Reforma del estatuto que extiende vigencia del gobierno interino “es nula”, opinan constitucionalistas

POLÍTICA · 28 DICIEMBRE, 2021 13:17

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Ibis Leon | @ibisL


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La oposición confronta dos proyectos de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia: uno despoja de facultades a la presidencia encargada y otro le otorga poderes plenos sin control parlamentario.

Esta contradicción se zanjó en una sesión extraordinaria que convocó la Asamblea Nacional (AN) de 2015 este lunes 27 de diciembre. Fue la propuesta que reduce las competencias de Juan Guaidó la que se impuso y su contenido se discutió y aprobó, en primera discusión, pese a los votos salvados de unos cuantos diputados (electos en 2015) que denuncian su inconstitucionalidad.

El exprocurador del gobierno encargado, José Ignacio Hernández, también rechazo la reforma: “Hoy la Asamblea Nacional no aprobó la continuidad del presidente encargado sino su eliminación para darle vida al inconstitucional gobierno parlamentario con control absoluto sobre los activos que serán manejados políticamente. La transición democrática quedó en el olvido”.

La reforma “es nula”

La constitucionalista y consultora política, Mavero Torres, afirma a Efecto Cocuyo que el proyecto de reforma “es nulo de toda nulidad”. “Cuando se creó el Estatuto fue una iniciativa excelente desde el punto de vista de técnica legislativa y de propósito político, lo que pasa es que agotó su objetivo, establecía ejes transversales como la reforma del sistema judicial y del sistema electoral y nada de esto se cumplió, no se puede extender un documento que está obsoleto”, argumenta.

La profesora universitaria también apela a las dudas que existen en relación al quórum que reúne la AN de 2015, instancia sobre la que ya pesan cuestionamientos por haber prorrogado su mandato más allá del plazo constitucional establecido bajo el argumento de que las parlamentarias de 2020 fueron írritas.

No hay certeza sobre la cantidad de diputados de 2015 que aún permanecen en sus cargos tras la persecución y cooptación del chavismo y la decisión de algunos de no acompañar la continuidad del Legislativo más allá de cinco años. El quórum mínimo reglamentario es de 84 diputados.

La sesión extraordinaria de este 27 de diciembre dejó dudas sobre la asistencia. Consultado por Efecto Cocuyo, el secretario de la AN opositora, Wilfredo Febres, aseveró que el quórum fue de 95 parlamentarios. Se espera que la segunda discusión y posterior aprobación se realice este jueves 30 de diciembre.

¿Gobierno parlamentario?

Torres subraya que en Latinoamérica no existe la figura del gobierno parlamentario. “Creo que nuestra alma de pueblo caudillista no está preparada todavía para esto. En un año esa estructura no se va a poder crear y es preocupante que planteen una estructura platónica en el sentido de que es una utopía, un ideal no ejecutable en el tiempo previsto”, señala.

El constitucionalista Gustavo Manzo va más allá y opina que la reforma del Estatuto es inconstitucional y promueve prácticas autocráticas. “El Estatuto cesó, no se dieron los objetivos para lo cual fue creado, entonces no puedes prolongarlo indefinidamente”, sostiene.

Sobre la figura del gobierno parlamentario, el profesor considera que no está prevista en la Constitución, pero más allá de esta diatriba, cuestiona el ejercicio indefinido del poder.

“La solución al artículo 233 (de la Constitución) no puede ser prolongar indefinidamente la Asamblea de 2015 y el gobierno interino. Hay un principio de derecho constitucional que es la limitación del poder, el Poder Legislativo tiene finitud. Si se quiere ejercer el poder de forma ilimitada entonces se pierde el carácter democrático”, expresa el abogado.

El artículo 233 es uno de los que sirve de sustento para la creación del gobierno encargado, este apartado señala que si se produce la falta absoluta del presidente de la República antes de tomar posesión del cargo, el presidente del Parlamento debe encargarse hasta que se convoquen nuevas elecciones. 

Sin embargo, este artículo no contempla la situación inédita en la cual la falta absoluta se produce por la celebración de elecciones írritas, así que para llenar este vacío, la AN de 2015 redactó el Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia que actualmente se quiere reformar.

¿Y los activos?

De aprobarse la reforma del Estatuto, tal y como está redactada, la Asamblea Nacional de 2015 asumiría la designación de la junta ad hoc de Pdvsa y sus filiales (como Citgo y Monómeros), así como de todos los institutos públicos y demás empresas del Estado; el nombramiento de embajadores y la gestión de la defensa de los activos en el exterior, funciones que hasta ahora controlaba la presidencia encargada.

En opinión del exprocurador José Ignacio Hernández, la normativa que se propone “pone en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de los activos”. “Se plantea la politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la AN”, critica.

“No deberían cambiar la representación legal de los activos que recae en la cabeza de Juan Guaidó, según las distintas sentencias emitidas incluso en el caso del oro que está en Inglaterra. Si lo hacen, esto implicaría graves problemas en los juicios internacionales que se hacen, sería más costoso para la nación y puede afectar la decisión de cualquier juez en cuanto al dictamen de una sentencia favorable para el interino”, advierte la constitucionalista Torres.

En su opinión, se debe mantener el gobierno interino más no el Estatuto de la transición: “La representación legal ante los activos ya le da legitimidad al interinato, así como el reconocimiento internacional de distintos gobiernos”.

Otra solución a la crisis política que atraviesa la oposición, según Torres, es la convocatoria de una elección para renovar el liderazgo, como propone la coordinadora de Vente Venezuela María Corina Machado. “Lo que pasa es que María Corina ha fallado en no mostrar la estrategia operativa, cómo y cuándo se haría esa elección. En todo caso, destrancar el juego político no es una opción para el G4 que busca mantener el statu quo que le permita no ser investigados y acusados por malversación de fondos y seguir haciendo esta mala política”, critica.

Manzo también cree que la élite política busca mantener el statu quo. El constitucionalista agrega que los cuestionamientos sobre la legitimidad del ejercicio de los cargos prorrogados puede afectar la protección de los activos en el exterior.