¿La justicia transicional puede frenar el proceso de la CPI contra Maduro?

POLÍTICA · 28 AGOSTO, 2021 17:39

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Ibis Leon | @ibisL


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El Poder Judicial en Venezuela no es independiente y mucho menos imparcial. Lo ha declarado la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y quedó en evidencia cuando el máximo tribunal del país dictó sentencias para cercenar atribuciones de la Asamblea Nacional opositora o judicializó partidos políticos de la disidencia, por ejemplo.

Esta ausencia de justicia y la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país fue lo que provocó la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) que actualmente estudia la posibilidad de abrir una investigación formal contra Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Aunque el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, no ha concluido el examen preliminar sobre Venezuela todo parece indicar que es altamente probable que el funcionario inicie la fase de investigación.

En este contexto se formalizó, el pasado 13 de agosto, una nueva ronda de negociación en México que, aunque incierto, puede contribuir a buscar una solución electoral a la crisis política y definir mecanismos de justicia transicional que garanticen la reparación de las víctimas.

Pero ¿qué es la justicia transicional? Y ¿puede la aplicación de un mecanismo de justicia transicional en Venezuela frenar el proceso que sigue la CPI contra Maduro?

El Centro Internacional para la Justicia Transicional la define como “las formas que países, que dejan atrás periodos de conflicto y represión, utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada”.

Hay un consenso general sobre los elementos que componen la justicia transicional. Estos son: 1️⃣ el derecho a la verdad, 2️⃣ el derecho a la justicia, 3️⃣ el derecho a la reparación y 4️⃣ las garantías de no repetición emanadas del Estado.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) señala, en una investigación titulada Justicia Transicional en Venezuela: Una aproximación para la materialización del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos que este proceso depende de un pacto político:

“Tanto en los contextos de transición del conflicto armado a la paz y del autoritarismo a la democracia, es una condición ineludible que los actores lleguen a acuerdos políticos para la aplicación de las fórmulas típicas de justicia transicional ya que sin esos pactos la puesta en marcha de los mecanismos corren graves riesgos de ser derruidos”.

La directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz, explica cómo la aplicación de la justicia transicional en Venezuela puede incidir en el proceso que lleva adelante la CPI.

La especialista señala que la clave está en el principio de complementariedad que evalúa el tribunal internacional para actuar. Si en el país se aplican mecanismos de reparación de las víctimas que se consideren genuinos esto sí podría frenar el proceso que se sigue contra Maduro.

“En este instante en Venezuela no hay un Poder Judicial independiente ni imparcial, lo ha señalado la Cidh, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU. En consecuencia, si la fotografía se toma en este momento, aún cuando haya un proceso en México, eso no va a tener incidencia en la CPI porque no hay investigaciones ni juicios genuinos contra los máximos responsables”, afirma.

No obstante, la especialista agrega que en el caso hipotético de que los actores políticos lleguen a acuerdos y se establezca una comisión de la verdad y tribunales especiales en el país para juzgar los crímenes de lesa humanidad, el examen preliminar sobre Venezuela podría “congelarse”.

“Puede ocurrir algo similar a lo que pasó con Colombia, el examen preliminar colombiano se encuentra congelado en la fase 3 porque la CPI está brindando cooperación al Estado, a través de lo que se conoce como complementariedad positiva, para juzgar a los perpetradores en el país. La corte da herramientas técnicas sobre cómo juzgar, etc. Esto no significa que la CPI va a cerrar de inmediato el proceso, tiene que evaluar si los altos responsables están siendo juzgados y si esto no se logra sigue avanzando”, señala.

Amnistía versus impunidad

La abogada advierte que uno de los grandes retos de todo proceso de justicia transicional es la reparación de las víctimas a través de la justicia retributiva (cuyo enfoque es más punitivo, apunta más a la imposición de penas corporales a los perpetradores) o la restaurativa (no se circunscribe únicamente al castigo sino que busca restaurar o transformar los vínculos sociales que pudieran haber sido afectados por el conflicto o el abuso masivo sistemático de derechos humanos).

“Al hablar de verdad y justicia hay una discusión sobre el otorgamiento de amnistía o indultos a los más altos responsables, esa discusión hay que darla entendiendo que la Constitución venezolana dice que no están permitida la amnistía ni los indultos para los crímenes atroces, lo que puede constituirse en un obstáculo para la transición, queda de parte de los políticos y de los defensores de derechos humanos definir los límites para esto”, argumenta.

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, coincide en la complejidad que implica resarcir los daños más aún cuando se trata de violaciones masivas y sistemáticas.

“Dependiendo de la magnitud de las transgresiones al ordenamiento jurídico, para facilitar la transición uno podría definir que para los casos donde no hubo hechos de sangre se apliquen fórmulas para la reparación de las víctimas que vayan más allá de la cárcel o la compensación económica”, expresa.

“A una madre a la que le mataron a un hijo en una manifestación, una compensación económica no se lo va a devolver. Es probable que a esta madre lo que le interese es que el Estado reconozca públicamente que su hijo no era un delincuente. Muchas veces no solo asesinan a la persona físicamente, también lo hacen moralmente cuando lo acusan de ser un traidor a la patria o conspirador, etc”, añade.

El abogado menciona varios ejemplos al respecto: en el caso del Caracazo que dejó decenas de fallecidos, la CIDH exhortó al Estado venezolano a publicar, en Gaceta Oficial, la identidad de las víctimas y aclarar que no eran criminales (como un mecanismo de reparación), pues la versión policial es que muchos estaban participaron en saqueos y actos vandálicos. Esta petición sigue sin cumplirse.

Otro ejemplo que menciona Daniels es el apartheid en Sudáfrica. Durante el proceso de transición, en este país se establecieron espacios y mecanismos para que los represores contribuyeran con el establecimiento de la verdad a cambio de sanciones “atenuadas”.  “Se llevaban a los represores a los sitios donde estaban los deudos y, bajo la promesa de no ser procesados, informaban que había pasado con las víctimas apelando a la garantía de no repetición”, explica.

Modalidades de reparación

El Centro de DDHH de la Ucab enumera diversas modalidades de reparación en el estudio referido en este artículo. Algunas son: la restitución que comprende el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, el regreso al lugar de residencia, etc; la indemnización; la rehabilitación que incluye atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales; y las garantías de no repetición que incluyen reformas institucionales, el fortalecimiento de la independencia judicial, entre otros.

Negociación en México

La justicia transicional depende de un pacto político. Pero Daniels se muestra escéptico respecto a la negociación que llevan adelante representantes de Maduro y de Juan Guaidó en México.

“Lo primero que se tiene que preguntar uno es si de México va a salir una transición o se van a sentar las bases para que la oposición pueda volver a una normalidad institucional porque aquí hemos dado tantos pasos atrás que el hecho de que tengamos partidos dirigidos por quienes corresponde es una conquista. Soy pesimista porque no veo razones para que el gobierno entregue el poder teniendo un control de la institucionalidad tan fuerte como el que tiene hasta ahora”, advierte.

Sobre la CPI, el abogado expresa: “La fiscalía es una entidad independiente que no va a investigar o dejar de hacerlo porque un gobierno o una oposición se lo ordene. Estas posiciones de que se está negociando la justicia en la CPI no tienen fundamento. Ahora, la corte sí tiene un efecto en la conducta del gobierno que sabe lo que implica ser un perseguido internacional por crímenes de lesa humanidad”.

Los retos

“La estructuración de la justicia transicional en Venezuela en el proceso de tránsito del autoritarismo a la democracia afronta retos importantes”, según el Centro de DDHH de la Ucab que menciona los siguientes:

 – La ausencia actual de un verdadero pacto político para la creación del sistema.

– Un poder judicial no independiente y altamente corrompido.

– Tener falaces antecedentes de comisiones de verdad.

– Una particular masividad en la violación de los Desca (Derechos económicos, sociales y culturales).

– El dilema sobre cuál será la fecha de inicio del análisis en materia de justicia transicional, para lograr la mayor inclusión posible de víctimas.

– El dilema sobre si posicionar el sistema en el marco de la justicia ordinaria previamente depurada o a través de la creación de un sistema de justicia nuevo y distinto, como una jurisdicción especial al estilo de Colombia.

– Determinar el alcance de los costos de reparaciones en favor de las víctimas.

– Establecer garantías de no repetición razonables y que no puedan ser inobservadas por futuros gobiernos.

– Garantizar la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de estructuración.

Foto: RTVE.es