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Otra  «reforma» judicial en puertas. Para exmagistrados y jueces, el anuncio del gobernante Nicolás Maduro no genera expectativas positivas. Primero porque al frente de la comisión especial encargada de ejecutarla designaron a dos personas que no son independientes políticamente y segundo porque, aseguran, no existe voluntad para erradicar la corrupción existente desde hace muchos años en el sistema de justicia.

 «La reforma judicial es un tema trillado de este régimen que inició (tras el proceso constituyente de 1999), con una depuración en los tribunales que consistió en una destitución masiva de jueces de carrera, suspensiones y jubilaciones, para llenar esos cargos con jueces provisorios de manera improvisada», expresa la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León.

 El 21 de junio, tras una reunión del Consejo de Estado, Maduro anunció la creación de una comisión especial para “la revolución judicial” en Venezuela, presidida por Diosdado Cabello, Cilia Flores, esposa del gobernante Nicolás maduro y diputada, como vicepresidenta. Los acompañan, la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, como secretaria ejecutiva.

Mármol de León, quien fuera jueza de Primera Instancia Penal, Superior Penal y de la Corte de Apelaciones, advierte que la corrupción en el sistema de justicia,  «que parece que acaba de descubrir el chavismo, no es más que el resultado de lo sembrado desde hace años». Señaló que en el caso de los tribunales del país los  «cobros» para distintos procedimientos son un  «secreto a voces», salvo  «honrosas excepciones», de quienes todavía actúan apegados a las leyes y la justicia.

 «No le compete al Poder Ejecutivo»

 «Si quieren reformar el Poder Judicial, empiecen por devolverle y reconocer su independencia y autonomía, solo así se administra justicia, no con jueces llenos de miedo porque son provisorios y los pueden destituir ni con jueces interesados en escalar dentro del régimen, impartiendo decisiones acorde a intereses», reprocha la magistrada emérita.

 Acota que dicho ideal de independencia y autonomía, establecido en la Constitución, estaría lejos de ser alcanzado, por cuanto es el mismo Poder Ejecutivo el que se pone a la cabeza de una supuesta reforma judicial.

 «Es una tarea que no le compete al Poder Ejecutivo, debería instalarse una comisión con expertos de trayectoria en el sistema de justicia, jueces probos, no puede ser una comisión con enfoque partidista sino institucional», advierte.

 Una de las principales tareas de dicha instancia, apunta, es aplicar la Ley de Carrera Judicial, retomar los concursos, evaluar a los jueces provisorios y que se conviertan en titulares si han tenido buen desempeño y cumplen con los requisitos, «empezando por verificar si son abogados, aunque parezca increíble», señala, y si no poseen antecedentes penales.

 Vale acotar que en enero de 2020, durante su mensaje anual ante el TSJ, Maduro propuso a la ANC una “alta comisión para la restructuración” del Poder Judicial. Designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que estuviera en la comisión en representación del Ejecutivo nacional.

 “No nos engañemos, hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es culpa de nosotros mismos. Debemos cambiar a Venezuela en todos su aspectos, desde la ética, para mejor, para bien, es ahora; no es para mañana´´, dijo entonces. La ANC culminó en funciones y esa comisión fue una de las tareas que dejó pendiente.

 Reedición del Plan Cayapa de Varela

 Una de las tareas encomendadas por Maduro a la  «Comisión Especial para la Revolución Judicial», es acabar con el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, donde de acuerdo con el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento del 6 de diciembre, Pedro Carreño, hay 38.736 personas.

Instalan comisión “para la revolución judicial” en el Palacio Legislativo

La Comisión Especial fue instalada por Cabello este 25 de junio en el Palacio Federal Legislativo. Junto a sus integrantes, trabajarán desde los estados, 24 equipos regionales y seis estados mayores integrados por diputados, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, de los gobernadores, Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana.

 El expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 anunció visitas inmediatas a los centros de detención preventiva del país para revisar caso por caso, por lo que asegura que la tarea del descongestionamiento podría cumplirse en menos del lapso establecido por Maduro.

Un exjuez de control de Caracas y que prefirió mantener su nombre en el anonimato, recordó como antecedente a este nuevo anuncio el llamado Plan Cayapa, creado en el 2012 por la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. El objetivo: disminuir el retardo procesal y el hacinamiento carcelario.

«Ese plan fracasó porque la solución no es llevar el tribunal al recinto carcelario o al centro de detención y hacer liberaciones para que después esos centros se vuelvan a llenar, sino garantizar el traslado de los presos a los tribunales sin que tengan que pagar, el día que les corresponde, de manera oportuna, que estén el juez y el fiscal del Ministerio Público para que se pueda celebrar la audiencia, que los tribunales despachen y que las causas no se engaveten», sostiene.

 A la par de retomar los concursos para jueces y que se reduzca la cantidad de jueces provisorios para que como titulares tengan autonomía para decidir, indica la necesidad de que se mejoren los sueldos de los operadores del sistema de justicia como una de las armas contra la corrupción.

 «Cuando los jueces ganen bien, que nadie los pueda llamar para ordenarles qué decidir en un caso sea político o de narcotráfico o para que engaveten un expediente o acelere el caso, hasta ese día llegará el retardo procesal y la corrupción que, ojo, no llegó al sistema judicial con el chavismo, lo que pasa es que prometieron acabar con ella y nunca lo hicieron», cuestionó.

 Sin expectativas

 Ambos juristas consultados no abrigan grandes expectativas sobre lo que se pueda lograr con esta nueva comisión para reformar el sistema de justicia, porque  «empezó mal», al ser un proceso emprendido por el Ejecutivo y por quienes dirigen la comisión.

 «De esta nueva comisión no espero buenas noticias porque dudo que dé paso a la constitución de tribunales con jueces independientes, ni que se acabe con años de corrupción sistemática, no sabemos que hay detrás, ni está claro lo que pretenden hacer esta vez´´, dice Mármol de León.

 Para el exjuez de control la explicación más lógica de los anuncios es aparentar ante la comunidad internacional que desde el Estado venezolano se está haciendo algo para rescatar el sistema de justicia.

 «Quizás la intención es lavarse la cara ante organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) por el expediente que tiene abierto la Fiscalía, ante Naciones Unidas. Es una continuación de otras medidas como haber sacado presos de centros de detención como la Dgcim y el Sebin», añadió.

 La Asamblea Nacional del 6 de diciembre también llevaba rato anunciando que textos legales como el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal serían reformados o reelaborados.

 El 10 de junio, el Parlamento con mayoría Psuv, también realizó un debate en el que la mayoría del chavismo, además de reconocer el retardo procesal, el hacinamiento carcelario y la corrupción, anunció acciones desde la Comisión de Política Interior, tales como un exhorto a los jueces del país para que cumplan con su trabajo y visitas a los centros de detención preventiva para revisar los casos.