¿Qué establece la Ley que aprobó el chavismo para sancionar a diputados “salta talanquera”?

POLÍTICA · 8 ENERO, 2020 23:00

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Texto por Ibis Leon | @ibisL

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El término “saltatalanquera” se volvió mediático en 2010 para referirse a los diputados que cambiaban de bando político. Ese año, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones públicas y Manifestaciones para sancionar a los parlamentarios que hicieran causa común con fuerzas políticas contrarias.

Diez años después, el mismo chavismo que aprobó esta Ley promueve y respalda a una directiva de la Asamblea Nacional paralela que encabezan diputados “saltatalanquera”. Lo hacen, además, desconociendo el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –controlado por Nicolás Maduro- que defendieron para declarar en “desacato” al Parlamento y anular todos sus actos.

5 de enero, el día que la Asamblea Nacional tuvo un presidente electo y otro impuesto

La reforma de la ley, publicada el jueves 23 de diciembre de 2010 en la gaceta N° 6.013 Extraordinaria, establece en el artículo 29 que “hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral” constituye un fraude a los electores y electoras.

Los actos que se consideran fraudulentos son sancionados por la norma con la suspensión o inhabilitación parcial o total del diputado o diputada que incurra en la conducta cuestionada.

Estos son los artículos que establecen prohibiciones y sanciones:

Artículo 28. Constituye fraude a los electores y electoras, por parte de quienes resulten electos diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, toda conducta reiterada que, en el desempeño de las funciones parlamentarias, se aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de gestión como oferta electoral.

Artículo 29. Se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las siguientes: 1. Votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los electores y electoras, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica. 2. Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral, y presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral. 3. Hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral. 4. Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro Grupo Parlamentario de Opinión contrario al programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 30. Todo fraude a los electores y electoras con base a lo señalado en los artículos precedentes podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o total del diputado o diputada.

El proceso para suspender o inhabilitar a un parlamentario pasa por la consulta del 0,1% del total de inscritos en el registro electoral correspondiente a la entidad federal, o de la circunscripción electoral donde haya sido electo el diputado o la diputada, según el mismo artículo 30.

La solicitud de suspensión o inhabilitación debe estar acompañada de una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la soportan y ser sometida a consideración en la plenaria de la Asamblea Nacional que la aprobará con la mayoría de los diputados y diputadas presentes en la sesión.

“La Asamblea Nacional podrá remitir el expediente a la Contraloría General de la República, a los efectos de que considere si hay méritos para la inhabilitación política del diputado sancionado o diputada sancionada”, agrega el artículo 31.

El proyecto de reforma fue presentada por los diputados Iris Varela, Tulio Jiménez, Hernán Pacheco y Edgar Lucena, según el documento oficial que preserva la asociación civil Súmate.

Mecanismo disuasivo

“Quien oferta un proyecto y luego lo cambia está traicionando al pueblo que lo eligió, al que le dio el voto. Resulta una estafa y eso no puede permitirse, tiene que tener algún tipo de sanción”, expresó la entonces presidenta del Parlamento Cilia Flores durante la aprobación de la reforma que fue bautizada como “Ley antitalanquera”.

Sin embargo, el instrumento nunca fue aplicado y solo sirvió como mecanismo disuasivo para contener bajas en las filas del chavismo.

A pesar de que en los últimos ocho años han saltado la talanquera al menos nueve parlamentarios, según un histórico publicado por el portal Prodavinci. Estos son: Nelson Rodríguez Parra (Psuv), Jesús Enrique Domínguez (Psuv) y María Mercedes Aranguren ( Psuv); William Ojeda (UNT), Ricardo Sánchez (UNT), Carlos Vargas (UNT) y Andrés Avelido (UNT); Jesús Paraqueima  (Podemos) y Hernán Nuñez (VP).

La ley también fue cuestionada por aliados del Polo Patriótico como el Partido Comunista por violar la libertad de pensamiento y asociación política que consagra la Constitución venezolana.

Foto: correodelcaroni.com