Tras el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre el pase a investigación formal del caso Venezuela I por crímenes de lesa humanidad, analistas políticos e internacionales coinciden en afirmar que la decisión tendrá un impacto dentro y fuera del país.
A lo interno, apuntan, está por verse si el gobierno de Nicolás Maduro entiende el significado de la investigación de la Fiscalía de la CPI y si eso se traduce en verdaderos cambios en lo político y en materia de justicia. Fuera de nuestras fronteras, la comunidad internacional debe evaluar cómo serán las relaciones con un gobierno señalado por un tema tan sensible como las graves violaciones de derechos humanos contra la disidencia política.
Estado al descubierto
“Ante el mundo queda al descubierto que en Venezuela sí se cometen crímenes de lesa humanidad y a lo interno, entre quien ordena, quien ejecuta la orden y los autores materiales puede haber mucha preocupación por los resultados de la investigación y hasta una ruptura o distanciamiento para tratar de salvarse“, expresa el abogado y diplomático, Víctor Cedeño.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el exrepresentante permanente alterno de Venezuela ante Naciones Unidas recuerda que la Fiscalía de la CPI pasa a una fase en la que debe investigar la responsabilidad penal individual y construir cada caso denunciado. Para ello, advierte, las víctimas y ONG deberán prepararse lo mejor posible para aportar pruebas y testimonios sólidos, porque con base a ello Kham actuará. Otro efecto que anticipa es el de la prevención de futuros crímenes de lesa humanidad en el país.
«Esta investigación puede llevar a que las torturas, persecuciones, asesinatos, paren porque ya saben que los están observando y que la justicia puede llegar aunque demore en hacerlo. La estrategia del gobierno de Maduro para que fuera cerrado el examen preliminar no funcionó, aunque intentará demorar el proceso que inicia», sostiene.
Un elemento adicional que a su juicio queda en evidencia, con el paso dado por la fiscalía de la CPI, es que la investigación no se ordena como retaliación política ni por un tema de ideologías. Recalca que se trata de la búsqueda de justicia por las víctimas y su reparación.
«Hay muchas pruebas, y si antes no se tomaban muy en serio los informes de la OEA, señalada de parcializada a favor de la oposición venezolana, de la Alta Comisionada de la ONU y de la Misión de Determinación de Hechos, ahora sí deben tomarse en serio las denuncias porque interviene la CPI», agrega.
Reforma judicial
La politóloga Francine Jácome plantea otro escenario. Que la investigación por los crímenes de lesa humanidad lleve al Ejecutivo venezolano, a su Parlamento, a profundizar en la reforma judicial que ya se había adelantado y que fue calificada como «cosmética» por expertos y ONG.
Ya la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó un paquete de leyes, entre ellas las reformas del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y el Código Orgánico de Justicia Militar. Algunos cambios están dirigidos a garantizar el debido proceso y evitar que los civiles sean juzgados por la justicia militar, tal como ocurrió durante las masivas manifestaciones antigobierno de 2017.
La Fiscalía de la CPI deberá evaluar si los cambios son reales y si el sistema judicial venezolano está en capacidad de investigar y castigar violaciones de DDHH y con base en ello decidir si continúa el proceso o se retira. Esto último está casi descartado por los analistas dada la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.
En el memorando de entendimiento, firmado entre Khan y Maduro en Miraflores, se establece el compromiso por parte del Ejecutivo nacional, de adoptar «todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad».
«Es importante que se entienda que este proceso en la CPI no es inmediato, por lo que el poder político en Venezuela tiene tiempo para pensar en nuevas estrategias. Yo no descartaría que la represión contra la oposición siga, pero de una forma más disimulada; los organismos de inteligencia pueden volverse más cuidadosos, pero no detenerse en los abusos», advierte.
Baja el pesimismo
Para el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, el anuncio de Khan pone al gobierno de Maduro es una posición delicada ante la comunidad internacional.
«Puede haber un cambio de actitud de la comunidad internacional, los apoyos ya no serán automáticos, los países tienen que pensarlo más a la hora de establecer o profundizar en relaciones con un gobierno violador de derechos humanos», señala.
También apuesta porque baje el pesimismo, especialmente por parte de los venezolanos, en relación con la justicia internacional. Si bien reitera no es un proceso rápido el que viene en la CPI, que se pase a una investigación formal es un gran avance.
Le suma la extradición del empresario de los Clap, Alex Saab, para que responda ante la justicia norteamericana por crímenes relacionados con la corrupción, que también afectan a Venezuela, como una prueba más de que si en el país no se logra justicia, fuera de ella sí es posible.
«La desconfianza y la sensación de falta de amparo, despertada por actuaciones de organismos internacionales como la FAO que insiste en alabar la gestión gubernamental en materia agroalimentaria, puede superarse un poco. Lo del caso Venezuela en la CPI es algo inédito porque en occidente no hay precedentes», destaca.