De nuevo, el poder político hace uso de las inhabilitaciones políticas por la Contraloría General de la República (CGR) para sancionar a opositores venezolanos, concretamente 28 diputados de la Asamblea Nacional de 2015.
Del grupo destaca, de nuevo, el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, quien fue objeto de una medida similar el 28 de marzo de 2019.
«El gobierno continúa usando las inhabilitaciones como alternativa a una medida de cárcel contra los dirigentes de oposición, principalmente Guaidó, porque apresarlo todavía tiene un costo político muy alto. Afuera exigen que se levanten las sanciones pero internamente las aplican contra el liderazgo político venezolano», expresa la politóloga Francine Jácome.
Respuesta a las bases
Aparte de Guaidó, fueron afectados por la inhabilitación por 15 años, el primer y segundo vicepresidente de la Delegada, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia. También los diputados de 2015, Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido y Germán Ferrer.
Además incluyeron a los legisladores Jesús Alexis Paparoni Durán, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez y José Manuel Olivares. Al menos 15 de ellos se encuentran en el exilio.
La razón: no haber realizado la declaración jurada de patrimonio como diputados salientes. Florido aseguró que sí consignó la información requerida de manera presencial, a través de sus abogados, a quienes firmó un poder. Calificó la medida de arbitraria y denunció persecución.
«El régimen necesita mostrar que tiene alguna capacidad de afectar directamente a Guaidó y a la dirigencia opositora que forma parte de la AN 2015. Las bases del chavismo- madurismo reclaman que Guaidó no ha sido encarcelado. El régimen conoce y pondera el costo que una decisión de esa naturaleza implicaría», apunta el politólogo Jesús Castellanos.
Oposición a la medida
Los analistas también coinciden en que otro efecto pretendido con estas medidas es evitar futuras candidaturas, especialmente una presidencial de Guaidó, pero también con miras a las elecciones regionales.
«El régimen no permitirá bajo ningún concepto una candidatura de Guaidó o de los diputados de la AN 2015 y para ello cuentan con un arsenal de dispositivos pseudojurídicos (no constitucionales) como las inhabilitaciones y las intervenciones de partidos», sostiene Castellanos.
Para Jácome se trata de la misma estrategia que ha venido usando Miraflores para construir una oposición a la medida de sus intereses.
Recuerda que una de las condiciones que exige el G4 para participar en elecciones presidenciales y parlamentarias es precisamente que se levanten las inhabilitaciones políticas y se devuelvan las tarjetas electorales a los partidos políticos. No duda que estas nuevas medidas vayan dirigidas a entorpecer cualquier diálogo o negociación en materia electoral.
«Con estas medidas el gobierno no solo saca del camino electoral a Guaidó sino también a dirigentes como Juan Pablo Guanipa que ya ganó una vez la gobernación del Zulia, a Luis Florido y una eventual aspiración a la gobernación de Lara , así como de Américo de Grazia en Bolívar», dice.
Entre 2002 y 2017, la ONG Acceso a la Justicia contabilizó 1.401 funcionarios inhabilitados para ejercer cargos públicos por la CGR, de los cuales solo 375 fueron objeto de la sanción en 2015. Entre los dirigentes inhabilitados por 15 años (desde el 7 de abril de 2017) se encuentra el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski.
Las recientes inhabilitaciones de la CGR se suman a la investigación contra los diputados de oposición de 2015, que adelanta una comisión designada por la AN elegida el 6 de diciembre y que dirige José Brito.