Elecciones parlamentarias sin garantías en el último semestre del año, es el escenario más probable que vislumbra la historiadora Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales y docente universitaria.
En su opinión, la sentencia N° 65 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Poder Legislativo así lo confirma.
“Con esa sentencia, Maduro está indicando que está dispuesto, junto con Luis Parra, a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y hacer las elecciones. No serán elecciones medianamente competitivas ni justas y a la oposición le toca saber qué va a hacer frente a eso, lo importante es que tome una decisión unitaria”, afirma en entrevista con Efecto Cocuyo.
En enero de este año, López Maya ya advertía que el chavismo gobernante intentaba destruir el último retazo de democracia, que es el Parlamento, y explica que lo que hemos visto en las últimas semanas es la continuación de ese hostigamiento.
“La Asamblea Nacional está prácticamente sin atribuciones y tratando de mantenerse en vida hasta finales de este año, que es cuando le corresponde terminar el periodo. Las últimas decisiones lo que hacen es seguir el camino hacia la realización de unas parlamentarias a la medida del Gobierno”, expone.
El desarrollo de comicios legislativos sin garantías reedita el episodio de las presidenciales de 2018, que fueron desconocidas por más de 50 países y que agravaron la crisis política en el país.
No obstante, las condiciones actuales son aún más adversas por la quema de más del 80% del equipo electoral, ocurrida el pasado 7 de marzo, y la pandemia de COVID-19. Al menos 40 etapas en la organización y celebración de una elección pueden convertirse en riesgos significativos para los trabajadores electorales y los votantes.
“Estamos ante un panorama bastante sombrío, una elección en esas condiciones no resuelve absolutamente nada en Venezuela”, lamenta.
Mayor control social
Advierte que el gobierno de Maduro aprovecha la pandemia de COVID-19 para avanzar en un mayor control social. “Siente que con la cuarentena puede mantener militarizada y controlada a la población”, dijo.
“La sociedad no puede forzar una salida negociada, el gobierno de Maduro es el único que puede convocarla, pero no tiene incentivos para hacerlo. En este momento no hay condiciones para una negación y por eso hay que pensar con sinceridad en estrategias que no sean tan inmediatistas”, expone.
La doctora en Ciencias Sociales considera que los actores políticos deben integrarse al trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y centrar sus esfuerzos en fortalecer el tejido social y preparar a la sociedad para que se organice en toda la geografía, registre y denuncie la violación de derechos humanos.
Otro objetivo prioritario, según López Maya, debe ser reforzar las gestiones que garanticen el ingreso y distribución equitativa de la ayuda humanitaria.
“Nosotros estamos acostumbrados a regímenes que respondían a las necesidades de la sociedad, pero Maduro no necesita esto para mantenerse en el poder. Cuando usa a la población y habla del COVID-19 es pura retórica. Su objetivo es mantenerse en el poder y como tiene a los altos mandos con él y a los paramilitares con él permanece”, añade.