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El gobernante Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en vísperas de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo este 5 de enero.

Durante la alocución transmitida por VTV, Maduro hizo alusión a la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia realizada por la mayoría opositora de la AN de 2015 este 3 de enero, la cual declara la continuidad de dicho Parlamento y del Gobierno interino, presidido por Juan Guaidó. Exigió al Parlamento de 277 diputados investigar el hecho, «plantársele» al Poder Judicial y exigir justicia contra los opositores, a los que señala de «saquear» las riquezas del país en el exterior.

«Esta AN debe canalizar la indignación que hoy corre en toda Venezuela por lo que hicieron la madrugada de ayer estos degenerados, mediante la activación de mecanismos institucionales y legales y exigir desde la Constitución, que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y haga justicia por la indignación causada por los hechos de estas últimas horas, es vergonzoso», fustigó.

Recalcó que el Parlamento, actualmente presidido por Jorge Rodríguez, no puede dejar pasar por alto lo que calificó como el «reparto del botín» ante los ojos de los venezolanos, de las empresas en el exterior como Citgo y Monómeros y de recursos de la cooperación internacional. Responsabilizó directamente a Julio Borges de Primero Justicia y a Henry Ramos Allup de Acción Democrática, pese a que ninguno participó en la sesión convocada por la Comisión Delegada Legislativa la noche de este 3 de enero.

«Le pido al Bloque de la Patria que destape la olla podrida del madrugonazo que se dieron los opositores repartiéndose el botín, es justo y necesario», reiteró.

Reforma del Estatuto de Transición da continuidad al Gobierno interino, pero le quita poder

 Pide plan de acción para leyes

En compañía de la actual directiva de la AN del 6Dic, del jefe de la bancada del Psuv, Diosdado Cabello, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro aplaudió que este miércoles se cumpla un año de la instalación de una AN «legítima», electa con el voto popular para ocupar su espacio institucional como corresponde, según la Constitución.

«Para sustituir a la Asamblea del daño, de la perversidad, cinco años de perversidad sin límites como nunca se había conocido, un Parlamento de corrupción, de guerra de intereses, antinacional, volcado contra el país, que fue capaz de arrebatarle a la nación sus riquezas internacionales, sus activos, fue capaz de pedir una intervención militar de EEUU para que se impusiera el modelo neoliberal», dijo.

Agradeció a los diputados no solo la aprobación de 38 leyes sino el inicio de un diálogo nacional con la participación de todos los actores. También recordó a parlamentarios fallecidos el año pasado, entre ellos el más reciente, Earle Herrera.

Pero también criticó la falta de difusión masiva de los instrumentos legales sancionados, por lo que exigió un plan de acción para la ejecución de cada ley, tanto de las aprobadas en segunda discusión como las que se presenten.

Entre las leyes pendientes por segunda discusión volvió a reclamar la aprobación de la Ley de Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal. La primera, aprobada en primera discusión el 13 de marzo de 2021, fue «frenada» producto de negociaciones entre el chavismo y la oposición, previo a las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre.

Renovación 

Maduro anunció además que 2022 será un año de renovación de los «métodos de gobierno» para responder a las necesidades de la gente, especialmente en materia de servicios públicos como el agua y reconectarse con el pueblo.

Indicó que la nueva estrategia, cuya activación fijó para el 4 de febrero, estará apoyada en la tecnología y en el plan 1×10, similar al aplicado para las elecciones, además de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Advirtió que tal renovación también alcanza a las gestiones de gobernadores, alcaldes, cámaras regionales y municipales, con la redefinición de las tareas que deben cumplir «sí o sí».