Un grupo de expertos se reunieron este 30 de septiembre en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-Ucab) para hablar de la Justicia Transicional y su aplicación en Venezuela, a la luz del informe de la misión independiente de verificación de hechos de Naciones Unidas. El evento fue organizado por la Comisión de Justicia y Paz, dirigida por la diputada de 2015 Delsa Solórzano.
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo) Cecilia Sosa Gómez; los directores de la ONG Acceso a la Justicia Laura Louza y Alí Daniels y el director del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, Eduardo Trujillo, coincidieron en afirmar que sin independencia del Poder Judicial venezolano no puede haber justicia transicional en Venezuela.
También se formularon algunas advertencias con respecto al tema, como parte de las negociaciones en México y se destacó información del reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como insumo importante para el proceso que se sigue en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Es justicia transicional, no transaccional“, aclaró Solórzano, al explicar que se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos y no al perdón de crímenes de lesa humanidad ni el reinado de la impunidad.
Cuidado en México
Sosa Gómez recordó que la justicia transicional está entre los temas que deben abordarse en el proceso de negociaciones que adelantan los representantes de la oposición y de la administración de Nicolás Maduro en México.
La integrante del Bloque Constitucional de Venezuela pidió observar con mucho cuidado lo que ocurre en México en ese sentido, puesto que, advirtió, pudiera ser usado para frenar el proceso por violación de derechos humanos contra el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI), con base en el principio de complementariedad previsto en el Estatuto de Roma.
Advirtió que la Asamblea Nacional del 6 diciembre aprobó un paquete de leyes con algunos cambios en el sistema de justicia y eso podría ser usado para dar la impresión de que se adelantan reformas para garantizar justicia a las víctimas. La complementariedad significa que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que la complementa.
A mediados de septiembre, la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo sancionó la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar; la de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). ONG han denunciado que el objetivo es lavarle la cara a la administración de Maduro ante la CPI.
“Si se demuestra que aquí se están haciendo cambios el proceso internacional puede quedar estacionado y seguirá su curso en el sistema de justicia venezolano aunque sea de manera errónea porque no habrá verdadera justicia, pero lo hará”, dice.
Mientras que Trujillo considera el escenario de México como la única posibilidad, por ahora, de aplicar la justicia transicional en Venezuela mediante acuerdo entre las partes y como parte de una especie de “pacto de convivencia”.
“La función de la sociedad civil venezolana en el caso de que se llegara a materializar los objetivos del proceso de negociación, tienen que ver con documentar violaciones de derechos humanos, denunciar y hacer preparación técnica para que en el marco del pacto político de una transición en democracia se trate a las víctimas según los DD. HH. que les fueron violados, tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, económicos y culturales”, dijo.
No es justicia “arreglada”
Daniels apuntó que la justicia transicional no es una “justicia arreglada” y que los resultados de su aplicación puede variar según la situación de cada país. Destacó que el derecho a la verdad, la justicia, reparación de las víctimas y garantía de no repetición son elementos fundamentales y que si falta alguno no se puede hablar de justicia transicional.
En el caso venezolano, indicó, no se cumple ninguno. Destacó aportes de organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para que la situación se haga evidente.
Para su más reciente informe divulgado el 16 de septiembre, la Misión de la ONU realizó entrevistas (177) a actores y exfuncionarios del sistema judicial, análisis de expedientes, de documentos oficiales y un análisis detallado de 183 detenciones de opositores entre 2014 y agosto de 2021. Esto le permitió registrar las irregularidades en todas las etapas del proceso penal.
Misión de la ONU: Justicia venezolana agrava la crisis de derechos humanos
“No hay una justicia independiente, una vez que el presidente o un ministro dicen que alguien es culpable (la Misión detectó 102 casos), es muy difícil que un juez cambie esa decisión. Los jueces son provisorios en su mayoría, lo que hacen es recibir órdenes y ejecutarlas. En Venezuela la justicia tiene dos caras, la que ejecuta órdenes y la que aborda la delincuencia común, no funciona para ninguna”, señala.
“Sistema de represión”
Del informe de la Misión, Daniels destacó que, de 170 casos analizados, en 146 se ordenó una detención sin motivación, sin explicar porqué y que la orden de captura se emitió posteriormente (en 19 casos) y no antes a la detención, lo cual, afirma, evidencia sistematización. En 61,7 % de los casos, citó, hubo torturas contra los detenidos.
“En Venezuela hay un sistema de represión, no de justicia”, afirma. En cuanto al proceso en la CPI llama a tener en cuenta además que la Fiscalía no está para cooperar con el organismo internacional sino para obstaculizar y maniobrar para provocar dilaciones.
Confía en que el informe de la Misión tenga consecuencias como evidencia de las irregularidades en el sistema de justicia y el uso con fines políticos por parte de Miraflores, lo que impide que las víctimas de violaciones de DD. HH. obtengan justicia. “La justicia no tiene capacidad para juzgar estos casos, tiene 20 años sin hacerlo”, sentencia el abogado.
Louza por su parte, señaló que es necesario dar pasos para recuperar la institucionalidad del país. Igualmente advirtió que sin independencia judicial y seguridad jurídica no puede haber justicia transicional en el país.
“Proponemos una comisión de carácter nacional e internacional para que pueda haber cambios reales. Abordar una verdadera reforma judicial, hay que ocuparse del Poder Ciudadano, de todo el proceso de selección de los magistrados del TSJ, de los concursos debidos para la selección de jueces y una comisión de acceso a la Justicia para acercar el ciudadano a la justicia, hay procesos que contemplan que el ciudadano participe y eso no se cumple”, dijo.