Un total de 441 personas se registraron como víctimas y enviaron a la Corte Penal Internacional (CPI) sus testimonios sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas y piden al alto tribunal continuar su investigación.
La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés) reveló que entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 2023 recibieron los testimonios de 441 personas y 47 familias.
Detallaron que la información fue suministrada a través de 80 formularios, 56 de estos reportes fueron presentados como denuncias colectivas o grupales.
¿Quién se considera víctima ante la CPI?
La CPI considera que las víctimas son personas que han sufrido uno o más daños como resultado de la comisión de crímenes dentro de su jurisdicción.
Estos daños pueden incluir lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la privación sustancial de los derechos fundamentales. Los familiares y personas cercanas de estas víctimas también se consideran víctimas.
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¿Cuál es el estatus y alcance de la investigación de Venezuela I?
El 3 de noviembre del 2021, la Fiscalía de la CPI, abrió una investigación a raíz de la remisión hecha por un grupo de Estados Parte al Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018.
El grupo de Estados remitentes pidieron a la Fiscal de la CPI, quien entonces era Fatou Bensouda, que investigara los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI cometidos por las autoridades del Estado en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
La solicitud de la Fiscalía se centra en los crímenes de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.
También la persecución por motivos políticos contra personas detenidas, desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos llamados “colectivos”).
Qué es el registro de víctimas
El 1 de noviembre de 2022, el actual fiscal, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación en Venezuela.
Mientras que el 18 de noviembre de 2022, la Sala emitió una orden en la que invitaba a las víctimas y sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía.
Ordenó a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (“VPRS” por sus siglas en inglés), copilar las opiniones y observaciones de las víctimas y transmitirlas a la Sala a través de un informe que debe ser presentado a más tardar el 21 de marzo de 2023.
Por último, invitó al Estado venezolano a presentar observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía a más tardar el 28 de febrero de 2023.
Las víctimas que deseen participar de este proceso deberán enviar sus opiniones y observaciones a la VPRS a más tardar el 7 de marzo del 2023.