron avanzar en el proceso de selección hasta ser nombrada nuevamente este 4 de mayo. Quintero, quien repite igualmente como rector suplente, también fue objetado por la organización dedicada a la veeduría electoral.

La Junta Nacional Electoral, según el artículo 46 de la Lope, es un órgano subordinado del CNE y tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendos, previstos en la Constitución.

Las decisiones se toman con el voto afirmativo de dos de sus miembros (artículo 45). Mendoza señala que por tratarse de un organismo subordinado sus actuaciones pueden ser impugnadas ante el directorio, en caso de alguna discrepancia o irregularidad detectada.

Pragmatismo

La analista político- electoral, Egleé González, hace énfasis en el sentido pragmático de la designación de D’ Amelio por su trayectoria dentro del CNE.

Los procesos electorales son complejos y la presencia de D’ Amelio les garantiza que el proceso electoral sea lo más viable posible y que las tareas sean cumplidas. Se combina con el hecho de que como presidente del CNE, como cara visible ante la comunidad internacional, se prefirió nombrar a una persona (Pedro Calzadilla) que se caracteriza por no ser radical, por lo que dentro del mismo chavismo se procuró un equilibrio de fuerzas” apunta la también exconsultora jurídica del organismo.

El periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez, destacada que por primera vez desde 2005, quien preside la JNE, no preside el CNE.  “Por las cuotas de poder que acumula D’Amelio bien se puede decir que será -en la práctica- la presidenta, mientras Calzadilla será el presidente administrativo”, señaló. 

“Buena dupla”

Destacan como  “buena dupla” la presencia de Márquez y Picón en el directorio. El primero por su experiencia política como diputado y dirigente de un partido (Un Nuevo Tiempo) y, el segundo, por ser un experto técnico.

Apuestan a que las actuaciones de ambos puedan garantizar equilibrio y sean  “inhibidoras” de transgresiones notorias a la Carta Magna y a las normas.

El Gobierno, que no cree en la alternancia ni en la pluralidad política cedió al permitir la presencia de rectores (principales y suplentes) en cada uno de los órganos subordinados. En lugar de medir quién tiene más poder dentro del CNE prefiero mirar estas designaciones como una oportunidad para avanzar en la reinstitucionalización y el rescate de la pluralidad”, añade.

Aparte de Márquez y Picón en el directorio, la AN con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) nombró como rectores suplentes al disidente de Primero Justicia Conrado Pérez, el expresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez y la directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina que aunque no lleguen a ser incorporados, se cree que igual puedan influir.

González recuerda que las negociaciones no terminaron con el nombramiento del Poder Electoral y que lo que se logre en lo adelante, con miras a elecciones pendientes (condiciones y la mayor participación posible de partidos y candidatos), dependerá de la voluntad política, pero también del apoyo de la sociedad hacia la gestión de esos rectores no supeditados al Gobierno.

Buena señal

El hecho de que Márquez esté al frente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento también es buena señal para Mendoza, en el sentido de que se pueda lograr habilitar al mayor número posible de partidos políticos, que cumplan con los requisitos, para que participen con sus autoridades legítimas en las venideras elecciones.

El artículo 64 de la Lope señala que la Comisión de Participación Política y Financiamiento  “es el órgano a cuyo cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos; de la formación, organización y actualización del registro de inscripciones de organizaciones con fines políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización”.

También controla, regula e investiga los fondos de las agrupaciones con fines políticos y el financiamiento de las campañas electorales.

González acota que de lo que en dicho organismo se logre, dependerá la movilización de las maquinarias partidistas para participar e incentivar el voto.

Tarea urgente

La Comisión de Registro Civil y Electoral, de la que forma parte también D’ Amelio pero también Conrado Pérez, es responsable del Registro Electoral (RE), según el artículo 59 de la Lope.

La actualización del RE para incorporar a electores dentro y fuera del país, es señalada como urgente por parte de ONG, expertos electorales y dirigentes políticos.

Mendoza alerta que al año le quedan siete meses, por lo que se pregunta si serán suficientes para que la data esté depurada y actualizada para las megaelecciones regionales (gobernadores, alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos municipales) previstas para este año. Indica que desde ya, el CNE debe trabajar sobre ese Registro.

De acuerdo con la ONG Voto Joven, alrededor de 2 millones de jóvenes mayores de 18 años de todo el país, están excluidos del RE. A ellos se les suman los electores que están en el exterior y que tampoco han podido inscribirse o actualizar el cambio de residencia para poder ejercer su derecho al voto.

En 2018, año de cuestionadas elecciones presidenciales, la cifra de votantes fuera del país fue calculada en 3.500.000.