Sin haber pasado por ninguna comisión de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, la propuesta de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG llegó a la plenaria de la mano del diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello.
En la Comisión de Política Exterior del Parlamento con mayoría del chavismo reposa desde mediados de 2022, un anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional en las que las ONG también tendrían las de perder, puesto que, de acuerdo con el texto filtrado a la opinión pública, se establecen multas y penas de ilegalización contra aquellas organizaciones que se considere, promueven directa o indirectamente sanciones internacionales.
¿Por qué la cámara discute primero la ley que fiscaliza y regula a las ONG y no la de Cooperación Internacional que ya estaba en manos de los diputados de 2020? ¿Una propuesta anula a la otra o se aprobarán ambas de manera consecutiva?
Activistas de derechos humanos lo atribuyen a una decisión política que busca callar los reclamos y las denuncias por violaciones de derechos humanos en el país, mientras que algunos analistas políticos lo ven como una forma de «subirle el costo» a las negociaciones con la oposición México para que se eliminen las sanciones internacionales.
No es casual que unos días antes el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, amenazara con «radicalización» en respuesta a la ratificación de las medidas restrictivas por parte del gobierno de Estados Unidos, si Miraflores no daba pasos convincentes hacia la democracia en Venezuela.
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Leyes distintas
Desde la Alianza Democrática se asegura que el texto de la propuesta de Ley de Cooperación Internacional que se trabaja en la Comisión de Política Exterior, dirigida por Timoteo Zambrano (Cambiemos), no es el mismo que las ONG denunciaron y filtraron el año pasado.
«La ley de Cooperación Internacional habla sobre las cooperaciones internacionales que da el Estado y que recibe el Estado para ponerle orden, no es una ley para regular las ONG, es una ley para dar un marco jurídico al Estado venezolano como el que tienen países desarrollados como Suiza por ejemplo», aseguró una fuente ligada a la oposición moderada en la AN de 2020.
Y expone otra teoría sobre el motivo para que la ley de Cabello fuera aprobada antes en primera discusión en la Cámara: Timoteo Zambrano, autor de una propuesta de Ley de Cooperación Internacional no contempla «ninguna intención de regular la actividad de las ONG» en el país. Se aseguró que tanto representantes de Naciones Unidas como algunas organizaciones pro DDHH conocen el texto y lo pueden confirmar.
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«Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas ONG, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación», reza la regulación propuesta por el Psuv.
En la exposición de motivos se suscribe el discurso oficial según el cual las sanciones internacionales son causantes de la crisis humanitaria. Asimismo que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han desvirtuado la cooperación internacional en la cual se incluye la ayuda humanitaria, poniéndola «al servicio de intereses que promueven una agresión militar» contra países soberanos, entre ellos Venezuela.
Sin embargo, el diputado integrante de Política Exterior, Miguel Salazar (Copei judicializado), señaló a Efecto Cocuyo que desde el año pasado el avance de la discusión de la Ley de Cooperación Internacional ha sido casi nulo, por lo tanto, aclaró, no hay ni siquiera un anteproyecto de ley aprobado por la instancia parlamentaria. Ahora la ley que presentó Cabello y que «vino de afuera», admitió, «es prioridad».
En consulta pública
El 24 de enero, la AN de 2020 aprobó en primera discusión la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la cual consta de 17 artículos y dos disposiciones transitorias.
Entre otros aspectos, el proyecto de ley en su artículo 15 contempla suspensión o disolución definitiva de las ONG que incurran en: recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; realizar actividades políticas; promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República o cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
Desde la Comisión de Política Interior, presidida por Pedro Carreño (Psuv), se informó que dicha ley iría a consulta pública nacional a partir del 27 de enero y que las modalidades a emplear serían tanto presencial como virtual. El proceso, según nota de prensa, comenzaría vía Internet, por Distrito Capital, Miranda y ocho estados no especificados, posteriormente, el fin de semana (28 y 29 de enero) continuarían con el resto del país.
Carreño indicó además que se utilizaría un instructivo de recolección de datos de las propuestas y se reunirían en mesas de trabajo con documentación e insumos sobre las ONG registradas. Cabello dijo tener una lista de 62 ONG dedicadas, según afirmó, a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas, Provea, Súmate, Lidera y Futuro Presente.
Carreño recordó que la Comisión tiene 30 días continuos para activar la consulta pública, pero que en caso de no lograr una amplia participación, solicitarían a la directiva de la AN una prórroga.
Pro y contra regulación
Las ONG aseguran que el objetivo del instrumento legal no es regular a este sector sino criminalizar la labor por los DDHH en Venezuela, por lo que calificaron la ley como «represiva» y «totalitaria». Durante su visita a Venezuela, el alto comisionado para los DDHH de la ONU, Volker Türk, pidió al Estado venezolano «desistir» del instrumento legal y garantizar el espacio cívico.
La Alianza Democrática si bien salvó el voto para la aprobación de la ley en primera discusión, no se opone a la regulación y fiscalización de las ONG porque la consideran necesaria.
«No atenta contra las ONG porque se sigue respetando el derecho a la libre asociación previsto en el artículo 52 de la Constitución, lo que se establece es que deben declarar el dinero que reciben, de dónde y de quienes lo reciben y en qué lo gastan, sean medicinas, insumos médicos, para determinar si están pagando los impuestos que les corresponden», expresó Salazar.
Sostuvo que un Estado que no regula se convierte en «anárquico» y negó que el objetivo de la ley sea ilegalizar a las organizaciones.
«El objetivo de la ley es otro, independientemente del tono altanero y revolucionario que le da Diosdado Cabello, es necesaria la regulación. No voy a caer en si esas ONG destabilizan o no, pero hay que regular», justificó. (https://punandjokes.com/)