Rendición de cuentas. Las juntas directivas ad hoc de Pequiven y de la empresa de fertilizantes y productos químicos Monómeros ubicada en Colombia, presentaron este miércoles ante la Asamblea Nacional (AN) su informe de gestión, desde que el gobierno interino de Juan Guaidó tomara el control de la compañía en abril de 2019.
La presidenta de Monómeros Colombo Venezolano S.A, Carmen Elisa Hernández, indicó que antes de ser recuperada por la presidencia encargada y la actual junta directiva, la empresa con sede y registro en el vecino país, estaba afectada por sanciones de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU), aislada y controlada por solo grupo colombiano “que la desangró” y cuentas en el exterior bloqueadas. Precisó que durante 2018, se registraron pérdidas por el orden de 20 millones de dólares.
“Monómeros fue fundada el 26 de diciembre de 1967 en Barranquilla, llegó a tener 60% del mercado de fertilizantes en Colombia, generaba materia prima para la industria textil. En 2005 el Estado venezolano decide la compra total de acciones y empezó una desaceleración y desinversión”, expresó.
Hernández aseguró que se ha trabajado arduamente por la recuperación de Monómeros y subrayó que gracias a las gestiones realizadas se logró estabilizar para generar 15 millones de dólares de rentabilidad, con miras a ser mucho más que empresa de fertilizantes. Destacó que este año el plan de inversiones internas de la empresa alcanza 26 mil millones de pesos.
“Este año, hasta junio de 2020 se registraron cinco millones de dólares de utilidades con expectativas de seguir mejorando en lo que resta de año, pasamos de utilidades netas negativas a positivas”, aseguró la funcionaria, quien sustituyó a Jon Bilbao en agosto de 2019 en la presidencia.
Irregularidades
Entre las irregularidades detectadas por la junta ad hoc, Hernández destacó que un solo grupo económico colombiano, designado a dedo por el gobierno chavista tenía 70% de los contratos de Monómeros. Señaló además que en dichas contrataciones había tarifas con sobreprecio de 20% y cláusulas de penalización muy altas.
Se trató de seis contratos en total relacionados con servicios especializados de mantenimiento, obras de mantenimiento civil, manejo de trámites aduanales, entre otros. Aclaró que ya fueron reemplazados a través de procesos transparentes de licitación. La funcionaria omitió el nombre de la empresa neogranadina involucrada por haber procesos legales en curso.
“Se pretende que se pague lo estipulado hasta el final del contrato, que se continúen y han dicho que no devolverán los anticipos”, cuestionó.
Detalló que desde la recuperación de la compañía se han celebrado 29 concursos cerrados con la participación de 92 empresas y diez abiertos con 62 compañías. Los diputados que participaron en la rendición de cuentas vía internet pidieron tener acceso a los detalles de los procesos abiertos y a los contratos firmados para ejercer la contraloría debida.
“Se hicieron pagos de anticipos de 5 millones de dólares sin cumplir el tiempo debido, el gerente general (Pedro Lugo) tenía a su disposición una caja chica de 100 mil dólares en efectivo”, agregó Fernández.
Añadió que el mal manejo llevó a que desde el punto comercial, Monómeros perdiera 20% del mercado de fertilizantes en Colombia y funcionara al 50% de su capacidad, al no poder comprar materia prima.
Denuncias
En septiembre de 2019, el para entonces ministro de Petróleo de Nicolás Maduro, Manuel Quevedo, denunció el supuesto desmantelamiento de Monómeros. Responsabilizó a Guaidó y la junta directiva que designó de la situación.
En abril de este año, el senador colombiano José David Name denunció una supuesta quiebra de la empresa por presuntos excesos de la junta directiva entre 3 y 4 millones de dólares, lo cual fue desmentido. Se aseguró que los gastos en el ejercicio de funciones entre abril y diciembre de 2019 apenas alcanzaron 568 mil dólares.
Otros logros
Sobre lo logrado durante un año y tres meses de recuperación de Monómeros por parte de la presidencia encargada, Hernández indicó que actualmente la compañía no tiene acceso a créditos de la banca por las sanciones, pero consiguieron que los proveedores les vendieran materia prima con plazos de 90 días en promedio a precios competitivos.
Admitió que ha sido una preocupación de la junta directiva no poder comprar materia prima a proveedores venezolanos por las sanciones de la Ofac que es muy estricta en ese sentido. La explicación es que se considera que en algún punto de la cadena “habrá alguna conexión con el régimen”.
Resaltó que hoy en día la capacidad instalada es de 900 mil toneladas, que las plantas reciben el adecuado mantenimiento y que el plan de producción se cumple 99%. “Tenemos mercado, materia prima, financiamiento, las licencias y vamos hacia la búsqueda de otros negocios”, recalcó.
También calificó de “robusto” el sistema de registro de operaciones de Monómeros, el cual les permite reportar ingresos y gastos. Indicó que la plataforma de registros de contratistas igualmente fue actualizada y fueron retomadas las reglas que rigen dichos procesos para que sean transparentes y legales.
Acciones legales
La presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, también designada por Guaidó, Diana Bracho, acotó que se obtuvo además la aprobación de acciones penales contra Pedro Lugo ex gerente general de Monómeros (entre 2003 y junio de 2019).
“Faltó a sus deberes, extralimitándose en sus facultades, celebró contratos adversos para los intereses de la empresa, por ello se elevó el caso a la juntad ad hoc de Pequiven y se iniciaron acciones civiles y penales en Bogotá Colombia y ante la Fiscalía colombiana”, dijo.
Se dijo además que hubo una depuración del personal contratado puesto que ya no se requerían sus servicios para llegar a 600 trabajadores fijos y 900 asociados por contrato. Hernández aseguró que es un personal con un mínimo de hasta 10 años de experiencia, de mucho arraigo en Monómeros, comprometido con el crecimiento de la compañía.
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, diputado Elías Matta, informó que luego de Pequiven y Monómeros, otras juntas ad hoc deberán presentar informes de gestión por orden de Guaidó.