La existencia de retardo procesal agravado por la pandemia, extorsión en cárceles contra privados de libertad y violación de derechos humanos en centros de detención preventiva fueron reconocidos por diputados del chavismo, en la sesión ordinaria de este jueves de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre.
La primera vicepresidenta del Parlamento con mayoría Psuv, Iris Varela y el presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño, anunciaron que se hizo un exhorto a los jueces venezolanos para que actúen y que está en marcha un abordaje en cárceles y en sedes policiales con detenidos para conocer el estatus de casa caso, con el fin de solucionar la problemática.
Carreño habló concretamente del plan “Sistema de Justicia Social Revolucionaria Carabobo 200“, el cual, aseguró, será implementado en los centros penitenciarios para corregir hechos de corrupción, ante la gran cantidad de denuncias que ha recibido la instancia parlamentaria.
“En Venezuela siempre hemos escuchado sobre el retardo procesal, pero producto de la pandemia tuvimos siete meses sin despacho de tribunales, luego vino el 7+7, pero en los días que se supone deben trabajar (flexibilización) usted va a tribunales y no hay despacho, afectando a los privados de libertad que además son victimas de la extorsión porque llevarlos a tribunales tiene un costo”, admitió Carreño.
Pese a ser una problemática denunciada permanentemente a lo largo de los años por ONG que defienden derechos humanos de los privados de libertad, el parlamentario del Psuv dijo, como si acabara de descubrir la magnitud de la crisis penitenciara, que tales hechos no pueden permitirse “en revolución” si el propósito es la “redención social y moral” de la sociedad.
“Esto es un secreto a voces, para la audiencia preliminar hay una tarifa, para la de presentación y acusación, otra tarifa”, rechazó.
Hacinamiento
Carreño alertó que en centros de detención preventiva, no aptos para albergar a privados de libertad, hay 38.736 personas. La cifra se distribuye en 11.659 detenidos en delegaciones y subdelegaciones del Cicpc en todo el país; 5.947 en sedes de la Guardia Nacional Bolivariana y 21.130 en comandos de las policías nacional, estadal y municipal.
Asimismo, detalló que los reos en cárceles del país ascienden a 43.121 entre procesados y penados, con predominio de 26.160 personas que no han recibido sentencia, producto del retardo procesal. De esta cifra, señaló, 25.038 son hombres y 1.122 son mujeres.
Los penados, es decir, los que recibieron sentencia, prosiguió Carreño, alcanzan la cifra de 16.119, de los cuales 14.429 son hombres y 1.190 mujeres en todo el país.
Tuberculosis es la enfermedad que más prevalece en cárceles y calabozos, según ONG
Varela, por su parte, advirtió sobre la violación de la Constitución en sus artículos 26, sobre el derecho a la justicia expedita; el 44: nadie puede ser detenido sin orden judicial y aun en flagrancia tiene derecho a ser juzgado en libertad; 49 sobre el debido proceso y 272 sobre la obligación del Estado de proporcionar lugares dignos para la reclusión de personas.
“No podemos ser indiferentes. Es importante que se realicen las denuncias y los diputados tienen la obligación de investigar. En Carora (estado Falcón) detectamos casos de seis años sin audiencia judicial, ni siquiera la de presentación, en condiciones inhumanas. No podíamos esperar un día más, exhortamos a los tribunales a actuar, están informados los jueces del país, para que actúen en consecuencia”, instó.
En su informe de 2020, la ONG Una Ventana a la Libertad, denuncia que el Estado venezolano ha hecho caso omiso a la situación de hacinamiento y enfermedades en los centros de detención preventiva del país.
La organización monitoreó 273 centros de detención preventiva en 19 entidades del país, en las cuales detectó que 143 reclusos murieron por diversas enfermedades. De esa cifra, 86 fallecimientos fueron atribuidos a la tuberculosis.
Aprueban reforma a Ley Orgánica de Recreación
Este 10 de junio, la plenaria aprobó en segunda discusión la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Recreación. Entre los cambios destaca la garantía que debe dársele al derecho a la recreación en situaciones sobrevenidas como la pandemia, mediante programas que aseguren el acceso de la población a actividades como el cine y el teatro de calle.
Durante una intervención del diputado Hermann Escarrá igualmente se informó que tras la revisión de 49.000 gacetas oficiales, la Comisión para la investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo Vigente que preside presentará un informe sobre cuáles son las leyes vigentes en Venezuela.
“Esta comisión debe presentar los resultados para poner orden en casa, para que sepamos bien cómo esta establecida la estructura de la legislación venezolana”, apuntó el presidente de la AN del 6Dic, Jorge Rodríguez.
La Comisión creada el 2 de marzo también debe informar cuántos instrumentos legales han sido reformados y cuántos esperan por reglamento, entre otros datos.
Escarrá igualmente presentó a la plenaria el libro Índice Constitucional de Venezuela, el cual fue bautizado por la directiva.