El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab pidió este lunes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evaluar sanciones contra el partido de oposición Voluntad Popular (VP). El funcionario solicitó determinar si la tolda fundada por Leopoldo López es terrorista y si en razón de ello proceden sanciones civiles, penales y administrativas y su disolución.
“En plena pandemia, lo que ha buscado (VP) es hacer estallar a Venezuela. Vimos como hicieron que una empresa satelital, Directv, se fuera del país producto de las presiones. Lo peor ha sido pagar con dinero venezolano a mercenarios apertrechados con armas y granadas para asaltar sedes policiales, asesinar al presidente y altas autoridades militares”, acusó Saab.
La solicitud, que de acuerdo con el funcionario busca “garantizar la paz de la República” se resume en tres puntos. El primero, establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de determinar si VP puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos y por tanto objeto de sanciones.
El segundo, declarar si hay responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para la organización política y en tercer lugar proceder a considerar a la organización como “organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Ley contra la Delincuencia Organizada
Como parte de las rectificaciones en la ruta para el cambio político, Guaidó solicitó a VP a principios de año la baja de su militancia, a fin de dedicarse de lleno al camino del cese de la usurpación sin comprometer a la tolda y liberarse de la disciplina partidista. Pese a ello, el régimen de Maduro acusa al presidente interino y a la tolda de fraguar la Operación Gedeón.
El jueves 23 de mayo, el mismo Saab anunció que fue librada una orden de captura contra uno de los dirigentes de VP, Yon Goicoechea por financiar la logística del intento de insurrección a través de la fundación Futuro Presente. Goicoechea, quien está fuera del país, negó la acusación.
El artículo 31 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas”.
Mientras, el artículo 32 prevé que el juez competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad y las consecuencias.
“VP inició su deriva violenta en 2013”
Previamente, Saab describió lo que a su juicio es una especie de prontuario de VP y parte de su dirigencia, derivada de la fundación Familia y Propiedad y el partido Primero Justicia. Se remontó al año 2002 y el golpe de Estado contra Hugo Chávez, en cuya organización, acusó, estuvo involucrada la mencionada fundación y figuras como Julio Borges y López.
“Salieron a apresar a venezolanos sin orden judicial. Yo fui objeto de detención arbitraria y no se me respetó la inmunidad parlamentaria”, se quejó. Luego recordó que pese a ello, a VP se le ha permitido participar en múltiples procesos electorales.
“Desde 2013, VP inició su deriva violenta con saldo de asesinados, heridos y destrucción”, afirmó. Prosiguió al recalcar lo que significó para el gobierno chavista la propuesta de “la salida” en 2014 y las protestas de ese año, las manifestaciones de 2017 y la juramentación de Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019 para forzar la salida de Nicolás Maduro. “Todo orquestado por Voluntad Popular”, subrayó.
“Ante la imposibilidad de acceder al poder por los votos, migra a la violenta. Trataron de imponer que la gasolina no llegara al país por la vía de las sanciones para generar amargura en el pueblo y una explosión social”, reprochó.
VP quedó inhabilitada en septiembre de 2018 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) al negarse a acudir al irregular proceso de validación de firmas convocado por el ente comicial, como sanción por no participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, con la que se reeligió Maduro.