Continuidad administrativa de la Asamblea Nacional es más política que jurídica

POLÍTICA · 20 JUNIO, 2020 17:00

Continuidad administrativa de la Asamblea Nacional es más política que jurídica

Texto por Deisy Martínez @deicamar Fotos por AFP

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El nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el despojo de las tarjetas a los principales partidos, hace imposible, de acuerdo con las fuerzas de oposición, hacer elecciones parlamentarias libres, transparentes y democráticas. Ante este escenario, el presidente interino y de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó anunció que el Parlamento no cesa en funciones a partir del 5 de enero de 2021 sino que se aplicará la continuidad administrativa.

Desde ya, la coalición opositora desconoce los comicios que organice el CNE, presidido por la exmagistrada Indira Alfonzo, sus resultados y la integración de un Parlamento que de allí resulte. “La  actual AN tendrá vigencia hasta elegir libremente”, advirtió Guaidó el pasado fin de semana.

“La continuidad administrativa es un principio general del derecho administrativo, según el cual una autoridad no puede quedar acéfala. No se puede parar el órgano administrativo porque viola derechos constitucionales.  Un tribunal penal por ejemplo, o la Fiscalía jamás deben parar su actividad porque se violan derechos de los privados de libertad y sin embargo  ha venido pasando durante la cuarentena”, explicó el abogado Gustavo Manzo.

Riesgos

En Venezuela, dicho principio ha sido aplicado dado el retraso en la celebración de algunas elecciones para que las autoridades en ejercicio continuaran en funciones. Fue el caso de las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales municipales que debieron celebrase en 2016, pero se pospusieron para 2017. Los mandatos de cuatro años, según la Carta Magna, se extendieron hasta un año.

También se aplicó tras la muerte del presidente de la República, Hugo Chávez en marzo de 2013. El para entonces vicepresidente Nicolás Maduro asumió la presidencia interina. La oposición reclamó que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, la falta absoluta del Jefe de Estado debía ser cubierta por el titular de la Asamblea Nacional, que para la época era Diosdado Cabello, mientras se llamaba a elecciones en un plazo de 30 días. El TSJ desestimó la aplicación del artículo, consideró el acto de sucesión como un mero “formalismo” y determinó que las funciones del Ejecutivo continuaban con base en el principio de “continuidad administrativa”.

Manzo sostiene que la medida anunciada por Guaidó aunque legal, es meramente una decisión política, por cuanto en la práctica el régimen de Maduro impedirá el ejercicio del Parlamento como lo ha hecho durante sus cinco años de mandato. El constitucionalista prevé el recrudecimiento de la persecución y represión contra los diputados.

“La Asamblea Nacional podrá hacer más leyes pero seguirán sin la posibilidad de hacerse vigentes porque el Ejecutivo no las promulgará, entre otras funciones que fueron cercenadas desde 2016 con la sentencia del desacato. Legalmente, en la teoría, se puede aplicar la continuidad administrativa hasta tanto no haya una verdadera elección, pero no en la práctica, por lo tanto la declaración de Guaidó es política, no jurídica”, reiteró.

Durante la sesión ordinaria de la AN del 16 de junio, los diputados mencionaron este punto. La parlamentaria y abogada Delsa Solórzano manifestó que los legisladores no pueden perder el ejercicio legítimo del cargo mientras se resuelve la designación legal del CNE y que este pueda organizar elecciones democráticas.

El diputado de la Causa R, Américo De Grazia propuso la aprobación de una “ley ad hoc”, basada en el artículo 333 de la Constitución, que blinde legalmente la continuidad, a partir del desconocimiento al TSJ y al CNE que nombró. Manzo indicó que ese instrumento legal no es necesario.

“Maduro aplicará la manu militari (por la fuerza de las armas) para hacer respetar los resultados de esas elecciones a la medida y una nueva AN, por lo que la oposición, más que preocuparse por la continuidad administrativa debe pensar en la estrategia para responder la arremetida”, advirtió el también profesor universitario.

¿Y comunidad internacional?

El reconocimiento internacional (casi 60 países) a Juan Guaidó deriva de su condición legítima de presidente de la AN, cargo que le permitió juramentarse como presidente interino, tras la declaración de usurpación del cargo de Jefe de Estado por parte de Maduro, de enero de 2019. Algunos analistas políticos han expresado sus dudas sobre la continuidad del apoyo de la comunidad internacional al finalizar el actual período del Parlamento electo en 2015.

Para el internacionalista Félix Arellano, si las instancias y organismos internacionales como la Unión Europea, reaccionaron en rechazo tanto a la validación de la directiva paralela de la AN y del nombramiento del nuevo CNE, por parte del TSJ, mantendrán una línea coherente con dicha postura, al reconocer la continuidad administrativa de la AN.

“Es un dilema que tendrá que evaluar la comunidad internacional, ¿por qué tiene que desaparecer la Asamblea Nacional? No hay razones válidas para pretender que cese. ¿Cómo se hace si en Venezuela instituciones como el TSJ y el CNE son ilegales menos la AN? ¿cómo pueden ser elecciones libres con una oposición a la medida? La decisión es política con matiz jurídico”, aseveró.

Mencionó que el reconocimiento de países como Cuba, Rusia y México a la AN electa en comicios convenientes para el régimen será obvio. Pero otros como Argentina estarán en una posición difícil por las posturas distintas asumidas por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández, sobre el régimen madurista.

“Pero la Unión Europea, el Grupo de Lima, entre otros, no tendrán problema en reconocer la continuidad de la AN presidida por Guaidó, en línea coherente con pronunciamientos anteriores. No reconocen a la Constituyente ni la elección de Maduro como presidente en mayo de 2018, tampoco al nuevo CNE nombrado por el TSJ”, recordó.

Maduro dispuesto a pagar el costo

Arellano también cree que con las últimas acciones de Miraflores a través del TSJ, el régimen chavista va encaminado a asumir el costo internacional (más sanciones) de celebrar nuevas elecciones no reconocidas. Dijo que se apoyará más en Rusia, Irán, Turkía y “amigos ambiguos” de África que facilitan el paso de oro y otros bienes y productos a bordo de embarcaciones.

En cuanto a China, indicó que su posición es más compleja, por cuanto su apoyo a Maduro dependerá de las negociaciones con Estados Unidos y que de prosperar, el respaldo de la República Popular dirigida por Xi Jinping hacia el chavismo, podría dar un giro en contra.