Determinante. Así calificó la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, el rol de la ayuda internacional para la “liberación” de su país y la restitución de los derechos humanos. “Sin la presión internacional no sé que estaría pasando en este momento”, dijo la exfuncionaria en una rueda de prensa en Madrid este sábado, 17 de marzo.
Al ser preguntada por las afirmaciones ayer del vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, pidiendo a la Justicia solicitar una orden de captura internacional contra ella, respondió: “confirma lo que digo, en Venezuela no hay separación de poderes, no hay democracia (…), se persigue al pensamiento opositor”.
“Si son tan valientes, que ellos mismos vayan a Interpol. Yo los espero. A ver quiénes van a ser los aprehendidos”, afirmó.
Ortega Díaz ofreció estas declaración a su regreso de La Haya, donde amplió la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro por “masacrar” al grupo del exagente Óscar Pérez el pasado mes de enero.
La exfiscal consideró fundamental la unión y la cohesión de todos los opositores y afirmó que el presidente Maduro y su Gobierno “nunca van a entregar el poder” porque “quieren perpetuarse”.
Justificó la ampliación de su denuncia presentada el pasado 16 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) “porque en Venezuela continúan las violaciones sistemáticas” de los derechos humanos. “Tengo el temor de que eso se profundice y se mantenga en el tiempo”, dijo, por lo que pidió medidas urgentes “para frenar esos atropellos y agresiones desmedidas ante la población”.
Respecto a la querella presentada ayer en la CPI contra el mandatario nacional y dos altos funcionarios de su Gobierno por la muerte de Óscar Pérez, insistió en que la Operación Gedeón “fue una masacre” y se perpetraron “ejecuciones”. Por esto, pidió “la privativa de libertad” contra las autoridades.
Ortega explicó que reunió para la CPI 1.693 “elementos probatorios” contra el Gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos de manera sistemática y continua y dijo que ahora le corresponde al Tribunal de La Haya investigar y convertir estos en pruebas.
La exfuncionaria defendió su actuación como “servidora pública” y dijo que desde su puesto denunció los atropellos del Gobierno. “En los últimos años fui una fuerte cuestionadora de las políticas del Gobierno sobre seguridad ciudadana”, aseguró.
Con información de EFE