Nuevo CNE, leyes comunales y un intento de diálogo: los seis meses de la AN del 6D

POLÍTICA · 9 JUNIO, 2021 15:18

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Deisy Martínez │@deicamar


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La Asamblea Nacional (AN) elegida en los cuestionados comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2020 cumplió recientemente seis meses de gestión.

En este lapso se allanó el camino para las megaelecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, que incluyó nombramiento de un nuevo Poder Electoral; se instaló una comisión especial para un diálogo a medias y se han discutido 17 leyes, entre las cuales destacan las dirigidas a instaurar un estado comunal en Venezuela.

 «Lo que se ha podido evidenciar con esta nueva AN es la consolidación de un sistema aún más hegemónico del que se tenía antes de su instalación, no es un poder independiente y su línea de acción es y seguirá siendo acorde a los intereses del Ejecutivo. No es la primera vez que hay una Asamblea con mayoría del chavismo cuyo único fin ha sido brindar un cuerpo de leyes de acuerdo al mandato del Gobierno nacional o emprender acciones apoyadas por el Poder Judicial», expresa sobre este tema el analista político Daniel Varnagy.

 El también profesor universitario destaca a Efecto Cocuyo que más allá del ruido causado por las llamadas leyes comunales, el Parlamento de 277 diputados no exhibe un trabajo legislativo sustantivo que pueda contribuir con la superación de la crisis política, económica y social del país.

 Diálogo diluido

 Este Parlamento, con 256 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y tan solo 20 de la oposición moderada, más uno del chavismo disidente, se instaló el pasado 5 de enero con una nueva promesa de diálogo que se diluyó en el camino.

 Ese 5 de enero, Jorge Rodríguez, presidente del  Poder Legislativo, hizo el anuncio; dos días después se conoció que él mismo presidiría la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación y el 14 de enero se instaló el grupo para asegurar que tendría lugar una verdadera consulta nacional.

Se dijo que la oposición encabezada por Juan Guaidó, además de la que ya participó en la mesa de diálogo nacional, sería convocada, aunque Rodríguez advirtió que dichas conversaciones no implicaban perdón para los supuestos delitos cometidos contra la República, como la promoción sanciones internacionales, por parte de los diputados salientes de 2015.

 Poco se cumplió. El nuevo diálogo fallido no pasó de reuniones con varios sectores políticos, económicos y académicos, gran parte afín a las políticas del Ejecutivo, aunque analistas políticos sostienen que de las conversaciones con sectores económicos saldrán las reformas que el Ejecutivo quiere implementar en la materia y que suponen un viraje de un modelo estatizador a uno que atraiga inversores y retome las privatizaciones.

 Durante un primer encuentro el 18 de febrero, entre representantes de Fedecámaras y los diputados liderados por Rodríguez, la cúpula empresarial propuso reformas de leyes fiscales y la Ley del Trabajo, un plan de abastecimiento de combustible y revisar el funcionamiento del esquema 7+7 como respuesta a la pandemia por COVID-19, ordenado por el Ejecutivo.

 La comisión de diálogo de la AN del 6Dic no ha presentado un balance formal de sus gestiones, ya solapadas por la propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional presentada por Guaidó que invita al chavismo a negociar elecciones generales libres, entre otros puntos, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Esto, con la mediación del gobierno de Noruega.

 Para Varnagy, el fracaso de la tentativa de diálogo desde esta AN es producto del uso de estos mecanismos por parte del gobierno de Nicolás Maduro para ganar legitimidad y reconocimiento internacional y no para llegar a acuerdos que permitan superar la crisis del país, menos para otorgar concesiones que le supongan pérdida de poder.

 «Una negociación implica que dos partes con poder se sientan en una mesa para ceder a cambio de ganar algo, es un proceso que debe tener un equilibrio, pero aquí está un sector que tiene todo el poder, que no se siente débil y otro que no tiene poder. El Gobierno dice que está dispuesto a conversar pero es por el reconocimiento que puede ganar en estos procesos y sin buscar un resultado concreto», explica.

 Megaelecciones y un Poder Electoral  «más plural»

 La derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, el 2 de marzo, por parte de la nueva AN, dejó la vía libre al nuevo CNE que sería designado, para que pudiera convocar elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldes, con sus respectivas cámaras regionales y municipales. El texto que perdió su vigencia, prohibía en su artículo 2 realizar ambos tipos de comicios en un mismo día.

 Previamente, el 19 de enero, la mayoría chavista del Parlamento, con la anuencia de la fracción de oposición, ya había dado inicio al proceso de renovación para escoger a los nuevos rectores (cinco principales y diez suplentes) del ente comicial, con el nombramiento de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales.

 El 4 de mayo de 2021, fueron nombrados y juramentados en el Palacio Legislativo como miembros principales del CNE, Pedro Calzadilla, Tania D´ Amelio (ratificada en el cargo), Alexis Corredor Pérez, el exdirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Enrique Márquez y el expreso político, Roberto Picón. Junto a ellos 10 suplentes.

 Dicha conformación, los tres primeros rectores ligados al chavismo y los dos últimos a la oposición, fue considerada como la menos ´»desequilibrada» en dos décadas. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como un sector de la oposición y de la sociedad civil admitieron que fue producto de negociaciones, que se aseguró, continuarían para lograr garantías electorales de cara a las regionales. Entre estas, habilitación de partidos políticos y candidatos.

 «Estado paralelo»

 Hasta este 8 de junio, la AN del 6Dic ha discutido 18 leyes, de las cuales han sido sancionadas la Ley de reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates, Ley derogatoria de la Ley que Regula los Períodos Constituciones del Poder Público Estadal y Municipal y Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil. El plan legislativo trazado para todo 2021, promete la aprobación de al menos 35 instrumentos legales.

 Pasaron la primera discusión en la cámara y están en fase de consulta la Reforma de la ley Orgánica de Drogas; Reforma de la Ley sobre el derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; Ley Orgánica de Ciudades Comunales; Ley de Protección y Atención Integral de los Adultos Mayores; Ley del Parlamento Comunal Nacional,  la  Ley de las Zonas Económicas Especiales y Ley de Sistemas de Cuidados para la Vida. 

Asimismo, la Ley de Nuevos Emprendimientos; Reforma Parcial de la Ley de Recreación; Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Valor de Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial; Ley de Promoción del Ciclismo Urbano; Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones y la Ley de Aguas.

 Analistas políticos, abogados constitucionalistas y autoridades municipales han alertado especialmente sobre las llamadas leyes comunales (Ley de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal) porque con ellas se pretende imponer un  «Estado paralelo» con cambios en la división de Poderes Públicos e incluso en la división territorial, que no está previsto en la Constitución.

Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas

 

El 11 de marzo, la plenaria aprobó la Ley de Ciudades Comunales y el 19 de marzo se inició una consulta nacional. El texto contempla entre los principales aspectos, la transferencia de competencias del Poder Público a las Ciudades Comunales, lo que supondría la pérdida de funciones y recursos asignados a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, se señala que la delimitación geográfica de alrededor de 200 ciudades que se tienen como meta crear, pueden abarcar los límites de uno o varios municipios o incluso estados.

 Si bien los Consejos Comunales y las Comunas cuentan con sus propios instrumentos jurídicos, y a su vez el Parlamento Comunal está previsto en la Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 21, no están consagrados en la Carta Magna.

 “Están creando un Estado paralelo, obviando la Constitución que no solo tendría que ser reformada para ello sino elaborada de nuevo en su totalidad. En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición», advirtió el constitucionalista Gustavo Manzo a Efecto Cocuyo, al momento de la aprobación en primera discusión.

 Posteriormente, el 13 de abril fue aprobada igualmente en primera discusión la Ley del Parlamento Comunal. El texto legal no autoriza la aprobación de leyes por ser competencia del Poder Legislativo nacional pero sí la presentación de propuestas a los legislativos nacional, estadal y municipal, relacionadas con el Poder Popular, a fin de que sean tomadas en cuenta. También prevé elecciones para escoger a sus miembros en el seno de las Ciudades Comunales.

 Un aspecto importante está contenido en el artículo 6 del proyecto de ley y es que el parlamento Comunal podrá “Debatir y aprobar los proyectos de solicitudes, a los entes político-territoriales del Poder Público, de transferencias de competencias y servicios a las instancias del poder popular”.

 Viejo mandato

 Varnagy recuerda que el mandato de impulsar el Estado comunal es de vieja data y que pese a ser una propuesta de la reforma constitucional de 2007 que el pueblo rechazo en referendo, fue asumido sin éxito por la Constituyente de 2017 y ahora rescatado por la AN del 6Dic.

 «La teoría del Estado comunal es complicada y por lo tanto muy difícil de ejecutar por la cultura política del país y porque requiere de grandes recursos financieros para hacer cambios de orden geopolítico y político territorial, que el país no tiene en estos momentos. Por lo que una cosa es que lo quieran hacer y otro es que puedan. Eso no quiere decir que más adelante no se concrete pero están dando los pasos legales y sentando las bases para intentarlo, contra la voluntad popular expresada en 2007´´, sostiene.

 El doctor en Ciencia Política agrega que la dirección que irá tomando el Poder Legislativo con mayoría Psuv, en lo que sigue del período constitucional que finaliza en 2025, se irá viendo en el camino, porque a diferencia de otros períodos, afirma, no hay una línea estratégica plasmada en un plan socialista o de la patria como los que elaboró Hugo Chávez en vida, sino que está sujeta a los vaivenes de la crisis del país.

 Otros instrumentos jurídicos como la ley de Aguas prometen abordar y tratar de resolver la crisis de servicios públicos en el país, en este caso por la escasez del agua potable en más del 90% de los hogares venezolanos.

 Amenazas contra Guaidó no avanzan

 Otra comisión que tiene pendiente un informe de gestión, es la que preside el diputado del 6Dic y disidente de Primero Justicia, José Brito. En este caso, la orden fue investigar los supuestos delitos de corrupción y traición a la patria, cometidos por los diputados de la AN de 2015, durante la gestión de Guaidó como presidente del Parlamento.

 A la Comisión Especial que investiga los ataques y daños patrimoniales ocasionados al país por miembros y directivos del periodo 2016-2021 de la Asamblea Nacional, le han concedido prórrogas, sin que hasta ahora se conozcan otros avances que busquen concretar la amenaza de cárcel para el líder opositor y otros dirigentes que lo acompañan, más allá de la conformación de expedientes por cada infracción cometida y citaciones no concretadas.

 Sobre esto, analistas políticos consultados coinciden en que el costo político, especialmente internacional, de apresar a Guaidó, sigue siendo muy alto para el gobierno de Maduro.

La indecisión por parte de Miraflores, pese a los reclamos de la primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela, fue recientemente justificada por el mismo gobernante durante un acto oficial, al razonar que no merecía la pena capturar al juramentado el 23 de enero de 2019, como presidente interino. Maduro aseguró que Guaidó sigue cometiendo errores que más bien favorecen al chavismo.  «Al enemigo hay que dejarlo que se equivoque», sostuvo.