Es altamente probable que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorice al fiscal Karim Khan para continuar la investigación sobre Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
A esta conclusión llegan la doctora en derecho y magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Thairi Moya, y el consultor jurídico del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y especialista en derecho internacional, Simón Gómez Guaimara.
Los expertos sustentan su afirmación no solo en las denuncias de más de 400 personas que se identifican como víctimas y piden al tribunal internacional dar luz verde al fiscal, sino en lo que consideran como “ausencia de avances sustanciales” en materia de investigaciones y enjuiciamientos en territorio venezolano.
“Venezuela ha desperdiciado una oportunidad que tenía para cumplir con su obligación de investigar y enjuiciar estos crímenes. Lo más probable es que la Sala de Cuestiones Preliminares tome a bien el contundente escrito del fiscal que está sustanciado con evidencia y evalúa las reformas legislativas que se han implementado en Venezuela como insuficientes”, expone Gómez.
¿Qué pasa si el fiscal continúa la investigación sobre Venezuela?
De darse este escenario, Moya destaca, en un artículo que escribió para el medio especializado Agenda Estado de Derecho, que el fiscal Khan podría solicitar órdenes de captura o de presentación ante la Corte, así como cualquier otra solicitud procesal.
No obstante, sobre estas órdenes de captura señala que “podrían suscitarse dificultades de cumplimiento efectivo a falta de una ley de cooperación en Venezuela que delimite cada una de esas actuaciones”.
La investigación de la CPI buscará alcanzar a los altos mandos, por lo tanto, la especialista prevé que la autorización de la investigación provoque grandes implicaciones en el aparato estatal venezolano.
Sobre las órdenes de arresto, Gómez recuerda que su ejecución depende de la cooperación de los Estados: “Sin esto, la corte está atada de manos porque no cuenta con un órgano policial. Venezuela, además está en mora porque debió adoptar normas nacionales que implementaran las obligaciones que dispone el Estatuto de Roma”.
No obstante, considera que la emisión de una orden de arresto “puede ser un mecanismo de contrapeso que sumaría en la lógica de costos e incentivos en el marco de una negociación política”.
“Otra posibilidad, que no hemos visto en regímenes autoritarios frente a la CPI, es que (la orden de arresto) rompa lealtades dentro de la estructura dominante”, agrega.
¿Por qué hay una investigación sobre Venezuela?
La fiscalía de la CPI abrió la investigación a raíz de la remisión hecha por un grupo de Estados Parte al Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018.
La solicitud de la Fiscalía se centra en los crímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas cometida, desde al menos abril de 2017.
Maduro denuncia al fiscal de la CPI
Este 28 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro presentó un escrito ante la CPI para desmentir lo que califica como “falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
El Estado venezolano señala a la Fiscalía de la CPI de cometer violaciones al debido proceso y tener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, “lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
En el comunicado que hizo público el presidente del canal del Estado VTV, Freddy Ñáñez, anticipan que el gobierno venezolano seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad frente a esta fórmula de “colonialismo jurídico”.
Los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma confieren a las autoridades venezolanas el derecho a apelar. Ya intentaron un primer recurso lo que obligó al fiscal a solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar.
No obstante, Gómez destaca que si el Estado venezolano apela en esta fase sin tener éxito, cuando se anuncie algún caso contra una persona que sea específicamente señalada de cometer un crímen no podrá oponerse al menos que demuestre que hubo un cambio significativo de las circunstancias. Es decir, que está siendo genuinamente investigada o enjuiciada.
La posible aplicación o no de los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma en la investigación sobre Venezuela podrían abrir un gran abanico de posibilidades, opina Moya.
Una de las primeras implicaciones sería la ampliación de los plazos procesales entre la solicitud y la autorización. «Se puede apreciar como primer antecedente la situación de Afganistán en donde transcurrió un año desde la solicitud para reanudar la investigación hasta la autorización de la Corte”, explica Moya en su artículo.
Oficina de la CPI en Caracas
El memorándum de entendimiento que firmó el fiscal de la CPI con el gobierno de Maduro establece que en Caracas se abrirá una oficina de cooperación técnica.
Esta instancia aún no se ha constituido formalmente; sin embargo, en la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma, que se hizo en diciembre de 2022, se conoció que la partida presupuestaria para la instalación de esta oficina fue aprobada, precisa Gómez.
“La posición de la sociedad civil es que este nuevo ensayo o esta nueva estrategia que propone Khan tiene que seguir el principio de publicidad y transparencia. cómo va a funcionar y donde va a estar ubicada tiene que hacerse público”, afirma.
Respecto al impacto que esta cooperación puede tener en la investigación sobre Venezuela, el abogado responde que lo determinará el tiempo pues se trata de un mecanismo inédito.
“Lo que propone Khan es que no se trate de una oficina que tenga como finalidad recabar evidencia sino que sea de asistencia técnica en la que se va a procurar que la fiscalía, a través de su experticia en la investigación de crímenes atroces, pueda acompañar al Estado para que se fortalezca su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables”.