Misión de la ONU: Justicia venezolana agrava la crisis de derechos humanos

POLÍTICA · 16 SEPTIEMBRE, 2021 10:59

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela reconoció, este 16 de septiembre, que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno.

En la publicación de su segundo informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión “detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014”, explica un comunicado oficial.

“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Además, esta Misión de la ONU afirma haber encontrado “motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia”.

La misión reconoció que el sometimiento del poder judicial ha tenido como consecuencia la perpetuación de la impunidad e irregularidades procesales en los casos de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado y de los que no se tiene “evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados”

“La contribución del sistema de justicia a la crisis de derechos humanos de Venezuela no puede menospreciarse. Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber eregido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos”, agrega Cox Vial, miembro de la Misión.

La Misión de la ONU realizó 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y un análisis de expedientes judiciales y otros documentos oficiales.

También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades en todas las etapas del proceso penal.

Este informe complementa el informe de la Misión de septiembre de 2020, en el que se encontraron “motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas de alto nivel y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidos los asesinatos arbitrarios y la tortura sistemática– constituyen crímenes de lesa humanidad.

Independencia del sistema de justicia

El informe describe que el deterioro de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se profundizó con el nombramientos y destituciones de jueces y juezas sobre la base de consideraciones personales o políticas inapropiadas con la intención de manipular la acción de este organismo.

“Fuentes del Poder Judicial informaron que los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”, destaca el comunicado.

Denuncian que Las juezas y los jueces que no han cedido a las presiones políticas han sido perseguidos, denigrados e intimidados.

Según un exjuez, entrevistado por esta Misión de la ONU, el sistema de justicia “no es ni la sombra de lo que era hace apenas 15 años”.

Irregularidades procesales

Se denuncia que los jueces dictan la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional y  en ocasiones mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona.

La Misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas. A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por cuatro años, el doble del límite legal.

Además, advierten que en algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían  torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley.